El secretario del Trabajo, Alejandro Arregui Ibarra, informó que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo presentó el expediente correspondiente ante el Tribunal Laboral, solicitando un embargo precautorio como medida legal para garantizar el pago de las prestaciones pendientes a favor de las y los trabajadores afectados.

Detalló que esta acción se sustenta en el incumplimiento por parte de la empresa, situación que ha generado incertidumbre y afectaciones económicas directas a las familias involucradas, por lo que se determinó actuar de manera firme para salvaguardar los derechos laborales.

En ese sentido, el Tribunal Laboral de Ensenada aprobó el embargo precautorio de bienes de la empresa, el cual asciende a 23 millones 33 mil 263 pesos con 11 centavos, monto que busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones patronales mientras avanza el proceso legal.

“Las y los trabajadores no están solos y por eso estamos actuando con firmeza para que no se vulneren sus derechos y garantizar que se les pague lo que por ley les corresponde, utilizando todos los recursos legales necesarios para el bienestar de ellos y el de sus familias”, destacó Arregui Ibarra.

De manera paralela, personal del Servicio Nacional de Empleo brindó orientación y acompañamiento a las y los trabajadores, con el objetivo de facilitar su acceso a nuevas oportunidades laborales y apoyar su pronta reincorporación al mercado laboral.

Desde una perspectiva periodística, este caso refleja una respuesta institucional más activa frente a conflictos laborales en la región, donde el uso de medidas cautelares como el embargo precautorio busca evitar que las empresas evadan responsabilidades, al tiempo que envía un mensaje claro sobre la protección de los derechos de las y los trabajadores en Ensenada.

El titular de la STPS en el estado, Alejandro Arregui Ibarra, informó que desde finales de marzo se ha brindado atención directa al personal afectado, con el objetivo de orientarles en los procedimientos legales correspondientes.

“Como parte de este acompañamiento iniciamos las solicitudes de conciliación prejudicial, realizamos cálculos individuales, brindamos asesoría jurídica y dimos seguimiento puntual a cada caso, con el propósito de que las y los trabajadores cuenten con información clara y respaldo institucional ante el incumplimiento de la empresa”, explicó el funcionario.

De acuerdo con la dependencia estatal, el proceso inició en el Centro de Conciliación Laboral, donde se promovió el diálogo entre las partes para buscar una solución mediante acuerdos voluntarios que permitieran cubrir los adeudos laborales.

El 7 de abril se realizó un primer acercamiento formal, en el que un grupo de trabajadores acudió al Centro de Conciliación Laboral con asesoría privada para escuchar una propuesta económica por parte de la empresa para cubrir las prestaciones pendientes; sin embargo, dicha propuesta no fue aceptada en ese momento.

Posteriormente, durante el periodo formal de audiencias, la empresa no atendió los citatorios emitidos por el Centro de Conciliación Laboral, por lo que se procedió a emitir las constancias de “no conciliación”, documento que permite a las y los trabajadores continuar el proceso en la vía judicial.

Además, el propio Centro de Conciliación Laboral impuso multas a la empresa por incumplir con los citatorios, las cuales superan los 1.4 millones de pesos.

Ante este escenario, la Secretaría del Trabajo indicó que continuará brindando acompañamiento a los trabajadores mediante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, instancia que puede representarles en la presentación de demandas ante el Tribunal Laboral.

Entre las acciones que podrían solicitarse se contempla un embargo precautorio, con el objetivo de garantizar el pago de salarios y prestaciones pendientes, así como la protección de los derechos laborales de las personas afectadas.

Las autoridades estatales reiteraron que el nuevo modelo de justicia laboral busca garantizar procesos más ágiles, transparentes y con acompañamiento institucional, para que las y los trabajadores tengan acceso a una justicia pronta y efectiva en caso de conflictos laborales.

Desde el PAN, senadoras y senadores anunciaron que exigirán que la reforma se implemente con reglas claras, sin dilaciones y garantizando esquemas de cinco días de trabajo por dos de descanso. A su juicio, el planteamiento actual mantiene esquemas de seis días laborados por uno de descanso y, además, contempla ampliar el límite de horas extraordinarias semanales de nueve a doce, lo que, aseguran, contradice el espíritu de la reducción de jornada.

El grupo parlamentario advirtió que una reforma mal diseñada podría terminar afectando la salud, la calidad de vida y el equilibrio entre trabajo y vida personal de millones de personas, además de poner en riesgo la viabilidad de miles de micro, pequeñas y medianas empresas si no se contemplan apoyos fiscales y financieros para la transición.

Los legisladores de Acción Nacional sostienen que México continúa entre los países con mayor número de horas trabajadas al año dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con más de 2 mil 100 horas anuales en promedio, mientras que naciones como Francia, Alemania, Italia y España registran jornadas efectivas de entre 34 y 36 horas semanales. En este contexto, el PAN plantea que la reducción debe traducirse en beneficios reales, no solo en cambios discursivos.

