La administración municipal informó que mantiene una política basada en el orden, la legalidad y el uso adecuado de los espacios públicos, por lo que las personas interesadas en desarrollar actividades comerciales en la vía pública reciben orientación sobre los procedimientos administrativos y las alternativas disponibles en aquellos espacios donde la normatividad sí permite este tipo de actividades.

Como parte de estas acciones, el Ayuntamiento dio a conocer que recientemente recibió una solicitud para realizar un evento que contemplaba la instalación de 26 carpas destinadas a la venta de diversos productos en la Plaza Cívica de la Patria. Sin embargo, la petición fue rechazada debido a que no cumplía con las disposiciones establecidas en el Reglamento de Comercio Municipal.

La autoridad municipal precisó que, al tratarse de una zona restringida para nuevos permisos de comercio ambulante, ninguna dependencia o servidor público puede autorizar instalaciones que contravengan la reglamentación vigente, ya que ello implicaría incumplir con el marco legal que regula el uso de los espacios públicos del municipio.

El Gobierno de Ensenada destacó que la aplicación de la normatividad debe realizarse bajo los mismos criterios para todas las personas, con el objetivo de brindar certeza jurídica, garantizar la igualdad de condiciones entre quienes realizan actividades comerciales y preservar el orden en las áreas de mayor afluencia de residentes y visitantes.

Asimismo, reiteró que mantiene una disposición permanente al diálogo con los distintos sectores comerciales, ofreciendo acompañamiento institucional y orientación para identificar alternativas viables que permitan desarrollar actividades económicas dentro del marco legal y en los espacios donde la reglamentación municipal lo autoriza.

Finalmente, el Ayuntamiento reafirmó que continuará privilegiando el respeto al Reglamento de Comercio Municipal y la correcta utilización de los espacios públicos, buscando un equilibrio entre el desarrollo de la actividad económica y el orden urbano en beneficio de la comunidad ensenadense.

El dirigente empresarial explicó que el IEPS es un gravamen federal que se aplica a productos considerados de consumo especial, entre ellos las bebidas alcohólicas, tabacos, combustibles y algunos alimentos con alto contenido calórico. En el caso del vino, este impuesto incrementa el precio final que paga el consumidor y reduce la capacidad de competir frente a vinos importados.

Salinas López señaló que esta carga fiscal no sólo afecta a las vinícolas, sino que impacta a toda la cadena productiva y turística que gira alrededor del vino en Baja California.

La Ley del IEPS establece que las bebidas alcohólicas pagan una tasa del 26.5 por ciento cuando tienen una graduación de hasta 14 grados de alcohol; 30 por ciento cuando superan los 14 y llegan hasta 20 grados, y 53 por ciento cuando rebasan los 20 grados. La mayoría de los vinos de mesa se ubican en los dos primeros rangos.

El presidente del CCEE explicó que, al sumarse este impuesto con otros gravámenes y costos de operación, el precio de una botella aumenta considerablemente, afectando tanto a productores como a restaurantes, hoteles, distribuidores y consumidores.

«La gente piensa que únicamente pierde la vinícola, pero cuando una botella cuesta más, también vende menos el restaurante, recibe menos visitantes el valle, disminuye el consumo en hoteles y se afecta toda la experiencia turística que distingue a Baja California», expresó.

Añadió que el impacto económico alcanza a productores de uva, transportistas, proveedores, organizadores de eventos, chefs, meseros, guías turísticos y cientos de pequeños negocios que dependen del enoturismo.

Julio Salinas recordó que Baja California produce alrededor del 70 por ciento del vino mexicano, por lo que cualquier medida fiscal que afecte a esta industria repercute directamente en regiones como el Valle de Guadalupe, San Vicente, Ojos Negros y otros valles vitivinícolas del estado.

Indicó que mientras autoridades y empresarios impulsan estrategias para fortalecer la comercialización del vino bajacaliforniano, la elevada carga fiscal continúa restándole competitividad frente a productos extranjeros.

En ese sentido, recordó que el secretario de Turismo de Baja California, Miguel Aguíñiga Rodríguez, ha informado sobre las gestiones para facilitar que visitantes puedan cruzar hasta seis botellas de vino bajacaliforniano hacia California para consumo personal, una medida que busca incentivar el turismo enológico y ampliar el mercado para las vinícolas de la región.

«Resulta contradictorio que por un lado se busquen mecanismos para vender más vino mexicano y atraer más visitantes, mientras por otro lado la carga fiscal sigue elevando su precio», comentó.

