La propia mandataria reforzó esta postura mediante un mensaje difundido en sus redes sociales, en el que aseguró que continuará con sus actividades oficiales de manera normal, en un intento por frenar la especulación política que ha crecido en las últimas horas en torno a su permanencia en el cargo.

El posicionamiento ocurre en un contexto internacional que ha elevado la presión sobre México, luego de que Donald Trump presentara la nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, un plan que endurece el enfoque del gobierno estadounidense contra los cárteles y el tráfico de fentanilo, al considerar a estas organizaciones como amenazas terroristas y al propio fentanilo ilícito como una posible arma de destrucción masiva.

De acuerdo con el documento, Estados Unidos busca atacar tanto la oferta como la demanda de drogas, pero pone especial énfasis en desmantelar las estructuras de las organizaciones criminales transnacionales que producen, transportan y distribuyen sustancias como fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia territorio estadounidense.

En este escenario, México es señalado como un país clave dentro de la estrategia, al ser considerado punto central en la producción de drogas sintéticas. El plan establece la necesidad de incrementar decomisos de precursores químicos, desarticular narcolaboratorios y reducir la capacidad operativa de los cárteles, además de fortalecer acciones como detenciones, extradiciones y combate a redes financieras vinculadas al narcotráfico.

La estrategia también advierte que podrían aplicarse sanciones económicas, restricciones financieras e investigaciones contra gobiernos, empresas o actores que no colaboren en el combate a estas redes, lo que eleva la presión política y diplomática sobre distintos niveles de gobierno en México.

En paralelo, el contexto local se ha visto marcado por versiones sobre cancelaciones de visas hacia figuras públicas en Baja California, un tema que, aunque sin información oficial detallada, ha generado interpretaciones sobre posibles sanciones indirectas que impactan la percepción pública y la credibilidad institucional.

El panorama se vuelve aún más complejo al considerar antecedentes recientes en otras entidades del país, donde funcionarios han sido señalados en procesos judiciales en cortes estadounidenses por presuntos vínculos con organizaciones criminales, lo que ha incrementado el escrutinio internacional sobre la política mexicana.

En este entorno, los rumores sobre una posible licencia de la gobernadora se insertan en un escenario de alta tensión política, donde factores externos comienzan a influir en la narrativa pública local, especialmente de cara al proceso electoral de 2027.

Por ahora, la postura oficial es clara: no habrá solicitud de licencia y la gobernadora continuará con su agenda. Sin embargo, el contexto internacional, la presión diplomática y los señalamientos que rodean a distintos actores políticos mantienen abierto el debate sobre la estabilidad, la credibilidad y el rumbo del gobierno en Baja California.

De acuerdo con la propia encuestadora, Massive Caller utiliza un sistema automatizado de llamadas masivas para medir la opinión pública de forma rápida, asegurando que elimina el sesgo humano en la recolección de datos, lo que —según su metodología— permite obtener resultados precisos en menor tiempo y a menor costo.

En Ensenada, Morena encabeza las preferencias con 39.3%, seguido por el Partido Acción Nacional con 18.3% y el Partido Revolucionario Institucional con 9.8%. No obstante, la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz enfrenta un 67.7% de rechazo a la reelección, evidenciando una contradicción entre la fuerza de la marca partidista y el desgaste de sus liderazgos locales. Esta diferencia entre intención de voto y aceptación refleja un escenario donde el respaldo al partido no necesariamente se traduce en apoyo a sus figuras.

En Mexicali, el escenario es más competitivo. Morena registra 37.1%, mientras el PAN alcanza 22.5% con una figura posicionada como Gustavo Sánchez Vásquez. En este municipio, la oposición muestra mayor margen de crecimiento, especialmente si logra capitalizar el descontento ciudadano y consolidar una propuesta sólida. Los indecisos, que representan un porcentaje significativo del electorado, podrían definir el resultado final.

