De acuerdo con lo expuesto por el propio Salgado Chávez, la Fiscalía General de la República determinó concluir las indagatorias que lo vinculaban de manera preliminar con presuntas actividades ilícitas, luego de que el caso fuera analizado conforme a los procedimientos legales correspondientes.

El empresario explicó que dicha investigación se originó a partir de una denuncia anónima, lo que generó en su momento una serie de especulaciones y señalamientos públicos que derivaron en atención mediática y debate en distintos sectores, particularmente por la inclusión de su nombre en una lista difundida en redes y otros espacios.

En ese contexto, recordó que en meses anteriores su nombre apareció junto al de otras personas, algunas vinculadas a la actividad política, lo que intensificó el interés público sobre el caso y generó diversas interpretaciones sobre su situación jurídica.

Tras darse a conocer el cierre del expediente, Salgado Chávez sostuvo que continuará defendiendo su reputación, y enfatizó que la resolución de la autoridad federal refleja la importancia de que los casos se resuelvan a través de las instituciones y bajo el debido proceso, evitando juicios anticipados o conclusiones sin sustento legal.

Asimismo, al ser cuestionado sobre el estatus de otras personas mencionadas en la misma denuncia, el empresario indicó que no cuenta con información sobre la situación jurídica de los demás señalados, por lo que prefirió no emitir comentarios al respecto.

El cierre de este expediente ocurre en un contexto de creciente actividad política y mediática, donde continúan surgiendo posicionamientos y señalamientos públicos en distintos frentes, particularmente ante el inicio de nuevos escenarios rumbo a procesos electorales.

Durante el evento realizado en la Base Aérea Militar No. 1, la mandataria destacó que este proyecto no solo representa la creación de un automóvil, sino el inicio de un nuevo ecosistema industrial basado en el conocimiento, la ciencia y la creatividad de las y los mexicanos. Subrayó que Olinia simboliza el avance de un país que busca consolidarse en el desarrollo tecnológico global con talento propio.

El vehículo está diseñado para transportar hasta seis personas, todas con cinturón de seguridad, e incluso contempla espacio para una persona en silla de ruedas, lo que lo convierte en una opción incluyente dentro del mercado de movilidad. Además, cuenta con una autonomía superior a los 125 kilómetros por carga y un costo de operación de apenas 49 centavos por kilómetro, lo que representa un ahorro significativo frente a vehículos de combustión.

Uno de los aspectos más relevantes es su precio estimado desde 150 mil pesos, IVA incluido, lo que lo posiciona como una alternativa accesible. De acuerdo con estimaciones oficiales, un usuario podría ahorrar más de 50 mil pesos al año únicamente en combustible, haciendo que el vehículo prácticamente se pague con el ahorro generado.

El proyecto contempla que las primeras unidades comiencen a entregarse en el verano de 2027, mientras que de forma paralela se trabaja en la instalación de infraestructura de carga, con al menos dos mil puntos proyectados en distintas regiones del país.

Además, se informó que Olinia cuenta actualmente con un 50 por ciento de contenido nacional, con la meta de alcanzar el 75 por ciento para el año 2030, impulsando así la industria local y la participación de universidades, centros de investigación y empresas mexicanas.

Con una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, el vehículo está pensado principalmente para trayectos urbanos cortos, priorizando la seguridad, eficiencia y sostenibilidad. También destaca por no generar emisiones contaminantes ni ruido, alineándose con los objetivos ambientales del país.

Este lanzamiento marca un paso estratégico para México en el sector de la electromovilidad, apostando por el desarrollo propio y la reducción de costos para los usuarios, en un contexto donde la transición energética se vuelve cada vez más urgente.

El encuentro no fue menor. Sobre la mesa se plantearon temas clave como desarrollo económico, infraestructura, movilidad, turismo, intercambio cultural y fortalecimiento de comunidades fronterizas, rubros que hoy definen la competitividad entre ciudades que comparten una relación directa como Baja California y California.