De acuerdo con datos del Consejo Mexicano Vitivinícola, únicamente 19 de cada 100 botellas de vino que se consumen en México son de producción nacional, mientras que la carga fiscal total que enfrenta el sector alcanza aproximadamente 46.7 por ciento, situación que coloca al producto mexicano en desventaja frente a vinos importados.

El dirigente empresarial consideró que revisar el tratamiento fiscal del vino mexicano permitiría fortalecer una industria que genera miles de empleos, impulsa el turismo, promueve la gastronomía regional y representa una importante fuente de inversión para Baja California.

«El vino no debe verse únicamente como una bebida alcohólica. En Baja California representa agricultura, empleo, restaurantes, hoteles, turismo, identidad regional y desarrollo económico. Gravar excesivamente toda esa cadena termina frenando su crecimiento», afirmó.

Finalmente, Julio Salinas López adelantó que el sector empresarial buscará llevar el tema a la agenda pública y legislativa para abrir una discusión técnica sobre la posibilidad de revisar el IEPS aplicado al vino mexicano, con el objetivo de fortalecer la competitividad de una de las industrias más representativas de Baja California.

Durante la presentación, la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz explicó que el esquema contempla intervenir un saldo vigente de aproximadamente 410 millones de pesos, con el objetivo de mejorar las condiciones financieras bajo las cuales se está pagando actualmente ese compromiso, reduciendo principalmente la carga por intereses que ha representado una presión constante para las finanzas municipales.

Acompañada por la tesorera municipal, Guadalupe Salazar Valle, detalló que uno de los cambios más relevantes es la disminución en la tasa de interés, que pasaría de un 2 por ciento a un 0.94 por ciento mensual, lo que en términos prácticos se traduciría en un menor costo financiero a lo largo del tiempo sin modificar la duración original del crédito.

El planteamiento, aseguró, se desarrolló bajo un esquema competitivo en el que participaron diversas instituciones bancarias, resultando seleccionada la propuesta del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, al ofrecer condiciones más favorables, entre ellas una menor tasa de interés y la eliminación de comisiones, factores que permitirían generar ahorros significativos para el Ayuntamiento.

De acuerdo con las proyecciones presentadas, este refinanciamiento permitiría un ahorro anual superior a los 17 millones de pesos, alcanzando un monto estimado de más de 153 millones de pesos durante la vida restante del crédito, recursos que, según la autoridad municipal, podrían ser redirigidos a obras de infraestructura, pavimentación, servicios públicos y acciones prioritarias en distintas colonias.

Más allá de las cifras, el proyecto también busca mejorar la liquidez del municipio y darle mayor margen de maniobra presupuestal en un contexto donde los compromisos financieros limitan la capacidad de inversión directa, particularmente en rubros que tienen impacto inmediato en la calidad de vida de la población.

El tema ya comenzó a ser socializado con integrantes del Cabildo, quienes deberán analizar y eventualmente aprobar la propuesta, en un proceso que definirá si el municipio apuesta por reestructurar su deuda bajo condiciones más favorables o mantiene el esquema actual.

Finalmente, la alcaldesa sostuvo que esta medida forma parte de una política de responsabilidad financiera que busca sanear las finanzas municipales sin incrementar compromisos, al tiempo que se intenta recuperar capacidad de inversión en una ciudad que arrastra rezagos importantes en infraestructura y servicios.

Este desempeño confirma una tendencia que no es nueva. La desaceleración económica del país comenzó desde mediados de 2024, tras el impulso temporal que dejó la recuperación posterior a la pandemia y el entusiasmo generado por el nearshoring, fenómeno que prometía atraer inversiones hacia México por su cercanía con Estados Unidos.

Sin embargo, ese impulso no logró consolidarse. Aunque la economía estadounidense ha mostrado recuperación en su sector industrial y las exportaciones mexicanas mantienen cierto dinamismo, el freno principal proviene del interior del país, particularmente de la inversión privada, que ha mostrado señales claras de debilidad.

Especialistas apuntan a factores como la incertidumbre en el entorno económico, cambios en las reglas institucionales y decisiones de política pública que han generado cautela entre inversionistas. Reformas estructurales, ajustes en organismos autónomos y modificaciones en el sistema judicial han sido señalados como elementos que impactan la confianza para invertir.

