De acuerdo con la información oficial emitida por el propio Instituto, los trabajadores realizaban labores de inspección en dicho municipio como parte de las acciones permanentes para vigilar el cumplimiento de la normatividad en el servicio de transporte. Sin embargo, una vez concluidas estas actividades y cuando se encontraban en trayecto de regreso hacia Ensenada, fueron interceptados por sujetos armados, quienes presuntamente los privaron de la libertad, sin que hasta el momento se tenga información confirmada sobre su paradero.

Tras el reporte de los hechos, el IMOS dio aviso inmediato a las autoridades competentes, al tiempo que reiteró su disposición de colaborar plenamente con las instancias encargadas de la investigación, proporcionando datos e información relevante que permitan avanzar en las diligencias. Asimismo, el organismo informó que mantiene comunicación constante con las familias de los colaboradores, a quienes se les brinda acompañamiento institucional ante la gravedad de la situación.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado confirmó que se activaron operativos de búsqueda y localización en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, desplegando recursos humanos y técnicos en la zona, además de implementar trabajos de inteligencia y acciones operativas que permitan ubicar a las víctimas y esclarecer los hechos. Las corporaciones participantes mantienen coordinación institucional permanente para dar seguimiento al caso.

Este hecho ocurre en un contexto de operativos recientes por parte del IMOS en distintos municipios del estado. De manera previa, la dependencia había informado sobre la intervención de unidades de transporte público que operaban en condiciones irregulares, como el caso de un vehículo en Tijuana que circulaba con exceso de pasajeros, poniendo en riesgo a los usuarios. En ese caso, inspectores procedieron a sancionar al conductor por violaciones a la normativa vigente y al retiro de la unidad, como parte de las acciones para reforzar la seguridad en el servicio.

Las autoridades no han confirmado si existe una relación directa entre estos operativos y la privación de la libertad de los inspectores; sin embargo, esta línea forma parte de las investigaciones en curso, mientras continúan los trabajos de búsqueda en la región.

Hasta el momento, no se han dado a conocer avances concretos sobre la localización de los trabajadores, pero se mantiene activo el despliegue de seguridad, con el objetivo de dar con su paradero lo antes posible.

De acuerdo con la información presentada en audiencia, el agente del Ministerio Público aportó los datos de prueba necesarios para que el Juez de Control determinara vincular a proceso a la imputada por el delito de homicidio por comisión por omisión con dolo eventual, figura legal que implica que, existiendo una obligación jurídica de proteger a la víctima, esta fue ignorada, derivando en un desenlace trágico; además, se estableció que la acusada deberá permanecer bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación complementaria, para la cual se fijó un plazo de cuatro meses.

Los hechos que dieron origen a este proceso ocurrieron el pasado 2 de mayo, luego de que a través del número de emergencias se reportara una situación crítica en un domicilio ubicado en la cerrada Capellanía, sección Andalucía, del fraccionamiento Rioja, donde al arribar las autoridades localizaron una camioneta Chevrolet Captiva color negro estacionada frente al inmueble, encontrando en su interior, sobre una silla de seguridad infantil, el cuerpo sin vida del menor.

Las primeras investigaciones establecen que el niño permaneció dentro del vehículo por más de 12 horas, tiempo durante el cual estuvo expuesto a temperaturas extremas características de la región, lo que provocó un golpe de calor que derivó en su fallecimiento, situación que fue confirmada mediante los dictámenes periciales correspondientes y el Servicio Médico Forense, reforzando la línea de investigación presentada por la Fiscalía.

La titular de la FGE, Ma. Elena Andrade Ramírez, señaló que existen elementos suficientes para proceder conforme a derecho y reiteró que este caso será atendido con todo el rigor de la ley, subrayando la importancia de proteger a los sectores más vulnerables, particularmente niñas y niños, cuya integridad depende directamente de quienes tienen la responsabilidad de su cuidado.

Este caso vuelve a poner en el centro del debate público la responsabilidad legal y moral en el cuidado de menores, así como los riesgos reales que representan las altas temperaturas en la región cuando no se toman las medidas necesarias, dejando en evidencia que la omisión también puede convertirse en un factor determinante en hechos de esta naturaleza.

Este esquema se consolidó tras una reunión interinstitucional para delimitar competencias entre la autoridad municipal y federal, donde se establecieron acuerdos estratégicos que permitirán a la corporación municipal reforzar la presencia policial, sumando esfuerzos para preservar la seguridad de visitantes, comerciantes y residentes de la zona.

En la reunión y recorridos participaron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), Capitanía de Puerto, Fiscalía General del Estado (FGE), Agencia Estatal de Investigación (AEI) y Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), fortaleciendo la coordinación operativa y el intercambio de información para una respuesta más eficaz ante cualquier eventualidad.

El jefe de la corporación local, Alejandro Monreal Noriega, detalló que, en cumplimiento a la encomienda y a los acuerdos de la presidenta municipal Claudia Agatón Muñiz, se implementaron recorridos a pie tierra y contacto directo con locatarios y prestadores de servicios, reforzando la proximidad social y el trabajo preventivo.

Dentro de los acuerdos alcanzados se contempla la instalación de bitácoras de seguridad para registrar incidencias, la colocación de botones de alerta en puntos estratégicos, el impulso a la red de cámaras colaborativas, así como la capacitación de locatarios en protocolos de actuación ante emergencias. Este último punto, si bien será implementado de forma paulatina, constituye un paso fundamental para elevar la capacidad de respuesta en la zona.

Monreal Noriega destacó que este esfuerzo representa un paso significativo para dignificar y proteger uno de los puntos turísticos más emblemáticos de Ensenada, mediante la colaboración efectiva entre dependencias.

“Estamos sumando esfuerzos y reforzando la presencia preventiva en lo que nos corresponde. Esto es por la seguridad de todos, y especialmente para que quienes visitan y trabajan en esta zona se sientan protegidos”, afirmó.

La DSPM reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca no solo inhibir conductas constitutivas de delito, sino también fomentar entornos seguros y armónicos, que prosperen fortalecidos por el desarrollo turístico y la convivencia ciudadana.