La alcaldesa destacó que estos acercamientos permiten ir más allá del discurso, al abrir la puerta a esquemas reales de cooperación que pueden traducirse en inversión, oportunidades y crecimiento para Ensenada, en un momento donde la región demanda mayor integración económica.

“Seguimos generando vínculos con actores clave de nuestra región binacional para abrir nuevas oportunidades de colaboración que favorezcan el crecimiento económico, la promoción turística y el bienestar de nuestras comunidades”, expresó.

Agatón Muñiz subrayó que la cercanía geográfica, económica y social entre ambas regiones obliga a fortalecer el diálogo con liderazgos que influyen directamente en decisiones estratégicas, desde infraestructura hasta políticas públicas que impactan a miles de familias a ambos lados de la frontera.

En ese contexto, reiteró que la gira de trabajo en el sur de California tiene como objetivo atraer oportunidades, compartir experiencias exitosas y posicionar a Ensenada como un municipio competitivo dentro de una dinámica internacional cada vez más exigente.

Por su parte, Hilda Solís cuenta con una trayectoria consolidada en la política estadounidense. Entre 2009 y 2013 formó parte del gabinete del expresidente Barack Obama como Secretaria de Trabajo de Estados Unidos, convirtiéndose en la primera mujer latina en ocupar ese cargo.

Desde esa posición, encabezó políticas laborales a nivel federal en una de las economías más grandes del mundo, impulsando acciones en defensa de los derechos de los trabajadores, generación de empleo y condiciones laborales más seguras.

Actualmente, preside la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, una de las estructuras de gobierno local más influyentes de Estados Unidos, lo que da peso político al acercamiento sostenido con la administración de Ensenada.

En la reunión, representantes del sector constructor expusieron las principales problemáticas que enfrentan actualmente, entre ellas la falta de oportunidades en grandes obras, la competencia desigual y la necesidad de fortalecer la proveeduría regional. Ante este panorama, Eva Moreno aseguró que desde el ámbito federal se están generando condiciones para que las empresas locales no solo participen, sino que se conviertan en protagonistas del crecimiento económico.

La legisladora explicó que el Plan México contempla una serie de acciones estratégicas enfocadas en el desarrollo de infraestructura, considerada uno de los principales motores para dinamizar la economía. En ese sentido, subrayó que la instrucción es clara: priorizar a las empresas regionales como constructoras, proveedoras de insumos y prestadoras de servicios en proyectos federales.

Moreno enfatizó que este enfoque no solo busca fortalecer el mercado interno, sino también generar empleos, reactivar cadenas productivas y consolidar economías locales más sólidas. Añadió que el objetivo es que el crecimiento económico no se concentre en unos cuantos, sino que se distribuya de manera más equitativa en las distintas regiones del país.

Asimismo, reconoció que el sector de la construcción enfrenta retos importantes, pero también grandes oportunidades ante el panorama de inversión que se proyecta en los próximos años. Señaló que vienen etapas de transformación en las que se impulsarán proyectos de vivienda, infraestructura urbana y equipamiento, lo que representa una ventana de crecimiento para las empresas del ramo.

Durante el encuentro, directivos de la CMIC en Mexicali, encabezados por Germán Vidal, junto con Alfredo Gómez Ramírez y Marco Polo Encinas, coincidieron en la importancia de mantener el diálogo con autoridades y representantes federales, a fin de construir soluciones que permitan fortalecer al sector y garantizar su participación en los proyectos estratégicos.

Finalmente, Eva Moreno reiteró que el compromiso es trabajar de la mano con el sector empresarial para consolidar un modelo de desarrollo incluyente, en el que las empresas locales tengan un papel central y se conviertan en motor del crecimiento económico en Baja California y el resto del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que Rocha se encuentra en Sinaloa, incluso con medidas de seguridad reforzadas derivadas de análisis de riesgo. Sin embargo, esa versión convive con la postura de autoridades estadounidenses que mantienen abierta una investigación en su contra, generando una especie de doble escenario político donde la presencia y la ausencia del exmandatario parecen coexistir.