Por su parte, en Tijuana, Morena mantiene ventaja con 45.2%, pero el alcalde Ismael Burgueño Ruiz enfrenta un 58% de rechazo a la reelección. Aunque lidera las preferencias internas, la percepción pública muestra señales de desgaste, lo que abre una ventana de oportunidad para otras fuerzas políticas si logran articular una alternativa creíble.

El contexto estatal también se ha visto influido por episodios que han generado debate público y cuestionamientos hacia la clase política, como los señalamientos en torno a Carlos Torres Torres y la polémica por la revocación de visas en Estados Unidos que alcanzó a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Estos hechos han tenido impacto en la percepción ciudadana y han contribuido a fortalecer una narrativa de desconfianza.

A nivel nacional, el panorama también incide en la opinión pública, particularmente con procesos judiciales en Estados Unidos relacionados con redes de narcotráfico vinculadas al Cártel de Sinaloa. Aunque se trata de acusaciones que deben resolverse en tribunales, su difusión ha influido en la percepción sobre la integridad de las estructuras de poder.

En Baja California, además, se han documentado esquemas como el “huachicol fiscal”, relacionados con la evasión de impuestos en la importación de combustibles, lo que ha generado pérdidas económicas importantes y ha reforzado la percepción de prácticas irregulares dentro de distintos niveles.

Frente a este escenario, Morena conserva ventaja en números, pero enfrenta un desgaste político que podría incidir en el resultado electoral si la tendencia de desconfianza se mantiene. El PAN y el PRI mantienen posibilidades, particularmente en municipios donde la contienda es más cerrada, mientras que Movimiento Ciudadano podría crecer entre el electorado indeciso.

Más allá de los porcentajes, el proceso electoral de 2027 se perfila como una contienda donde la confianza ciudadana será determinante. La decisión final no solo dependerá de las encuestas, sino de la percepción sobre la capacidad, credibilidad y resultados de quienes buscan gobernar.

El posicionamiento ocurre luego de que este mismo día se registrara un nuevo hecho violento en la ciudad, donde una persona perdió la vida tras un ataque con arma de fuego en la colonia Ampliación Hidalgo, situación que generó una intensa movilización de corporaciones de los tres órdenes de gobierno y volvió a encender la preocupación entre habitantes de la zona y de otros sectores del municipio.

De acuerdo con los reportes, el incidente se originó tras llamadas al número de emergencias que alertaban sobre detonaciones de arma de fuego en un establecimiento tipo yarda de autos, donde posteriormente fue localizado un hombre sin vida, con lesiones producidas por proyectil, además del hallazgo de casquillos percutidos en el sitio, lo que derivó en la intervención de autoridades para el procesamiento de la escena.

Este nuevo caso, ocurrido en plena jornada, se suma a una serie de hechos recientes que han generado percepción de inseguridad en distintos puntos de la ciudad, particularmente por la recurrencia de eventos violentos en zonas urbanas, lo que ha provocado reacciones tanto en el ámbito social como político.

En ese contexto, García Lazcano señaló que la situación actual refleja una falta de resultados en las estrategias de seguridad, cuestionando la efectividad de las acciones implementadas tanto por el municipio como por el estado, al considerar que la violencia no ha sido contenida y que los hechos continúan repitiéndose.

“Es momento de exigir la renuncia de quienes no cumplen con su responsabilidad”, expresó, al enfatizar que la principal función de las autoridades es garantizar la seguridad de la población, y que, desde su perspectiva, ese objetivo no se está cumpliendo en Ensenada.

El dirigente panista también criticó que, mientras la incidencia delictiva se mantiene, las autoridades estarían enfocadas en otros temas, dejando de lado la atención prioritaria a la seguridad pública, lo que —dijo— incrementa la percepción de abandono entre la ciudadanía.

Asimismo, hizo un llamado a los distintos sectores sociales a no normalizar la violencia y a participar activamente en la exigencia de mejores resultados, subrayando que la presión ciudadana es un factor clave para impulsar cambios en la gestión pública.

