De acuerdo con la autoridad estatal, la orden de aprehensión fue cumplimentada por agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), luego de que el Ministerio Público reuniera los datos de prueba suficientes para solicitar el mandato judicial ante un Juez de Control.

El caso se hizo público después de que circulara un video en plataformas digitales, donde presuntamente el imputado intenta ingresar por la fuerza al domicilio de la víctima mientras lanza amenazas de muerte, hechos que además ocurrieron en presencia de una menor de edad. La difusión de las imágenes generó preocupación entre usuarios de redes sociales por la gravedad de la conducta exhibida.

La carpeta de investigación establece que la víctima denunció diversos episodios de violencia física, psicológica y amenazas constantes, situación que derivó en la integración de diversos actos de investigación para documentar los hechos denunciados.

Como parte de las diligencias ministeriales, las autoridades obtuvieron elementos de prueba que acreditan afectaciones emocionales derivadas de la presunta violencia ejercida. Asimismo, un informe elaborado por el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) clasificó el caso como de riesgo alto, motivo por el cual fueron implementadas medidas de protección a favor de la víctima con el propósito de salvaguardar su integridad.

La violencia vicaria es una modalidad de violencia de género en la que el agresor utiliza a las hijas, hijos u otras personas cercanas para causar el mayor daño emocional posible a la mujer. En Baja California este tipo de violencia se encuentra reconocida y tipificada tanto en el Código Penal del Estado como en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Además, la entidad conmemora cada 11 de mayo el Día Estatal contra la Violencia Vicaria, como parte de las acciones para visibilizar, prevenir y combatir esta conducta.

Con base en los elementos recabados durante la investigación, la Fiscalía obtuvo la orden de aprehensión, misma que fue ejecutada por agentes investigadores. Posteriormente, el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación jurídica conforme al desarrollo del proceso penal y al principio de presunción de inocencia.

La Fiscalía General del Estado, encabezada por la Dra. Ma. Elena Andrade Ramírez, reiteró su compromiso de investigar y perseguir con firmeza los delitos que atenten contra la integridad y seguridad de las mujeres, fortaleciendo las acciones para garantizar la protección de las víctimas y su acceso a la justicia.

De acuerdo con el reporte emitido vía C5, los hechos ocurrieron alrededor de las 12:44 horas en el cruce de la avenida Riveroll y calle Segunda, dentro de la plaza Villa Mexicana, específicamente en el local denominado “Mariscos La Carrucha”. Inicialmente, la emergencia fue atendida como una persona lesionada por proyectil de arma de fuego; sin embargo, minutos después, a las 12:51 horas, la situación fue reclasificada como muerte por arma de fuego tras confirmarse que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal arribaron como primeros respondientes y procedieron a acordonar la zona para resguardar la escena, mientras que agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Unidad de Homicidios Dolosos, tomaron control de las diligencias dentro del establecimiento, el cual se encontraba cerrado al momento del procesamiento pericial.

En el interior del local fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre, quien presentaba visibles manchas hemáticas en el rostro, evidenciando la violencia del ataque. En el exterior del negocio, sobre la vía pública, fueron localizados múltiples casquillos percutidos, lo que apunta a que la agresión fue directa y ejecutada con armas de fuego por sujetos que lograron huir tras perpetrar el crimen.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Ivis Giovanni Silva Jacinto, de 46 años de edad, quien además era conocido por ser hijo de la propietaria del centro botanero “La Jarocha” y presuntamente también vinculado a dicho establecimiento, ubicado sobre el bulevar Sanginés.

Datos recabados de manera preliminar indican que al menos tres sujetos armados ingresaron al negocio de mariscos, ubicaron a la víctima y abrieron fuego directamente en su contra, para posteriormente darse a la fuga, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad en la zona, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

Cabe señalar que el bar “La Jarocha”, relacionado con la víctima, fue objeto de un cateo el pasado 21 de marzo de 2026 por parte de la Unidad de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado, diligencia que incluso obligó al cierre temporal del bulevar Sanginés mientras se realizaban las investigaciones correspondientes.

Tras el ataque, elementos de distintas corporaciones desplegaron un operativo de búsqueda en calles aledañas y puntos estratégicos de la ciudad con el objetivo de ubicar a los responsables, sin que hasta el momento haya resultados positivos, mientras que peritos de la Fiscalía llevaron a cabo el procesamiento de la escena y el levantamiento de indicios para integrar la carpeta de investigación.