En contraste, el Grupo Parlamentario de Morena informó que el Senado aprobó por unanimidad la reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, estableciendo una implementación gradual entre 2026 y 2030, con protección del salario íntegro y regulación del trabajo extraordinario.

La senadora Cynthia López Castro destacó que la reforma coloca en el centro la salud mental, la dignidad y el bienestar de la clase trabajadora, con un impacto particularmente relevante para las mujeres, quienes enfrentan una doble jornada al combinar empleo remunerado con trabajo doméstico y de cuidados.

Desde Morena se subraya que la reducción de la jornada permitirá disminuir el estrés laboral, prevenir enfermedades asociadas al exceso de trabajo, incrementar la productividad con bienestar, favorecer la conciliación familiar y generar tiempo para el desarrollo personal, educativo, cultural y deportivo.

Más allá de las posturas partidistas, el debate revela un punto de coincidencia: México necesita transitar hacia un modelo laboral más humano. Sin embargo, la diferencia radica en el cómo. Mientras Morena resalta el carácter histórico de la reforma, el PAN insiste en que sin reglas claras y sin una auténtica transformación de los esquemas de descanso, el cambio corre el riesgo de quedarse corto.

El reto para el Poder Legislativo será construir un dictamen que combine viabilidad económica, protección al empleo y beneficios tangibles para las y los trabajadores, evitando que una de las reformas más esperadas de los últimos años se convierta en una oportunidad perdida.

Autoridades estatales destacaron que esta actualización salarial contribuye a recuperar un 154% del poder adquisitivo, y posiciona a Baja California como referente nacional en políticas laborales que buscan mejorar la calidad de vida de la población trabajadora. El incremento se alinea con el objetivo federal de garantizar que para 2030 todas y todos puedan cubrir 2.5 canastas básicas, mientras que en el estado se avanza hacia un estándar aún más alto: 2.8 canastas básicas.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Alejandro Arregui Ibarra, subrayó que Baja California ha mantenido un liderazgo sostenido en recuperación salarial desde 2021, cuando iniciaron incrementos consecutivos que han elevado el salario mínimo más allá de cualquier registro previo. De 2021 a 2025, el ingreso básico pasó de $213.39 a $419.88 pesos diarios, un salto sin precedentes en beneficio directo de las y los trabajadores.

Arregui resaltó que las zonas fronterizas requieren políticas firmes que protejan el ingreso ante el costo de vida más elevado, y aseguró que el incremento anunciado “no solo dignifica el trabajo, también evidencia el compromiso de la Cuarta Transformación con quienes sostienen la economía del estado”.

También recordó que este aumento ha sido acompañado por reformas laborales que fortalecen derechos fundamentales, como la Ley Silla, el incremento de vacaciones y la ruta hacia la jornada laboral de 40 horas, que avanzará conforme a los acuerdos federales. Estas políticas, señaló, tienen el propósito de consolidar un entorno más justo, estable y protector para la clase trabajadora.

Finalmente, el Gobierno del Estado reiteró que continuará coordinándose con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México para garantizar que estos avances lleguen a todas y todos y se mantengan como parte de una política laboral duradera.

El titular de la STPS, Alejandro Arregui Ibarra, informó que los 192 trabajadores quedaron sin salario y sin prestaciones desde el cierre, situación que detonó múltiples denuncias laborales por incumplimiento patronal. Ante ello, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo activó un acompañamiento integral que incluye asesoría, preparación de expedientes, representación jurídica y enlace directo con el Centro de Conciliación Laboral.

Durante la audiencia conciliatoria realizada este 8 de diciembre, trabajadores y representantes de la empresa estuvieron presentes; sin embargo, al no presentar el corporativo ninguna propuesta ni intención de reparación inmediata, la fase conciliatoria quedó agotada. Esto permitió que la Procuraduría asumiera la representación legal formal de 190 empleados, quienes avanzan ahora hacia una demanda colectiva que exigirá salarios devengados, pago de prestaciones omitidas y las garantías que establece la legislación laboral.

En el caso de Ensenada, el cierre del casino Skampa dejó sin ingresos a decenas de familias que dependían directamente de esta fuente de trabajo. De acuerdo con la STPS, la falta de respuesta de los propietarios ha incrementado la preocupación de los trabajadores, quienes además han manifestado que no han recibido comunicación clara sobre el futuro de la empresa ni sobre liquidaciones, finiquitos u otros derechos laborales pendientes. Muchos de ellos, con más de cinco, diez e incluso quince años de servicio, quedaron de un día para otro sin seguridad económica.