Desde una perspectiva periodística, el hecho violento registrado este 24 de abril no solo vuelve a colocar el tema de la seguridad en el centro del debate, sino que también evidencia la creciente tensión política en torno a este tema, donde los posicionamientos de actores partidistas comienzan a intensificarse conforme la percepción de inseguridad se mantiene en la ciudad.

La reiteración de eventos de este tipo, sumada a las exigencias de distintos sectores, plantea un escenario donde la seguridad pública seguirá siendo uno de los principales puntos de presión para las autoridades en Ensenada, en medio de una ciudadanía cada vez más atenta y crítica frente a los resultados.

En ese sentido, el Congreso del Estado emitió un exhorto dirigido al titular de la Secretaría de Hacienda, José Andrés Pulido Saavedra, para que, en el ámbito de su competencia y por conducto de Oficialía Mayor, informe sobre las condiciones presupuestales, contractuales y operativas bajo las cuales actualmente se desarrolla este programa.

La solicitud plantea la necesidad de transparentar aspectos clave, entre ellos la cobertura del seguro, los procedimientos para su activación, la red hospitalaria disponible para la atención de los estudiantes y los montos de cobertura establecidos en la póliza vigente, actualmente contratada con la empresa Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.

El Punto de Acuerdo fue impulsado por la diputada Alejandra Ang, quien subrayó que el seguro escolar representa un instrumento fundamental para garantizar atención médica y respaldo económico a las y los estudiantes que sufren accidentes dentro de los planteles educativos, durante actividades escolares o incluso en el trayecto entre la escuela y sus hogares.

La legisladora explicó que, si bien el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP) es la instancia responsable de la operación del programa y del seguimiento a los siniestros, corresponde a la Secretaría de Hacienda garantizar que la contratación y el ejercicio de los recursos públicos se realicen conforme a la normatividad vigente.

Esto implica que los procesos se lleven a cabo en apego a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público, así como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado, con el fin de asegurar que los recursos destinados al seguro escolar se utilicen de manera adecuada y transparente.

Alejandra Ang enfatizó que contar con información clara, suficiente y actualizada sobre el funcionamiento del programa no solo fortalece los mecanismos de rendición de cuentas, sino que también permite evaluar la eficacia del seguro escolar, identificar posibles áreas de mejora y garantizar que el servicio responda de manera oportuna a las necesidades de la comunidad estudiantil.

“La correcta operación, cobertura y suficiencia del seguro escolar son elementos esenciales para garantizar entornos educativos seguros, así como para brindar certeza y tranquilidad a las familias”, expresó la diputada.

Finalmente, señaló que la revisión del programa busca asegurar que el seguro escolar cumpla realmente con su función de proteger a las y los estudiantes, ofreciendo atención adecuada en caso de accidentes y garantizando que las familias cuenten con el respaldo necesario ante cualquier eventualidad relacionada con la actividad escolar.

La denuncia fue interpuesta por la presidenta estatal del PAN en Baja California, Lizbeth Mata Lozano, y tiene como origen el proceso de glosa del informe de gobierno municipal correspondiente al periodo 2024–2025, en el que se detectaron anomalías relevantes en el manejo de recursos públicos.

Entre los señalamientos más graves destaca la contratación de un software con un costo aproximado de 19 millones de pesos, la cual presuntamente se realizó sin licitación pública, sin estudios técnicos que justificaran su necesidad o viabilidad, y sin la intervención del Comité de Adquisiciones, como lo marca la normatividad vigente en materia de compras gubernamentales.

Asimismo, se expone que los recursos utilizados para dicha contratación habrían provenido de reasignaciones del Fondo de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), sin contar con la autorización legal correspondiente ni con una justificación técnica clara, lo que podría configurar un uso indebido de recursos etiquetados.