Esta tensión no se limita al terreno político. En paralelo, el frente financiero ha comenzado a tomar un papel relevante con acciones que buscan impactar directamente en las estructuras económicas relacionadas con redes delictivas. La Unidad de Inteligencia Financiera ha confirmado medidas de inmovilización preventiva dentro de la Lista de Personas Bloqueadas, derivadas de reportes emitidos por instituciones bancarias mexicanas tras alertas generadas por autoridades de Estados Unidos.

Dichas alertas no surgen de manera aislada. La coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros ha permitido identificar operaciones financieras atípicas, transferencias internacionales y posibles esquemas relacionados con el manejo de recursos de origen ilícito. En este contexto, el bloqueo de cuentas no representa una sentencia, pero sí una acción preventiva que limita el acceso al sistema financiero mientras continúan las investigaciones.

El alcance de estas medidas también se vincula con reportes sobre el congelamiento de cuentas bancarias relacionadas con figuras políticas de Sinaloa, incluyendo al propio Rocha Moya y personas de su entorno. Aunque no existe un posicionamiento público detallado en todos los casos, la operación de estos mecanismos evidencia una presión creciente desde el ámbito financiero, tanto nacional como internacional.

A esto se suma un contexto político complejo, donde la narrativa oficial intenta contener el impacto de los señalamientos, mientras el flujo de información desde Estados Unidos mantiene activo el tema en la agenda pública. La falta de definiciones claras por parte de instancias nacionales, como la Fiscalía General de la República, refuerza la percepción de que el caso se mueve en distintos niveles, sin una conclusión visible en el corto plazo.

En medio de este escenario, la figura de Rocha Moya se mantiene en una especie de limbo político. Por un lado, respaldado desde su partido; por otro, señalado en el ámbito internacional; y en paralelo, impactado por medidas financieras que buscan frenar posibles flujos de recursos. La combinación de estos factores refleja un momento donde la política, la justicia y el sistema financiero convergen en un mismo punto.

Lo que está en juego ya no es únicamente la situación de un funcionario, sino la forma en que las instituciones responden ante señalamientos de alto nivel. La narrativa oficial intenta sostener una versión, mientras las acciones financieras y los procesos internacionales construyen otra. Entre ambas, la ciudadanía observa un caso que sigue abierto y que, hasta ahora, continúa sin una definición clara.

La dirigente estatal del PAN, Lizbeth Mata Lozano, confirmó que fueron presentadas dos denuncias formales ante la Junta Local Ejecutiva del INE en Baja California, dirigidas tanto contra Julieta Ramírez como contra Armando Ayala. En ellas se plantean posibles violaciones a la normatividad electoral que van desde actos anticipados de campaña hasta promoción personalizada y el eventual uso indebido de recursos públicos, en un contexto donde cada movimiento político comienza a ser observado con mayor detalle.

En el caso de la senadora Julieta Ramírez, Acción Nacional sostiene que existe un patrón sostenido de posicionamiento político que rebasa los límites de un informe legislativo. Señalan que no se trata de hechos aislados, sino de una estrategia que incluyó jornadas de servicios, presencia constante en redes sociales, colocación de propaganda física como lonas y bardas, así como actividades de contacto directo con la ciudadanía mediante entrega de apoyos. Todo esto, argumentan, podría configurar una ventaja indebida al adelantar tiempos electorales.

Por otro lado, el señalamiento contra Armando Ayala se centra en la continuidad de actividades públicas con tintes de promoción política incluso después de los periodos permitidos para difundir informes legislativos. De acuerdo con el PAN, la realización de asambleas informativas, recorridos y difusión digital constante podría interpretarse como una forma de posicionamiento anticipado en una contienda que, aunque todavía no inicia formalmente, ya se juega en la percepción pública.