El hecho violento, ocurrido a plena luz del día y en una zona céntrica con alta actividad comercial y turística, vuelve a encender las alertas en torno a la seguridad en Ensenada, especialmente en espacios donde convergen familias, trabajadores y visitantes.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron la madrugada del 10 de mayo, alrededor de las 05:24 horas, cuando el imputado salió de un domicilio ubicado entre las calles Colinas Tecate y Colinas del Sauzal. Posteriormente, se dirigió a un vehículo estacionado y, desde el lado del copiloto, extrajo una hielera de material ligero.

Minutos después, el sujeto caminó hacia un domicilio contiguo y dejó la hielera sobre la banqueta, sin ningún tipo de resguardo y a la vista de cualquier persona que transitara por la zona. La escena no pasó desapercibida, y fue cuestión de tiempo para que vecinos se percataran del objeto abandonado.

Al revisar su contenido, se confirmó que en su interior había restos de gatos: uno de ellos desmembrado y otro con mutilaciones severas. El hallazgo provocó una reacción inmediata entre residentes, quienes alertaron a las autoridades ante lo que consideraron un hecho fuera de lo común y altamente perturbador.

Fue precisamente la denuncia de una vecina, junto con la existencia de cámaras de videovigilancia en la zona, lo que permitió avanzar en la identificación del presunto responsable. A través del análisis de las imágenes y el seguimiento de los movimientos registrados, las autoridades lograron establecer una línea clara de investigación que derivó en su localización.

A partir de estos elementos, la Fiscalía integró la carpeta correspondiente, sumando indicios, testimonios y evidencia técnica que fortalecieron el caso. Con ello, el Ministerio Público solicitó ante un Juez de Control la orden de aprehensión, la cual fue concedida.

De manera paralela, también se obtuvo una orden de cateo para intervenir el domicilio relacionado con los hechos, como parte de las diligencias para ampliar la investigación y descartar la existencia de más evidencia vinculada.

La detención se llevó a cabo el mismo 22 de mayo por la tarde, quedando el imputado a disposición de la autoridad judicial, en espera de la audiencia inicial donde se definirá su situación legal conforme a derecho.

Este caso ha generado preocupación entre la comunidad, no solo por la forma en que ocurrieron los hechos, sino por el nivel de violencia reflejado en el trato hacia los animales. La situación ha reavivado el llamado ciudadano para que este tipo de conductas no queden impunes y se apliquen sanciones firmes dentro del marco legal.

Autoridades estatales reiteraron que continuarán atendiendo este tipo de denuncias y fortaleciendo las investigaciones relacionadas con delitos que atenten contra seres sintientes, así como aquellas conductas que generan un impacto directo en la tranquilidad de la población.

La entrega voluntaria del exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, ocurre en un contexto donde ya suman al menos dos exfuncionarios bajo custodia en territorio estadounidense, ambos señalados por su presunta relación con redes de tráfico de drogas. Este movimiento refuerza la presión internacional sobre el caso, particularmente por las acusaciones que apuntan a una presunta red de protección institucional ligada a grupos delictivos.

Paralelamente, en México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) activó mecanismos de control al integrar a diversas Personas Políticamente Expuestas (PEP) a la Lista de Personas Bloqueadas, lo que derivó en la inmovilización preventiva de cuentas bancarias. Esta medida se originó a partir de reportes emitidos por instituciones financieras nacionales, las cuales reaccionaron ante alertamientos generados por autoridades de Estados Unidos y por los vínculos de corresponsalía bancaria entre ambos países.

De acuerdo con la propia UIF, estas acciones no representan una sentencia ni determinan responsabilidad penal, sino que forman parte de un esquema preventivo para proteger la integridad del sistema financiero mexicano ante posibles operaciones irregulares. No obstante, el impacto es inmediato: las personas incluidas ven restringido el acceso a sus recursos mientras se desarrolla el análisis técnico de la información.

Las investigaciones financieras también han detectado patrones que apuntan al uso de estructuras empresariales en sectores como el transporte, la logística y el comercio para facilitar operaciones relacionadas con precursores químicos y drogas sintéticas, así como movimientos internacionales de recursos hacia jurisdicciones consideradas de riesgo.