Otro de los puntos señalados en la denuncia es la falta de transparencia, ya que los contratos relacionados con esta operación no fueron publicados en los portales oficiales, impidiendo la fiscalización ciudadana y generando un entorno de opacidad en el ejercicio del gasto público municipal.

Lizbeth Mata Lozano afirmó que el PAN continuará utilizando todas las vías legales a su alcance para exigir rendición de cuentas y señaló que corresponde ahora a la Fiscalía General del Estado realizar una investigación exhaustiva, profesional e imparcial que permita esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades administrativas o penales.

La dirigente estatal subrayó que no se trata de un tema político, sino de la defensa del patrimonio público y del derecho de la ciudadanía de San Quintín a contar con una administración transparente, responsable y apegada a la ley.

Durante la presentación de la denuncia, Mata Lozano estuvo acompañada por la presidenta del PAN en San Quintín, Ana María Ambriz, así como por el regidor panista Gabriel Soria, quienes respaldaron el señalamiento y reiteraron su compromiso de dar seguimiento puntual al caso.

El debate, sin embargo, no está en la ley, sino en la actitud. San Quintín atraviesa una crisis social y política que se ha ido acumulando sin contención efectiva. El bloqueo en la carretera Transpeninsular inició el lunes y este jueves cumple ya cuatro días activo, con afectaciones directas a la movilidad, la economía regional y la vida cotidiana de miles de personas. Aun así, la administración municipal ha respondido más con rigidez que con soluciones.

En lugar de desactivar el conflicto, la postura institucional ha sido la confrontación. Se privilegia el discurso de resistencia, la negación sistemática y una defensa cerrada del cargo que para muchos ciudadanos se percibe como arrogancia política. Gobernar desde el orgullo rara vez resuelve crisis; por el contrario, suele profundizarlas.

La propia alcaldesa, Miriam Cano, ha descartado cualquier concesión y ha exigido que los señalamientos en su contra se sometan exclusivamente a procesos legales formales. Durante una reunión con manifestantes que mantienen bloqueada la Transpeninsular, reiteró que no se puede emitir ningún veredicto sin investigaciones ni procedimientos jurídicos adecuados, y que su gobierno actuará conforme a la legalidad. El argumento es válido en el plano jurídico, pero insuficiente en el plano político y social.

Porque una cosa es la presunción de inocencia y otra muy distinta es la responsabilidad de conducción política. Los conflictos sociales no se resuelven solo en expedientes; se atienden con diálogo efectivo, autocrítica y decisiones que reduzcan la tensión. Hoy, San Quintín sigue detenido, literal y simbólicamente.

Este escenario resulta todavía más delicado si se considera que se trata del primer gobierno municipal electo en la historia de San Quintín. El nacimiento del municipio representaba una oportunidad histórica para sentar bases sólidas de gobernabilidad, cercanía ciudadana y madurez política. En cambio, el arranque ha estado marcado por señalamientos constantes, bloqueos, inconformidad social y una administración que parece más preocupada por no ceder que por recomponer el tejido social.

La renuncia, aunque políticamente costosa, es una figura contemplada en la ley para escenarios excepcionales. No implica culpabilidad automática ni derrota moral; implica reconocer que el conflicto ha rebasado a la figura en turno. Aferrarse al cargo, en cambio, cuando el municipio permanece paralizado, envía un mensaje de cerrazón y desgaste institucional.

Si tanto amor se dice tener por San Quintín, la pregunta no debería ser si la ley lo permite, sino si es lo mejor para el municipio. Gobernar también es saber hacerse a un lado cuando la permanencia se convierte en obstáculo.

La crisis sigue abierta, el bloqueo continúa y la tensión social no disminuye. El tiempo corre y cada día sin solución profundiza el desgaste del primer gobierno municipal de San Quintín. La historia no suele ser benévola con quienes confundieron firmeza con soberbia y liderazgo con berrinche político.