Este escenario toma mayor relevancia al considerar que Morena, a través de su Consejo Estatal, decidió retirar los señalamientos internos contra Julieta Ramírez al argumentar falta de pruebas, pese a que semanas antes había solicitado el retiro de propaganda como medida cautelar. Esa decisión, lejos de cerrar el caso, abrió un contraste claro entre la resolución partidista y el curso legal que ahora seguirá en manos de la autoridad electoral.

El trasfondo de estas denuncias no ocurre en un vacío. En Ensenada y en Baja California, la sucesión política ya comenzó a tomar forma, incluso con más de un año de anticipación. Los nombres circulan, las estructuras se mueven y los posicionamientos se construyen en medio de un ambiente marcado por el desgaste institucional y una ciudadanía cada vez más crítica, que observa con reserva cualquier intento de adelantarse a los tiempos oficiales.

En ese contexto, Morena mantiene una base electoral importante, pero también enfrenta cuestionamientos sobre sus perfiles y sus formas de hacer política, mientras que la oposición intenta capitalizar el descontento y colocarse como una alternativa viable. Sin embargo, el reto no es menor: el electorado no solo está más informado, sino también más exigente, lo que obliga a todos los actores a cuidar cada paso.

Así, lo que hoy parece una disputa legal entre partidos también es una señal de lo que viene: una contienda donde la narrativa, la legalidad y la percepción pública jugarán un papel determinante. Más que una simple diferencia política, el caso de Julieta Ramírez y Armando Ayala podría convertirse en uno de los primeros filtros reales rumbo al proceso electoral de 2027.

La actual presidenta municipal, Claudia Agatón, aparece como una de las figuras centrales rumbo a 2027, con presencia en mediciones internas y externas que la colocan como posible candidata a la reelección. Sin embargo, el escenario no es cómodo: el nivel de rechazo supera ampliamente la aprobación, evidenciando una desconexión entre el posicionamiento partidista de Morena y la percepción que una parte importante de la ciudadanía tiene sobre su gestión. Aun así, el partido mantiene una base sólida que podría ser determinante en el proceso.

En la oposición, el panorama es fragmentado pero activo. Adrián García, regidor del PAN, ha buscado construir presencia a través de agenda en Cabildo, abordando temas como seguridad, salud y regulación, intentando proyectarse como una alternativa viable. En ese mismo espacio, Iván Nolasco Cruz trabaja en posicionamientos vinculados a temas ambientales y de servicios públicos, aunque ambos enfrentan el reto de competir contra el desgaste histórico del partido.

El PRI, por su parte, intenta mantenerse vigente con perfiles como Eloísa Talavera, en un contexto donde la marca arrastra una carga negativa que complica su competitividad electoral. Mientras tanto, Movimiento Ciudadano apuesta por figuras como Héctor Adrián Trejo Dozal, enfocando su discurso en la transparencia, el combate a la corrupción y la cercanía con sectores jóvenes que han mostrado creciente desencanto con las fuerzas políticas tradicionales.

En paralelo, partidos como el PT y el PES también comienzan a moverse, aunque su desafío principal sigue siendo consolidar estructura territorial y presencia real en una contienda que, conforme avance, exigirá mucho más que posicionamientos discursivos.

El contexto estatal y nacional tampoco juega a favor de nadie. Los señalamientos de corrupción, procesos judiciales y auditorías en distintos niveles de gobierno han alimentado un ambiente de desconfianza que impacta directamente en la percepción del electorado. En este escenario, analistas advierten que el abstencionismo podría convertirse en un factor determinante, reflejando más un desencanto generalizado que una falta de opciones.

Más allá de nombres y partidos, la elección de 2027 en Ensenada comienza a perfilarse como una disputa entre la narrativa de continuidad y una ciudadanía que exige resultados concretos. El reto no será únicamente ganar una elección, sino convencer a un electorado cada vez más crítico, menos tolerante a promesas y más atento a los resultados reales.