Este escenario se suma a otras acciones recientes, como solicitudes de bloqueo de cuentas y revisiones patrimoniales que involucran a actores políticos de alto nivel en Sinaloa, lo que ha colocado el caso en el centro del debate nacional sobre la coordinación entre México y Estados Unidos en el combate al crimen organizado.

Mientras tanto, autoridades mexicanas han insistido en que las medidas adoptadas respetan el debido proceso, subrayando que las personas señaladas cuentan con mecanismos legales para impugnar su inclusión en la lista y ejercer su derecho de audiencia. Sin embargo, el avance simultáneo de procesos en ambos países evidencia una estrategia binacional que busca cerrar el paso tanto a las estructuras operativas como a las financieras vinculadas a estas redes.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, el incidente fue detectado a través del sistema de videovigilancia y drones, lo que permitió ubicar en tiempo real la unidad robada y coordinar un despliegue inmediato de elementos en tierra. La rápida intervención facilitó la localización del vehículo y la identificación del sospechoso, quien fue detenido metros más adelante.

Durante el aseguramiento y traslado del automóvil, un paquete cayó desde el interior de la unidad, lo que levantó sospechas entre los agentes y motivó una revisión más exhaustiva. Fue en ese momento cuando los oficiales encontraron otros 16 paquetes ocultos dentro del vehículo, sumando un total de 17 envoltorios con características de droga.

El vehículo, una vagoneta con placas de California, quedó bajo resguardo junto con el detenido, identificado como Jesús Horacio “N”, quien fue puesto a disposición de la autoridad federal correspondiente para continuar con las investigaciones y determinar el origen y destino de la sustancia asegurada.

Este tipo de intervenciones reflejan cómo el uso de herramientas tecnológicas, como drones y monitoreo aéreo, permite a las corporaciones actuar con mayor precisión y reducir los tiempos de respuesta ante delitos en proceso, además de abrir la posibilidad de detectar otros ilícitos vinculados.

Las autoridades municipales destacaron que el aseguramiento representa un avance en el combate a delitos de alto impacto, al evitar la posible distribución de droga en la ciudad, además de reiterar su compromiso de mantener operativos coordinados que fortalezcan la seguridad en Tijuana.

La entrega de Díaz Vega ocurre apenas días después de la detención en territorio estadounidense de Gerardo Mérida Sánchez, lo que no solo refuerza la línea de investigación del Departamento de Justicia, sino que evidencia un patrón en el que exfuncionarios de alto nivel comienzan a ser alcanzados directamente por acciones judiciales fuera de México, elevando la presión sobre el resto de los señalados dentro de esta misma red.

De acuerdo con los señalamientos, el exsecretario de Finanzas enfrenta cargos relacionados con conspiración para el tráfico de drogas, posesión de armas y presunta colaboración con estructuras delictivas, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”, lo que lo coloca como un actor relevante dentro de una presunta red de protección institucional que habría facilitado operaciones del crimen organizado en la entidad.

Este caso no se limita al ámbito penal, ya que el componente financiero ha tomado un papel central en las investigaciones. En México, la Unidad de Inteligencia Financiera ha desplegado acciones paralelas, entre ellas el análisis de estructuras empresariales, movimientos bancarios y operaciones internacionales, además del bloqueo de cuentas bancarias vinculadas al entorno del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, así como de familiares y otros actores señalados, medida que busca frenar el flujo de recursos presuntamente relacionados con actividades ilícitas.

A nivel internacional, estas acciones se complementan con las decisiones de la Office of Foreign Assets Control, que ha designado a múltiples personas físicas y morales presuntamente vinculadas con redes de distribución de precursores químicos y drogas sintéticas, lo que evidencia una estrategia coordinada para atacar no solo a los individuos, sino también a las estructuras financieras que sostienen estas operaciones.

Las investigaciones financieras han permitido identificar el uso de empresas en sectores como transporte, logística y comercio para facilitar la adquisición, traslado y comercialización de insumos químicos, además de detectar transferencias internacionales hacia jurisdicciones consideradas de riesgo, inconsistencias entre ingresos reportados y montos operados, así como posibles esquemas de simulación de operaciones, lo que refuerza las denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En el plano político, el caso también ha generado tensiones y posicionamientos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que no se tomarán acciones sin pruebas contundentes, insistiendo en que las acusaciones deben estar respaldadas por evidencia formal; sin embargo, la materialización de detenciones y entregas voluntarias comienza a contrastar con el discurso oficial, especialmente ante el avance de los procesos en Estados Unidos.