El exhorto fue presentado por las y los diputados del PAN María Yolanda Gaona, Diego Echevarría y Alejandrina Corral, quienes plantearon la necesidad de que la legisladora se apartara del cargo mientras se esclarece el origen de los recursos relacionados con el incidente ocurrido el pasado 5 de enero en el cruce fronterizo Mexicali–Calexico.

Lizbeth Mata Lozano señaló que la negativa de Morena a respaldar esta solicitud representa un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas, al tratarse de un órgano legislativo cuya función central es la revisión, fiscalización y vigilancia del ejercicio de los recursos públicos en el estado.

Indicó que la Comisión de Fiscalización del Gasto Público es una de las instancias más sensibles del Congreso, ya que de su trabajo depende la detección de irregularidades, el combate a la opacidad y la garantía de que los recursos públicos sean utilizados conforme a la ley, por lo que su presidencia debe recaer en perfiles que no enfrenten señalamientos pendientes de aclarar.

La dirigente estatal del PAN afirmó que, al rechazar el exhorto, la mayoría de Morena envía un mensaje negativo a la ciudadanía, al cerrar la puerta a una exigencia legítima de congruencia ética y responsabilidad política, privilegiando acuerdos internos por encima del interés público.

Mata Lozano sostuvo que la transparencia no debe entenderse como un ataque político, sino como una obligación inherente al ejercicio del poder público, especialmente cuando existen hechos que requieren ser aclarados ante la sociedad para evitar suspicacias o dudas sobre el actuar de quienes integran el Poder Legislativo.

Asimismo, subrayó que la separación temporal de un cargo no implica una presunción de culpabilidad, sino una medida preventiva que permite garantizar imparcialidad, credibilidad institucional y confianza ciudadana mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Finalmente, reiteró que Acción Nacional continuará señalando cualquier decisión que debilite los principios de legalidad, rendición de cuentas y ética pública, y aseguró que el PAN seguirá impulsando acciones legislativas para que los hechos sean esclarecidos y se actúe con responsabilidad en la vida pública de Baja California.

En conferencia de prensa, la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Lizbeth Mata Lozano, sostuvo que estos hechos estarían relacionados con presuntos delitos como delincuencia organizada, corrupción, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y huachicol fiscal, lo que —dijo— representa un escenario grave para la estabilidad institucional del estado y exige explicaciones claras a la ciudadanía.

Durante su posicionamiento, la dirigente panista mencionó a diversos funcionarios y exfuncionarios ligados a Morena que, aseguró, estarían involucrados en estas acciones por parte de autoridades estadounidenses. Entre los nombres citados se encuentran Marina del Pilar Ávila Olmeda, Carlos Torres Torres, Luis Samuel Guerrero Delgado, José Luis Dagnino López, Hilda Araceli Brown Figueredo, Alejandra Ang Hernández, Óscar Eduardo Castro Castro, Juan Francisco Gim Nogales, César Iván Sandoval Gámez, Mario Alberto López Hernández, Alex Tonatiuh Márquez Hernández y Jaime Eduardo Cantón Rocha.

Uno de los señalamientos que el PAN puso sobre la mesa fue el caso de la diputada Alejandra Ang Hernández, a quien se le atribuye el presunto traslado de entre 600 mil y 800 mil pesos en efectivo hacia Estados Unidos. Mata Lozano consideró que este hecho podría configurar un posible acto de corrupción, por lo que exigió que la legisladora sea separada de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, solicite licencia a su cargo y explique públicamente el origen del dinero.

En el mismo sentido, los diputados del PAN Diego Echevarría y Alejandrina Corral informaron que presentarán una solicitud formal ante el Pleno del Congreso de Baja California para que se transparente la procedencia de los recursos, recordando que la legislación mexicana prohíbe portar más de 100 mil pesos en efectivo sin justificar su origen. Subrayaron que la legisladora deberá responder conforme a la ley ante las autoridades correspondientes, tanto en México como en Estados Unidos.