El nombramiento se da en sustitución de Luis Felipe Ledezma, en un contexto donde la administración municipal ha señalado la necesidad de consolidar un gobierno más eficiente, con mayor capacidad de respuesta y enfocado en resultados tangibles para la ciudadanía, particularmente en una de las áreas consideradas estratégicas para dar seguimiento a proyectos de corto, mediano y largo plazo contemplados dentro del plan de desarrollo municipal.

De acuerdo con lo expuesto por la alcaldesa, la Coordinación de Proyectos Estratégicos juega un papel fundamental en la articulación de acciones que permiten impulsar infraestructura, turismo, desarrollo económico y mejora de servicios, por lo que la llegada de Julio Sesma responde a la intención de fortalecer la estructura técnica del Ayuntamiento con perfiles especializados que puedan acelerar procesos y mejorar la ejecución de iniciativas clave para Ensenada.

El nuevo funcionario cuenta con más de 24 años de experiencia en planeación, desarrollo y financiamiento de infraestructura, además de haber participado en la elaboración de más de 200 estudios relacionados con proyectos del sector público y privado, lo que lo posiciona como un perfil con conocimiento técnico y operativo para asumir una de las áreas más sensibles dentro de la administración municipal.

Por su parte, Julio Sesma señaló que su gestión estará enfocada en consolidar una visión integral del desarrollo del municipio, trabajando sobre cuatro ejes principales: desarrollo económico, movilidad urbana, turismo y desarrollo sustentable, además de impulsar una dinámica de coordinación con organismos empresariales, instituciones académicas y sociedad civil, con el objetivo de lograr proyectos viables, sostenibles y con impacto real en la calidad de vida de la población.

Finalmente, la presidenta municipal reconoció el trabajo realizado por Luis Felipe Ledezma al frente de la coordinación, destacando su compromiso en el impulso de proyectos que han contribuido al crecimiento ordenado de Ensenada, en un relevo que marca una nueva etapa para una de las áreas clave en la planeación del futuro del municipio.

La propia mandataria reforzó esta postura mediante un mensaje difundido en sus redes sociales, en el que aseguró que continuará con sus actividades oficiales de manera normal, en un intento por frenar la especulación política que ha crecido en las últimas horas en torno a su permanencia en el cargo.

El posicionamiento ocurre en un contexto internacional que ha elevado la presión sobre México, luego de que Donald Trump presentara la nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, un plan que endurece el enfoque del gobierno estadounidense contra los cárteles y el tráfico de fentanilo, al considerar a estas organizaciones como amenazas terroristas y al propio fentanilo ilícito como una posible arma de destrucción masiva.

De acuerdo con el documento, Estados Unidos busca atacar tanto la oferta como la demanda de drogas, pero pone especial énfasis en desmantelar las estructuras de las organizaciones criminales transnacionales que producen, transportan y distribuyen sustancias como fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia territorio estadounidense.

En este escenario, México es señalado como un país clave dentro de la estrategia, al ser considerado punto central en la producción de drogas sintéticas. El plan establece la necesidad de incrementar decomisos de precursores químicos, desarticular narcolaboratorios y reducir la capacidad operativa de los cárteles, además de fortalecer acciones como detenciones, extradiciones y combate a redes financieras vinculadas al narcotráfico.

La estrategia también advierte que podrían aplicarse sanciones económicas, restricciones financieras e investigaciones contra gobiernos, empresas o actores que no colaboren en el combate a estas redes, lo que eleva la presión política y diplomática sobre distintos niveles de gobierno en México.

En paralelo, el contexto local se ha visto marcado por versiones sobre cancelaciones de visas hacia figuras públicas en Baja California, un tema que, aunque sin información oficial detallada, ha generado interpretaciones sobre posibles sanciones indirectas que impactan la percepción pública y la credibilidad institucional.

