La denuncia fue interpuesta por la presidenta estatal del PAN en Baja California, Lizbeth Mata Lozano, y tiene como origen el proceso de glosa del informe de gobierno municipal correspondiente al periodo 2024–2025, en el que se detectaron anomalías relevantes en el manejo de recursos públicos.

Entre los señalamientos más graves destaca la contratación de un software con un costo aproximado de 19 millones de pesos, la cual presuntamente se realizó sin licitación pública, sin estudios técnicos que justificaran su necesidad o viabilidad, y sin la intervención del Comité de Adquisiciones, como lo marca la normatividad vigente en materia de compras gubernamentales.

Asimismo, se expone que los recursos utilizados para dicha contratación habrían provenido de reasignaciones del Fondo de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), sin contar con la autorización legal correspondiente ni con una justificación técnica clara, lo que podría configurar un uso indebido de recursos etiquetados.

Otro de los puntos señalados en la denuncia es la falta de transparencia, ya que los contratos relacionados con esta operación no fueron publicados en los portales oficiales, impidiendo la fiscalización ciudadana y generando un entorno de opacidad en el ejercicio del gasto público municipal.

Lizbeth Mata Lozano afirmó que el PAN continuará utilizando todas las vías legales a su alcance para exigir rendición de cuentas y señaló que corresponde ahora a la Fiscalía General del Estado realizar una investigación exhaustiva, profesional e imparcial que permita esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades administrativas o penales.

La dirigente estatal subrayó que no se trata de un tema político, sino de la defensa del patrimonio público y del derecho de la ciudadanía de San Quintín a contar con una administración transparente, responsable y apegada a la ley.

Durante la presentación de la denuncia, Mata Lozano estuvo acompañada por la presidenta del PAN en San Quintín, Ana María Ambriz, así como por el regidor panista Gabriel Soria, quienes respaldaron el señalamiento y reiteraron su compromiso de dar seguimiento puntual al caso.

El debate, sin embargo, no está en la ley, sino en la actitud. San Quintín atraviesa una crisis social y política que se ha ido acumulando sin contención efectiva. El bloqueo en la carretera Transpeninsular inició el lunes y este jueves cumple ya cuatro días activo, con afectaciones directas a la movilidad, la economía regional y la vida cotidiana de miles de personas. Aun así, la administración municipal ha respondido más con rigidez que con soluciones.

En lugar de desactivar el conflicto, la postura institucional ha sido la confrontación. Se privilegia el discurso de resistencia, la negación sistemática y una defensa cerrada del cargo que para muchos ciudadanos se percibe como arrogancia política. Gobernar desde el orgullo rara vez resuelve crisis; por el contrario, suele profundizarlas.

La propia alcaldesa, Miriam Cano, ha descartado cualquier concesión y ha exigido que los señalamientos en su contra se sometan exclusivamente a procesos legales formales. Durante una reunión con manifestantes que mantienen bloqueada la Transpeninsular, reiteró que no se puede emitir ningún veredicto sin investigaciones ni procedimientos jurídicos adecuados, y que su gobierno actuará conforme a la legalidad. El argumento es válido en el plano jurídico, pero insuficiente en el plano político y social.

Porque una cosa es la presunción de inocencia y otra muy distinta es la responsabilidad de conducción política. Los conflictos sociales no se resuelven solo en expedientes; se atienden con diálogo efectivo, autocrítica y decisiones que reduzcan la tensión. Hoy, San Quintín sigue detenido, literal y simbólicamente.

Este escenario resulta todavía más delicado si se considera que se trata del primer gobierno municipal electo en la historia de San Quintín. El nacimiento del municipio representaba una oportunidad histórica para sentar bases sólidas de gobernabilidad, cercanía ciudadana y madurez política. En cambio, el arranque ha estado marcado por señalamientos constantes, bloqueos, inconformidad social y una administración que parece más preocupada por no ceder que por recomponer el tejido social.

La renuncia, aunque políticamente costosa, es una figura contemplada en la ley para escenarios excepcionales. No implica culpabilidad automática ni derrota moral; implica reconocer que el conflicto ha rebasado a la figura en turno. Aferrarse al cargo, en cambio, cuando el municipio permanece paralizado, envía un mensaje de cerrazón y desgaste institucional.