El contraste es evidente: mientras el sector externo ha sostenido parte del crecimiento, el motor interno pierde fuerza. Esto limita la capacidad de expansión de la economía y pone en duda la sostenibilidad del crecimiento en los próximos meses.

A nivel estructural, el problema es aún más profundo. El crecimiento promedio del país ha disminuido en los últimos años, pasando de alrededor de 2.3 por ciento anual en el periodo 2000-2018 a cerca de 1.1 por ciento entre 2019 y 2025, lo que evidencia un cambio de ritmo en la economía nacional.

Este menor dinamismo coloca a México en una posición compleja frente a otras economías emergentes, que suelen crecer a mayor velocidad. La baja productividad, la limitada innovación y la falta de condiciones óptimas para el desarrollo empresarial continúan siendo factores que frenan el potencial económico.

En este contexto, el inicio de 2026 deja claro que el país enfrenta un reto mayor: no solo recuperar el crecimiento, sino generar condiciones que permitan un desarrollo sostenido. La clave estará en fortalecer la confianza, incentivar la inversión y consolidar un entorno económico estable.

Walberto Solorio Meza, presidente del Consejo Agrícola de Baja California, destacó que este evento, que se realizará del 5 al 8 de marzo, no solo representa una vitrina para mostrar la capacidad productiva del estado, sino también una plataforma de impulso para la innovación, la inversión y la generación de nuevas oportunidades de negocio.

Señaló que Agro Baja se ha consolidado como un punto de encuentro clave donde convergen productores, proveedores, inversionistas y compradores nacionales e internacionales, lo que permite fortalecer las cadenas de valor y abrir mercados para los productos bajacalifornianos. “En Baja California, cada quien desde su trinchera puede impulsar la productividad, y Agro Baja es el espacio ideal para demostrar la calidad y competitividad de lo que se produce en el campo y en la agroindustria”, expresó.

El dirigente subrayó que la agricultura en la entidad mantiene un crecimiento constante tanto en los valles agrícolas como en la zona costa, impulsada por la tecnificación, la diversificación de cultivos y el enfoque exportador que caracteriza a la región. En ese sentido, el evento permitirá consolidar alianzas estratégicas y fortalecer la presencia de Baja California en mercados internacionales.

Por su parte, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Baja California, Gustavo Rodríguez Cabrales, informó que durante los cuatro días de actividades se desarrollará un programa integral que incluirá exposiciones comerciales, demostraciones, encuentros de negocios y conferencias magistrales orientadas a la reactivación económica y al fortalecimiento empresarial.

Indicó que se instalarán alrededor de 40 pabellones con temáticas nacionales e internacionales, además de áreas especializadas en ganadería, maquinaria, tecnología agrícola y espacios destinados a la vinculación comercial. A través de citas de negocios programadas, pequeños y medianos productores podrán establecer contacto directo con empresarios y compradores, generando oportunidades concretas de comercialización.

En el marco del 25 aniversario de Agro Baja, el programa académico incluirá conferencias impartidas por empresarios y especialistas que abordarán temas como la creación de empresas, estrategias técnicas de producción, innovación tecnológica y herramientas mercadológicas para ampliar mercados.

Asimismo, se contará con la participación de productores de San Quintín, Ensenada y Mexicali, quienes presentarán los avances del sector ganadero en la entidad, que registra una producción aproximada de 111 mil toneladas de carne, reflejo del dinamismo y la capacidad productiva del estado.

Finalmente, los organizadores extendieron la invitación a productores, empresarios y público interesado a consultar el programa completo a través de las redes sociales oficiales de Expo Agro Baja, y sumarse a este encuentro que, año con año, reafirma el papel del campo como uno de los pilares del desarrollo económico de Baja California.

La primera edil destacó que este presupuesto fue elaborado conforme a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), cumpliendo con la estructura establecida por ramo, capítulo, concepto y partida. Señaló que uno de los principales ejes del ejercicio 2026 es garantizar la prestación de los servicios municipales que inciden directamente en la calidad de vida de la población, tales como la recolección de basura, el mantenimiento de espacios públicos, los patrullajes preventivos y la atención de emergencias.

Entre las acciones contempladas, la Dirección de Servicios Públicos Municipales contará con recursos para la adquisición de nuevos contenedores de basura, que serán instalados en puntos estratégicos de la ciudad con el propósito de mejorar el manejo de residuos y disminuir la acumulación de desechos en vía pública.