Mientras tanto, la Fiscalía General de la República mantiene abiertas diversas líneas de investigación, aunque bajo un manejo reservado que ha sido objeto de cuestionamientos, particularmente por la falta de acciones visibles en comparación con el ritmo de las autoridades estadounidenses, lo que ha generado dudas sobre la capacidad de respuesta institucional en un caso de esta magnitud.

A este escenario se suma la información que apunta a que las autoridades mexicanas han recibido solicitudes formales relacionadas con estos expedientes, incluyendo peticiones de detención con fines de extradición, lo que abre un nuevo frente en el proceso y coloca a las instituciones nacionales en una posición clave para definir el rumbo legal de los implicados.

En conjunto, la entrega de Díaz Vega, la detención de Mérida Sánchez, el bloqueo de cuentas, las investigaciones financieras y las acciones internacionales dibujan un panorama complejo en el que convergen factores políticos, judiciales y económicos, en un caso que no solo impacta a Sinaloa, sino que se perfila como un referente en la cooperación y tensión entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

El desarrollo de este proceso será determinante en los próximos días, ya que conforme avancen las investigaciones podrían sumarse nuevas detenciones, revelarse más vínculos y definirse responsabilidades que terminen por reconfigurar el escenario político en la entidad, en medio de una creciente exigencia pública de claridad, resultados y aplicación efectiva de la ley.

En esta segunda edición del certamen, organizada por el Laboratorio de Cognición Comparativa de la Universidad de California, San Diego (UCSD), participaron cinco binomios caninos de la FESC, quienes lograron colocarse en el podio en distintas categorías, demostrando nuevamente su nivel operativo y preparación.

Las pruebas, diseñadas con alto grado de complejidad, evaluaron la capacidad de los binomios en la detección de explosivos y narcóticos en escenarios de interiores, exteriores y vehículos, simulando condiciones reales de intervención. En este contexto, los agentes caninos lograron resultados sobresalientes frente a corporaciones policiales y equipos especializados de Estados Unidos.

Los reconocimientos obtenidos fueron: “Reggna”, segundo lugar en búsqueda de explosivos en espacio abierto; “Fritz”, tercer lugar en detección de narcóticos en interiores; y “Ruth”, tercer lugar en búsqueda de narcóticos en vehículos, consolidando así la presencia de Baja California en una competencia internacional de alto nivel.

Este resultado no es aislado. Los binomios K9 de la FESC han logrado en diversas ocasiones reconocimientos tanto a nivel nacional como en Estados Unidos, lo que refleja la constancia en su entrenamiento y el fortalecimiento de sus capacidades operativas. Su preparación diaria permite que estos equipos no solo destaquen en competencias, sino también en labores reales de seguridad y combate a la delincuencia.

Autoridades estatales destacaron que este tipo de participaciones fortalecen la profesionalización de los cuerpos de seguridad y posicionan a Baja California como referente en el uso de unidades caninas especializadas, capaces de operar bajo estándares internacionales.

De acuerdo con información de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), durante el mes de abril fueron notificados 68 vehículos que se encontraban en aparente estado de abandono sobre la vía pública. Como resultado de estas acciones, 57 unidades fueron retiradas voluntariamente por sus propietarios tras recibir el aviso correspondiente, lo que evidencia un impacto inmediato del operativo y una respuesta directa por parte de los ciudadanos ante la aplicación del reglamento.

Sin embargo, no todos los casos concluyeron de manera voluntaria. Autoridades informaron que 6 vehículos derivaron en la aplicación de infracciones por incumplir con el retiro dentro del plazo establecido, mientras que 5 unidades fueron remolcadas mediante el uso de grúa, otorgando a sus propietarios un periodo adicional de 24 horas para retirarlas del corralón, conforme a los lineamientos vigentes.