Si tanto amor se dice tener por San Quintín, la pregunta no debería ser si la ley lo permite, sino si es lo mejor para el municipio. Gobernar también es saber hacerse a un lado cuando la permanencia se convierte en obstáculo.

La crisis sigue abierta, el bloqueo continúa y la tensión social no disminuye. El tiempo corre y cada día sin solución profundiza el desgaste del primer gobierno municipal de San Quintín. La historia no suele ser benévola con quienes confundieron firmeza con soberbia y liderazgo con berrinche político.

El exhorto fue presentado por las y los diputados del PAN María Yolanda Gaona, Diego Echevarría y Alejandrina Corral, quienes plantearon la necesidad de que la legisladora se apartara del cargo mientras se esclarece el origen de los recursos relacionados con el incidente ocurrido el pasado 5 de enero en el cruce fronterizo Mexicali–Calexico.

Lizbeth Mata Lozano señaló que la negativa de Morena a respaldar esta solicitud representa un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas, al tratarse de un órgano legislativo cuya función central es la revisión, fiscalización y vigilancia del ejercicio de los recursos públicos en el estado.

Indicó que la Comisión de Fiscalización del Gasto Público es una de las instancias más sensibles del Congreso, ya que de su trabajo depende la detección de irregularidades, el combate a la opacidad y la garantía de que los recursos públicos sean utilizados conforme a la ley, por lo que su presidencia debe recaer en perfiles que no enfrenten señalamientos pendientes de aclarar.

La dirigente estatal del PAN afirmó que, al rechazar el exhorto, la mayoría de Morena envía un mensaje negativo a la ciudadanía, al cerrar la puerta a una exigencia legítima de congruencia ética y responsabilidad política, privilegiando acuerdos internos por encima del interés público.

Mata Lozano sostuvo que la transparencia no debe entenderse como un ataque político, sino como una obligación inherente al ejercicio del poder público, especialmente cuando existen hechos que requieren ser aclarados ante la sociedad para evitar suspicacias o dudas sobre el actuar de quienes integran el Poder Legislativo.

Asimismo, subrayó que la separación temporal de un cargo no implica una presunción de culpabilidad, sino una medida preventiva que permite garantizar imparcialidad, credibilidad institucional y confianza ciudadana mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Finalmente, reiteró que Acción Nacional continuará señalando cualquier decisión que debilite los principios de legalidad, rendición de cuentas y ética pública, y aseguró que el PAN seguirá impulsando acciones legislativas para que los hechos sean esclarecidos y se actúe con responsabilidad en la vida pública de Baja California.

En conferencia de prensa, la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Lizbeth Mata Lozano, sostuvo que estos hechos estarían relacionados con presuntos delitos como delincuencia organizada, corrupción, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y huachicol fiscal, lo que —dijo— representa un escenario grave para la estabilidad institucional del estado y exige explicaciones claras a la ciudadanía.

Durante su posicionamiento, la dirigente panista mencionó a diversos funcionarios y exfuncionarios ligados a Morena que, aseguró, estarían involucrados en estas acciones por parte de autoridades estadounidenses. Entre los nombres citados se encuentran Marina del Pilar Ávila Olmeda, Carlos Torres Torres, Luis Samuel Guerrero Delgado, José Luis Dagnino López, Hilda Araceli Brown Figueredo, Alejandra Ang Hernández, Óscar Eduardo Castro Castro, Juan Francisco Gim Nogales, César Iván Sandoval Gámez, Mario Alberto López Hernández, Alex Tonatiuh Márquez Hernández y Jaime Eduardo Cantón Rocha.

Uno de los señalamientos que el PAN puso sobre la mesa fue el caso de la diputada Alejandra Ang Hernández, a quien se le atribuye el presunto traslado de entre 600 mil y 800 mil pesos en efectivo hacia Estados Unidos. Mata Lozano consideró que este hecho podría configurar un posible acto de corrupción, por lo que exigió que la legisladora sea separada de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, solicite licencia a su cargo y explique públicamente el origen del dinero.