Asimismo, la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente recibirá una ampliación presupuestal destinada al fortalecimiento de su parque vehicular y al Centro de Atención Canina y Felina, lo cual permitirá mejorar los servicios de inspección, control ambiental y protección animal.

El presupuesto también contempla inversión para la adquisición de uniformes para el personal operativo de la Dirección de Bomberos, así como recursos para obras a cargo de la Dirección de Infraestructura que se enfocarán en mantenimiento urbano, atención de vialidades y rehabilitación de espacios comunitarios. En materia de seguridad, se asignaron recursos para acciones de prevención, inhibición del delito y apoyo operativo para la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

La alcaldesa subrayó que este presupuesto permitirá dar continuidad a proyectos clave de mantenimiento urbano y seguridad ciudadana, reforzando al mismo tiempo áreas que requieren atención inmediata para elevar la capacidad de respuesta institucional. Reafirmó que el ejercicio del gasto será responsable, transparente y con enfoque en la atención directa a las necesidades de la ciudadanía.

Finalmente, Claudia Agatón agradeció el respaldo de las y los regidores en la aprobación del Presupuesto de Egresos 2026, el cual será remitido al Congreso del Estado para su revisión y validación conforme a los procedimientos legales establecidos.

De acuerdo con los informes oficiales remitidos al Congreso del Estado y a la Sindicatura Municipal, el percance afectó temporalmente el acceso digital a los sistemas de Egresos, Ingresos, Contabilidad y Presupuesto, lo que generó un trabajo intenso de recuperación y verificación para restablecer la operatividad de la Tesorería Municipal.

El tesorero municipal, Víctor González Verduzco, precisó que pese al daño tecnológico, toda la documentación física, comprobantes impresos, registros bancarios y presupuestales permanecen íntegros. Estos materiales han sido la base para recapturar los datos y reconstruir la información digital conforme a los procedimientos administrativos establecidos.

“Estamos avanzando con orden y transparencia. No se ha perdido información, pero sí estamos frente a un proceso de restauración complejo que requiere precisión técnica. Por instrucciones de la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz, el objetivo es entregar resultados verificables y mantener la confianza ciudadana”, señaló el tesorero.

El funcionario añadió que, derivado de esta contingencia, el Congreso del Estado autorizó una prórroga hasta el 14 de noviembre de 2025 para la entrega del Tercer Avance Trimestral, a fin de garantizar que la información sea presentada de forma completa y conciliada, evitando errores que pudieran derivar en observaciones administrativas o financieras.

González Verduzco destacó que el proceso de recuperación no solo implica volver a poner en marcha los sistemas, sino también reforzar la infraestructura digital del Ayuntamiento. Para ello, la Dirección de Informática trabaja en coordinación con Tesorería, Gobierno del Estado e instancias externas especializadas, implementando medidas de protección y respaldo que reduzcan el riesgo de futuras fallas.

Entre las acciones más relevantes, detalló, se incluye la reinstalación total de los sistemas financieros, la recaptura y conciliación de operaciones con comprobantes físicos, la implementación de copias de seguridad externas, y la creación de un respaldo mensual automatizado que permita reaccionar de manera inmediata ante cualquier eventualidad. Además, se están estableciendo protocolos de contingencia y monitoreo continuo del funcionamiento de los servidores.

El Ayuntamiento enfatizó que la información recuperada se encuentra bajo resguardo, debidamente documentada y respaldada con registros oficiales, mientras que la Sindicatura Municipal mantiene un seguimiento permanente del proceso para garantizar la integridad y transparencia de cada etapa.

Finalmente, la Tesorería Municipal reafirmó su compromiso de entregar de forma oportuna y verificable toda la información solicitada por los órganos fiscalizadores, y subrayó que el Gobierno de Ensenada continuará informando con puntualidad sobre los avances del proceso, para evitar rumores o interpretaciones erróneas respecto a la situación técnica y financiera del municipio.

El secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, señaló que el Gobierno del Estado mantiene una política de colaboración responsable con los municipios.

“Lo que se ha estado planteando por parte del Gobierno del Estado, y lo hemos hecho también con otros municipios, es un esquema financiero en donde la idea es apoyar los adeudos históricos que los alcaldes o alcaldesas en su momento tuvieron, prácticamente generados a partir de las obligaciones de los pagos a pensiones y a servicios médicos”, explicó.