El panorama se vuelve aún más complejo al considerar antecedentes recientes en otras entidades del país, donde funcionarios han sido señalados en procesos judiciales en cortes estadounidenses por presuntos vínculos con organizaciones criminales, lo que ha incrementado el escrutinio internacional sobre la política mexicana.

En este entorno, los rumores sobre una posible licencia de la gobernadora se insertan en un escenario de alta tensión política, donde factores externos comienzan a influir en la narrativa pública local, especialmente de cara al proceso electoral de 2027.

Por ahora, la postura oficial es clara: no habrá solicitud de licencia y la gobernadora continuará con su agenda. Sin embargo, el contexto internacional, la presión diplomática y los señalamientos que rodean a distintos actores políticos mantienen abierto el debate sobre la estabilidad, la credibilidad y el rumbo del gobierno en Baja California.

De acuerdo con la propia encuestadora, Massive Caller utiliza un sistema automatizado de llamadas masivas para medir la opinión pública de forma rápida, asegurando que elimina el sesgo humano en la recolección de datos, lo que —según su metodología— permite obtener resultados precisos en menor tiempo y a menor costo.

En Ensenada, Morena encabeza las preferencias con 39.3%, seguido por el Partido Acción Nacional con 18.3% y el Partido Revolucionario Institucional con 9.8%. No obstante, la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz enfrenta un 67.7% de rechazo a la reelección, evidenciando una contradicción entre la fuerza de la marca partidista y el desgaste de sus liderazgos locales. Esta diferencia entre intención de voto y aceptación refleja un escenario donde el respaldo al partido no necesariamente se traduce en apoyo a sus figuras.

En Mexicali, el escenario es más competitivo. Morena registra 37.1%, mientras el PAN alcanza 22.5% con una figura posicionada como Gustavo Sánchez Vásquez. En este municipio, la oposición muestra mayor margen de crecimiento, especialmente si logra capitalizar el descontento ciudadano y consolidar una propuesta sólida. Los indecisos, que representan un porcentaje significativo del electorado, podrían definir el resultado final.

Por su parte, en Tijuana, Morena mantiene ventaja con 45.2%, pero el alcalde Ismael Burgueño Ruiz enfrenta un 58% de rechazo a la reelección. Aunque lidera las preferencias internas, la percepción pública muestra señales de desgaste, lo que abre una ventana de oportunidad para otras fuerzas políticas si logran articular una alternativa creíble.

El contexto estatal también se ha visto influido por episodios que han generado debate público y cuestionamientos hacia la clase política, como los señalamientos en torno a Carlos Torres Torres y la polémica por la revocación de visas en Estados Unidos que alcanzó a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Estos hechos han tenido impacto en la percepción ciudadana y han contribuido a fortalecer una narrativa de desconfianza.

A nivel nacional, el panorama también incide en la opinión pública, particularmente con procesos judiciales en Estados Unidos relacionados con redes de narcotráfico vinculadas al Cártel de Sinaloa. Aunque se trata de acusaciones que deben resolverse en tribunales, su difusión ha influido en la percepción sobre la integridad de las estructuras de poder.

En Baja California, además, se han documentado esquemas como el “huachicol fiscal”, relacionados con la evasión de impuestos en la importación de combustibles, lo que ha generado pérdidas económicas importantes y ha reforzado la percepción de prácticas irregulares dentro de distintos niveles.

Frente a este escenario, Morena conserva ventaja en números, pero enfrenta un desgaste político que podría incidir en el resultado electoral si la tendencia de desconfianza se mantiene. El PAN y el PRI mantienen posibilidades, particularmente en municipios donde la contienda es más cerrada, mientras que Movimiento Ciudadano podría crecer entre el electorado indeciso.

Más allá de los porcentajes, el proceso electoral de 2027 se perfila como una contienda donde la confianza ciudadana será determinante. La decisión final no solo dependerá de las encuestas, sino de la percepción sobre la capacidad, credibilidad y resultados de quienes buscan gobernar.