En el mismo sentido, los diputados del PAN Diego Echevarría y Alejandrina Corral informaron que presentarán una solicitud formal ante el Pleno del Congreso de Baja California para que se transparente la procedencia de los recursos, recordando que la legislación mexicana prohíbe portar más de 100 mil pesos en efectivo sin justificar su origen. Subrayaron que la legisladora deberá responder conforme a la ley ante las autoridades correspondientes, tanto en México como en Estados Unidos.

Finalmente, Acción Nacional sostuvo que estos señalamientos, de confirmarse, evidenciarían fallas graves en los mecanismos de control y rendición de cuentas, por lo que reiteró su exigencia de investigaciones a fondo, transparencia y consecuencias legales, a fin de garantizar la gobernabilidad y la confianza ciudadana en Baja California.

Mata Lozano criticó que el gobierno federal pudiera estar manipulando información para generar cortinas de humo y desviar la atención de la crisis que enfrentan algunos funcionarios y empresarios vinculados a la red de financiamiento ilícito conocida como “huachicol fiscal”, así como otros casos de corrupción en Morena. La dirigente subrayó que la conducta de Acción Nacional ha sido de total transparencia, citando que Ruffo Appel ha puesto toda la documentación a disposición de las autoridades y ha exigido investigaciones a fondo, sin ampararse en fueros ni inventar complots.

En la misma línea, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó en conferencia que no existen órdenes de aprehensión en contra de Ernesto Ruffo Appel ni del exsenador Gerardo Novelo Osuna por el delito de huachicoleo fiscal, despejando cualquier duda sobre procedimientos judiciales en curso.

La presidenta del PAN enfatizó que las investigaciones deben dirigirse a identificar a los verdaderos responsables del “huachicol fiscal” y conducirse con total claridad, sin afectar la trayectoria de ciudadanos íntegros como Ruffo Appel, quien ha mantenido una conducta pulcra tanto en su vida pública como profesional.

Durante el evento

Burgueño destacó la importancia de trabajar en unidad bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, adoptando su visión humanista para construir una Tijuana con mejores oportunidades. También reconoció el apoyo permanente de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda para el desarrollo municipal.

Este informe, elaborado en colaboración con el Instituto Tecnológico Nacional de México, forma parte de un mecanismo voluntario de evaluación que incluye a 100 municipios del país. Complementa así el Informe Nacional Voluntario que México presenta ante la ONU.

“El Informe Subnacional Voluntario nos permite identificar avances, retos y áreas de oportunidad en el ejercicio de gobierno. Evaluar nos da rumbo y certeza; lo que no se mide, no se puede mejorar”, expresó el alcalde.

Desde el inicio de su administración, se alineó el Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, con énfasis en la justicia social, igualdad de oportunidades y bienestar colectivo.

Entre los avances más destacados se encuentran:

• ODS 2: Hambre Cero. Se invirtieron 28 millones de pesos para beneficiar a más de 437 mil personas con apoyos económicos y en especie, para atender necesidades alimentarias inmediatas y erradicar la carencia alimentaria de forma estructural.
• ODS 1: Fin de la Pobreza. Con una inversión de más de 92 millones de pesos, se apoyó a 442 mil personas mediante apoyos, capacitación y pláticas preventivas.
• ODS 8: Empleo Decente y Crecimiento Económico. Se otorgaron recursos por 45 millones de pesos a mil 132 personas para fortalecer el tejido productivo y el emprendimiento.
• ODS 14: Vida Submarina. La creación de la Secretaría del Medio Ambiente permitió que Tijuana cubra integralmente los 17 ODS establecidos por la ONU.

Burgueño Ruiz anunció que el informe será entregado a nivel federal ante la Secretaría de Economía y publicado en el portal oficial de la ONU, reafirmando el compromiso municipal con la transparencia y el desarrollo sostenible.

Destacó la participación de más de 44 mil tijuanenses que contribuyeron con ideas y propuestas para este documento, y agradeció la colaboración de instituciones académicas y organizaciones civiles.

Para cerrar, hizo un llamado a seguir trabajando en unidad, pues “la experiencia de la ciudadanía es fundamental para nutrir este proyecto transformador”.