Las colonias donde se ha detectado mayor presencia de vehículos en estado de abandono son Lomitas, Ex Ejido Chapultepec, Arcoíris, Lázaro Cárdenas I y II, así como Emiliano Zapata. En estas zonas, vecinos han señalado de manera constante que este tipo de unidades no solo ocupan espacios de estacionamiento, sino que también contribuyen al deterioro del entorno urbano, generan acumulación de basura, posibles derrames de fluidos como aceite y, en algunos casos, se convierten en puntos de riesgo para la seguridad.

El operativo se ejecuta con base en lo establecido en el Artículo 136 del Reglamento de Tránsito Municipal, el cual señala que un vehículo puede ser considerado en abandono si permanece estacionado por más de 72 horas sin ser movido y sin notificación previa a la autoridad correspondiente. Bajo este criterio, se procede a la colocación de avisos preventivos y, en caso de incumplimiento, al retiro de la unidad mediante grúa.

Autoridades municipales subrayaron que, además de liberar espacios y mejorar la imagen urbana, estas acciones tienen un componente importante en materia de prevención del delito, ya que algunos vehículos abandonados han sido utilizados como puntos de ocultamiento de objetos o espacios sin supervisión, lo que incrementa riesgos en las comunidades.

El Gobierno Municipal reiteró que el operativo se mantendrá de forma permanente durante el año, priorizando las zonas con mayor número de reportes ciudadanos y reforzando la vigilancia para evitar que esta problemática vuelva a incrementarse. Asimismo, se hizo un llamado a la población a mantener sus vehículos en uso constante o reportar aquellos que se encuentren en aparente abandono a través de los canales oficiales.

De acuerdo con la información revisada, se identificaron diferencias significativas entre los precios de mercado y los montos facturados. En algunos casos, un costal con valor comercial cercano a los mil 500 pesos fue adquirido por más de dos mil 500 pesos, mientras que otro producto con precio aproximado de mil 700 pesos fue facturado en casi tres mil pesos, generando variaciones superiores a los mil pesos por unidad.

Estas diferencias, trasladadas al volumen total de compra, representarían una sobrefacturación estimada cercana a los 30 mil pesos en una sola operación, lo que ha generado cuestionamientos sobre los criterios utilizados en los procesos de adquisición y la supervisión de los mismos.

Además, se advirtió que, conforme a los registros disponibles, la cantidad de alimento adquirida podría cubrir necesidades hasta el año 2027, lo que ha sido considerado como un volumen elevado y fuera de proporción, abriendo la discusión sobre la planeación y el manejo adecuado de los insumos.

La regidora Daniela García Salgado señaló que el tema no radica en garantizar la alimentación de las unidades caninas, sino en asegurar que las compras se realicen bajo condiciones justas de mercado y con apego a la transparencia en el uso del recurso público.

Ante este panorama, la edil informó que ya solicitó formalmente la información detallada de las adquisiciones realizadas, con el objetivo de llevar a cabo un análisis exhaustivo que permita detectar posibles irregularidades en los procesos de compra.

Como parte de este seguimiento, no se descarta que los hallazgos puedan derivar en la presentación de denuncias ante la Sindicatura Municipal, en caso de confirmarse inconsistencias o prácticas indebidas.

El caso pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia en el ejercicio del gasto público, especialmente en áreas sensibles donde la correcta aplicación de los recursos resulta fundamental para mantener la confianza ciudadana.

La intervención se realizó durante la mañana de este lunes, en un horario aproximado de 07:10 a 09:40 horas, abarcando la inspección de siete aulas con la participación de alrededor de 260 estudiantes, en atención a una solicitud formal realizada por la institución educativa y con el acompañamiento de personal docente y padres de familia.

De acuerdo con el reporte, durante el operativo no se localizaron objetos ilícitos. No obstante, se detectaron algunos artículos considerados como no permitidos dentro del reglamento interno del plantel, los cuales fueron atendidos conforme a los protocolos establecidos por la institución.

Estas acciones forman parte de las estrategias preventivas implementadas en coordinación con la comunidad escolar, donde la presencia de unidades K9 permite fortalecer los esquemas de revisión de manera más eficiente, al tiempo que se fomenta la cultura de la legalidad y la corresponsabilidad entre estudiantes, docentes y autoridades.

El despliegue también responde a la necesidad de mantener entornos seguros en los centros educativos, priorizando medidas de prevención antes que correctivas, en un esfuerzo conjunto por evitar riesgos y reforzar la confianza dentro de las escuelas del municipio.