Finalmente, Acción Nacional sostuvo que estos señalamientos, de confirmarse, evidenciarían fallas graves en los mecanismos de control y rendición de cuentas, por lo que reiteró su exigencia de investigaciones a fondo, transparencia y consecuencias legales, a fin de garantizar la gobernabilidad y la confianza ciudadana en Baja California.

Mata Lozano criticó que el gobierno federal pudiera estar manipulando información para generar cortinas de humo y desviar la atención de la crisis que enfrentan algunos funcionarios y empresarios vinculados a la red de financiamiento ilícito conocida como “huachicol fiscal”, así como otros casos de corrupción en Morena. La dirigente subrayó que la conducta de Acción Nacional ha sido de total transparencia, citando que Ruffo Appel ha puesto toda la documentación a disposición de las autoridades y ha exigido investigaciones a fondo, sin ampararse en fueros ni inventar complots.

En la misma línea, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó en conferencia que no existen órdenes de aprehensión en contra de Ernesto Ruffo Appel ni del exsenador Gerardo Novelo Osuna por el delito de huachicoleo fiscal, despejando cualquier duda sobre procedimientos judiciales en curso.

La presidenta del PAN enfatizó que las investigaciones deben dirigirse a identificar a los verdaderos responsables del “huachicol fiscal” y conducirse con total claridad, sin afectar la trayectoria de ciudadanos íntegros como Ruffo Appel, quien ha mantenido una conducta pulcra tanto en su vida pública como profesional.

Durante el evento

Burgueño destacó la importancia de trabajar en unidad bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, adoptando su visión humanista para construir una Tijuana con mejores oportunidades. También reconoció el apoyo permanente de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda para el desarrollo municipal.

Este informe, elaborado en colaboración con el Instituto Tecnológico Nacional de México, forma parte de un mecanismo voluntario de evaluación que incluye a 100 municipios del país. Complementa así el Informe Nacional Voluntario que México presenta ante la ONU.

“El Informe Subnacional Voluntario nos permite identificar avances, retos y áreas de oportunidad en el ejercicio de gobierno. Evaluar nos da rumbo y certeza; lo que no se mide, no se puede mejorar”, expresó el alcalde.

Desde el inicio de su administración, se alineó el Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, con énfasis en la justicia social, igualdad de oportunidades y bienestar colectivo.

Entre los avances más destacados se encuentran:

• ODS 2: Hambre Cero. Se invirtieron 28 millones de pesos para beneficiar a más de 437 mil personas con apoyos económicos y en especie, para atender necesidades alimentarias inmediatas y erradicar la carencia alimentaria de forma estructural.
• ODS 1: Fin de la Pobreza. Con una inversión de más de 92 millones de pesos, se apoyó a 442 mil personas mediante apoyos, capacitación y pláticas preventivas.
• ODS 8: Empleo Decente y Crecimiento Económico. Se otorgaron recursos por 45 millones de pesos a mil 132 personas para fortalecer el tejido productivo y el emprendimiento.
• ODS 14: Vida Submarina. La creación de la Secretaría del Medio Ambiente permitió que Tijuana cubra integralmente los 17 ODS establecidos por la ONU.

Burgueño Ruiz anunció que el informe será entregado a nivel federal ante la Secretaría de Economía y publicado en el portal oficial de la ONU, reafirmando el compromiso municipal con la transparencia y el desarrollo sostenible.

Destacó la participación de más de 44 mil tijuanenses que contribuyeron con ideas y propuestas para este documento, y agradeció la colaboración de instituciones académicas y organizaciones civiles.

Para cerrar, hizo un llamado a seguir trabajando en unidad, pues “la experiencia de la ciudadanía es fundamental para nutrir este proyecto transformador”.

Al evento asistieron la Síndica Procuradora Teresita Balderas Beltrán, el secretario de Gobierno Arnulfo Guerrero León, la directora de COPLADE Brígida Fernanda Rubio, regidores, diputados y funcionarios municipales.