Al evento asistieron la Síndica Procuradora Teresita Balderas Beltrán, el secretario de Gobierno Arnulfo Guerrero León, la directora de COPLADE Brígida Fernanda Rubio, regidores, diputados y funcionarios municipales.

Estas acciones se tomaron al amparo de la nueva Ley FEND Off Fentanyl, una herramienta legal diseñada para cortar el flujo financiero que alimenta a los cárteles. Las órdenes prohíben a instituciones estadounidenses realizar transferencias hacia o desde estas entidades, incluso mediante cuentas de moneda virtual. Las medidas entrarán en vigor 21 días después de su publicación oficial.

Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, las instituciones mexicanas actuaron como facilitadores financieros clave del tráfico de fentanilo. “Facilitadores como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles”, declaró.

Detalles de cada institución involucrada

CIBanco fue señalado por operar sistemáticamente como vehículo financiero para organizaciones criminales como el Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel de los Beltrán Leyva. Según el reporte de FinCEN, entre 2021 y 2024 el banco facilitó más de 2.1 millones de dólares en pagos a empresas chinas que suministraban precursores químicos usados para fabricar fentanilo. Además, se documentó que en 2023 un empleado de CIBanco ayudó deliberadamente a abrir una cuenta para lavar 10 millones de dólares a nombre de un presunto miembro del Cártel del Golfo.

Intercam Banco también fue clasificado como institución de alta preocupación por sus vínculos con el CJNG. FinCEN detalló que ejecutivos del banco se reunieron directamente con operadores de dicho cártel en 2022 para acordar esquemas de lavado. Entre 2021 y 2024, a través de Intercam se transfirieron más de 1.5 millones de dólares desde empresas mexicanas a empresas chinas, vinculadas al envío de químicos usados para la elaboración del narcótico.

Vector Casa de Bolsa, por su parte, fue implicada en operaciones financieras que facilitaron el lavado de al menos 2 millones de dólares por parte del Cártel de Sinaloa. Entre 2018 y 2023, Vector habría gestionado más de un millón de dólares en pagos hacia compañías chinas implicadas en la cadena de suministro del fentanilo.

Medidas y contexto binacional

Estas acciones forman parte de un esfuerzo coordinado entre Estados Unidos y México para frenar el flujo de drogas sintéticas y el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales. Cabe recordar que en febrero de este año, el gobierno estadounidense clasificó a varios cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGTs), incluyendo al CJNG, el Cártel del Golfo y el de Sinaloa.

La Ley FEND Off Fentanyl otorga facultades al Departamento del Tesoro para bloquear acceso al sistema financiero estadounidense a individuos e instituciones que colaboren, directa o indirectamente, con organizaciones delictivas que trafican con opioides sintéticos.

La prohibición incluye transferencias convencionales y criptomonedas. De este modo, Estados Unidos busca cortar de raíz los mecanismos financieros que hacen posible la operación de los cárteles.

Durante un desayuno realizado en el marco de esta fecha, el alcalde agradeció el respaldo de los medios locales para difundir las acciones que su gobierno ha implementado desde el primer día de gestión. Aseguró que la relación entre autoridad y periodistas es clave para la consolidación de una sociedad más democrática, participativa y bien informada, por lo que reiteró su disposición a mantener abiertos los canales de comunicación en un ambiente de respeto, seguridad y apertura.

“El trabajo de los medios es fundamental para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la cercanía con la gente; son un puente entre la autoridad y la ciudadanía, un vínculo que fortalece la democracia. Desde este gobierno apostamos al trabajo en equipo para lograr los objetivos comunes”, subrayó el primer edil.

Burgueño Ruiz exhortó a las y los comunicadores a ejercer su labor con responsabilidad, imparcialidad y ética, convicción que dijo compartir desde su administración de corte humanista. Además, puntualizó que la libertad de expresión es un principio fundamental que se debe proteger y preservar en todo momento, por el bien de una sociedad más justa y equitativa.

En este evento también estuvieron presentes el secretario de Gobierno Municipal, Arnulfo Guerrero León; la síndica procuradora, Teresita Balderas Beltrán; y la directora de Comunicación Social y Relaciones Públicas, Mariana López Ramírez, quienes refrendaron el compromiso institucional de garantizar el ejercicio libre de la prensa en Baja California.