Por su parte, el secretario de Hacienda, José Andrés Pulido Saavedra, precisó que el Ayuntamiento de Ensenada cuenta con 4,976 derechohabientes del ISSSTECALI, entre pensionados, trabajadores activos y familiares, y que el Estado ha garantizado en todo momento la continuidad de los pagos y la atención médica.

“En ningún momento se ha dejado de pagar a ningún pensionado del Ayuntamiento de Ensenada, ni se le ha negado el servicio médico. Esto es bien importante porque el Ayuntamiento tiene problemas estructurales que ya vienen rezagados de muchas administraciones”, señaló.

El titular de Hacienda agregó que el Gobierno del Estado ha buscado alternativas de asesoría técnica y mecanismos de apoyo para los municipios con mayores desafíos financieros, a fin de que puedan cumplir sus compromisos sin poner en riesgo los servicios esenciales.

En ese sentido, destacó que la administración estatal no retiene participaciones estatales al Ayuntamiento de Ensenada, sino que aplica los recursos conforme a los acuerdos establecidos con el propio municipio, para garantizar el pago de las obligaciones con el ISSSTECALI y mantener la operatividad de los servicios públicos.

Pulido Saavedra informó que el adeudo histórico del Ayuntamiento asciende a 4,100 millones de pesos, derivado de compromisos acumulados con el ISSSTECALI desde 2010. Añadió que el Estado continuará brindando asesoría técnica y financiera para que el municipio pueda iniciar un proceso de saneamiento sostenible.

Finalmente, ambos secretarios coincidieron en que el Gobierno del Estado mantendrá la coordinación con el Ayuntamiento de Ensenada, garantizando la transparencia, el diálogo y la corresponsabilidad en la administración de los recursos públicos.

La UIF detalló que estas acciones forman parte de los mecanismos de cooperación internacional en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, en los que participa el Estado mexicano. Gracias a la integración de listas internacionales, se permite actuar de manera coordinada con el sistema financiero nacional, evitando que recursos de procedencia ilícita circulen dentro de la economía mexicana.

El organismo enfatizó que la incorporación en la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida preventiva, y no representa una determinación judicial ni prejuzga responsabilidad penal, ya que se requiere de elementos probatorios para cualquier acción legal.

Además, la UIF llevará a cabo un análisis exhaustivo de la información financiera relacionada con los individuos y empresas señaladas. En caso de identificar posibles actividades ilícitas, se dará vista inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se actúe conforme a la ley.

La dependencia reiteró que todas las acciones de cooperación internacional y prevención financiera se realizan estrictamente conforme a la legislación vigente, con el objetivo de garantizar la integridad del sistema financiero mexicano. Los bloqueos administrativos aplicados en territorio nacional obedecen a la designación hecha por la OFAC y a los compromisos internacionales que México ha asumido.

Con esta medida, se busca reforzar la vigilancia sobre el flujo de recursos ilícitos, asegurando que el sistema financiero actúe como un mecanismo seguro y transparente que proteja a la economía y a los ciudadanos.

La denuncia fue respaldada por el síndico procurador Elí Oviedo, quien confirmó que los permisos otorgados a esos comerciantes no se encuentran sustentados en la normativa municipal. “No existe una solicitud oficial ante el Ayuntamiento, lo que convierte en ilegales estos permisos”, declaró Oviedo.

Según explicó el funcionario, el mecanismo utilizado consiste en que un «promotor» solicita un permiso temporal para realizar un evento, espectáculo o actividad de diversión en el área conocida como Ventana al Mar. Estos permisos tienen una vigencia máxima de una semana, pero no se lleva a cabo ningún evento, y aun así, las carpas y puestos permanecen instalados de forma permanente.

El síndico reveló que actualmente hay una carpeta de investigación abierta en la Sindicatura Municipal, donde se analizan las posibles responsabilidades administrativas y actos de corrupción que derivan del uso indebido de estos permisos temporales. El procedimiento incluye revisar si hubo pagos no comprobados ante Recaudación de Rentas, lo que podría representar una afectación directa al patrimonio municipal.

Asimismo, Oviedo hizo un llamado a los comerciantes establecidos que hayan pagado cuotas sin recibos oficiales a denunciarlo ante la Sindicatura, pues podrían ser víctimas de una red que opera al margen de la ley y fuera del reglamento vigente.

Por último, reiteró que su oficina está abierta para trabajar de la mano con quienes se sientan afectados o hayan sido vulnerados por estas acciones que, más allá de dañar la imagen urbana de Ensenada, generan una competencia desleal en uno de los puntos más representativos de la ciudad.