La decisión fue anunciada después de que en redes sociales y medios locales circularan señalamientos graves en su contra, realizados por su ex pareja, Delia Pérez Cornejo, quien denunció públicamente los hechos que desde años atrás ya habían sido presentados ante la autoridad correspondiente. Las acusaciones incluyen violencia física documentada con fotografías y una serie de incidentes que habrían puesto en riesgo la integridad de la víctima, situación que ahora se conoce de manera más abierta tras la exposición del caso en redes sociales.

Por si fuera poco, a las acusaciones de violencia familiar se suma un presunto plagio en la tesis universitaria que Castro Segovia presentó para obtener su título en Derecho. Según trascendió, el ex funcionario habría copiado fragmentos de otros trabajos sin citar adecuadamente las fuentes originales, situación que no pasó desapercibida y que pone en duda su formación académica y su ética profesional. Estos elementos contribuyeron a debilitar su posición en la administración pública y generaron un rechazo social evidente, pues resulta contradictorio que una persona con estos antecedentes estuviera al frente de un área destinada a proteger a los sectores más desprotegidos de la ciudad.

La alcaldesa Claudia Agatón Muñiz fue clara al señalar que aunque toda persona merece una segunda oportunidad, hay circunstancias personales que rebasan la esfera privada y que se convierten en un obstáculo para el ejercicio responsable del servicio público. Subrayó que estos temas no solo afectan la imagen del gobierno municipal, sino también la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de velar por los derechos de los más vulnerables. Por ello, sostuvo que la renuncia fue aceptada para evitar mayores afectaciones a la operación de la dependencia, y que en breve será designada una persona con mayor solvencia moral y profesional para encabezar dicha oficina.

Adicionalmente, se dio a conocer que en el proceso de divorcio que enfrenta, Rogelio Castro habría argumentado una supuesta discapacidad para evadir el pago de la pensión compensatoria correspondiente, recurso legal que fue interpretado como un intento por eludir sus responsabilidades económicas derivadas de la separación. Esta situación terminó por cerrar cualquier posibilidad de que pudiera mantenerse en un cargo público de alto impacto social.

El Gobierno de Ensenada reiteró su compromiso de actuar con responsabilidad y sensibilidad ante casos como este, donde la congruencia y la ética son elementos indispensables para la permanencia de cualquier servidor público. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para seguir denunciando actos de violencia y cualquier conducta irregular por parte de funcionarios o dependencias, asegurando que todas las quejas serán atendidas de manera puntual por las instancias correspondientes.

“Estamos ante un proceso viciado desde su origen, plagado de prácticas que ofenden la inteligencia del pueblo. No se trata de una elección libre y democrática, sino de una elección de Estado”, afirmó Mata Lozano.

La dirigente denunció graves irregularidades durante la jornada electoral, entre ellas el uso de acordeones con nombres para inducir el voto, así como el acarreo de ciudadanos organizado desde las estructuras del gobierno estatal y Morena.

Además, señaló que días antes de la elección se difundieron listas con candidatos afines al oficialismo, promovidas incluso entre funcionarios y operadores políticos. Subrayó que los perfiles que participan no son ciudadanos independientes, sino allegados directos de la gobernadora, incluyendo a su secretario particular.

“El PAN no podía invitar a los ciudadanos a participar en un proceso que no es limpio ni transparente. Reprobamos profundamente las tácticas utilizadas para hacerle creer al pueblo que está eligiendo a sus jueces, cuando en realidad se trata de un montaje cuidadosamente armado para imponer perfiles obedientes al régimen”, sentenció.

Mata Lozano añadió que la mayoría de los bajacalifornianos ni siquiera conoce a los candidatos, lo que refleja la falta de información y la opacidad del proceso. El PAN documenta todas las irregularidades para evidenciar la falta de legitimidad democrática de esta elección.

“Creemos que la designación de jueces y magistrados debe basarse en la capacidad, la honestidad y el mérito, y no en intereses partidistas ni en el servilismo al régimen. La justicia no puede estar al servicio de un solo grupo político. Lo que buscan es el control absoluto del poder, y eso lo reprobamos con firmeza”, concluyó.