Arregui Ibarra destacó que el gobierno estatal no permitirá que ninguna empresa evada sus obligaciones laborales, especialmente cuando deja en vulnerabilidad a quienes sostienen su operación. Subrayó que la actuación de la STPS será firme, progresiva y transparente, garantizando que los trabajadores no enfrenten solos los procesos legales que se desprendan de este caso.

Además, la dependencia indicó que el acompañamiento será permanente, desde la integración de pruebas hasta el seguimiento del proceso judicial y eventual cumplimiento de resoluciones. El objetivo es asegurar que cada trabajador reciba lo que le corresponde por derecho, así como sentar un precedente para evitar que situaciones similares se repitan en Baja California.

El secretario reiteró que la protección de los derechos laborales es una prioridad del Gobierno del Estado y reafirmó el llamado a las empresas para actuar con responsabilidad, ya que la omisión en el cumplimiento de sus obligaciones impacta directamente en la economía de cientos de familias y en la confianza del sector laboral.

La primera edil destacó que estos resultados forman parte del esfuerzo por transformar la atención ciudadana y fortalecer la confianza en las instituciones municipales a través de un gobierno digital más ágil, eficiente y transparente.

Explicó que las acciones implementadas han fortalecido el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), lo que permitió que durante el último año se establecieran 101 nuevas empresas en el municipio, generando un total de 501 empleos directos.

“Reducir requisitos y tiempos no solo significa simplificar procesos, sino abrir puertas a nuevas oportunidades. Cada negocio que nace es un motor que impulsa nuestra economía local y mejora la calidad de vida de las familias ensenadenses”, expresó la alcaldesa.

Como parte de la estrategia, recordó que en enero pasado se instaló el Consejo Municipal de Mejora Regulatoria, integrado por autoridades de los tres niveles de gobierno, cámaras empresariales, instituciones educativas y representantes de la sociedad civil, quienes trabajan en conjunto para trazar una ruta de optimización de procesos.

Entre las dependencias que ya aplican procesos de reestructuración y mejora continua mencionó a las direcciones de Bomberos; Protección Civil; Infraestructura; Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente; DIF Municipal; y Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, entre otras.

Agatón Muñiz subrayó que esta transformación administrativa tiene como objetivo principal impulsar el desarrollo empresarial, promover la inversión y consolidar un gobierno que responda con mayor rapidez y eficacia a las necesidades de la ciudadanía.

“Con estas acciones, Ensenada avanza hacia una administración moderna, comprometida con la eficiencia y con la gente. Estamos construyendo una ciudad que da resultados”, puntualizó la presidenta municipal.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Alejandro Arregui Ibarra, destacó que esta iniciativa ha sido un éxito en Mexicali y Tijuana, donde ya se cuenta con generaciones de mujeres capacitadas y listas para incorporarse al mercado laboral. “Con la puesta en marcha de Mujeres al Volante en Ensenada, avanzamos en la construcción de nuevas oportunidades para que las mujeres participen en un sector que históricamente había estado reservado para los hombres”, subrayó.

El programa se impartirá en el ConalepBC, plantel Ensenada, donde Mujeres al Volante ofrecerá capacitación gratuita sobre manejo de unidades de transporte, conducción segura, normatividad vial vigente y mecánica básica. El curso tendrá una duración aproximada de 180 horas, distribuidas en dos meses con clases de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas.

Al concluir satisfactoriamente, las participantes obtendrán su licencia de chofer —con valor de dos mil pesos— sin costo alguno, así como la posibilidad de acceder a empleos formales con sueldo competitivo, prestaciones de ley y comisiones.

Las interesadas deberán tener entre 18 y 50 años, contar con número de seguro social, acta de nacimiento, identificación oficial, CURP, RFC, comprobante de estudios, comprobante de domicilio, licencia de automovilista y dos fotografías tamaño infantil.

Alejandro Arregui recordó que la graduación de la séptima generación del programa en Mexicali demuestra el avance en la estrategia de capacitación especializada para mujeres interesadas en profesionalizarse como conductoras de transporte público y privado. “Con estas acciones, refrendamos nuestro compromiso de apoyar a las mujeres bajacalifornianas, impulsando su desarrollo económico y personal”, puntualizó.

Las inscripciones ya están abiertas y las interesadas podrán registrarse vía WhatsApp al (686) 5470238, donde se les dará más información sobre el proceso y horarios de capacitación. En Ensenada, las oficinas del SNE se encuentran en calle Del Puerto 355, Playa Ensenada, con horario de atención de 8:00 a 15:00 horas.

Durante la mesa de trabajo, los participantes coincidieron en la necesidad de impulsar un proyecto de reconversión productiva que permita a los agricultores transitar hacia cultivos de mayor valor comercial, lo que significaría una mejora en los ingresos y mayor competitividad frente a los mercados nacionales e internacionales.

La Diputada Moreno subrayó la urgencia de implementar reglas de operación más flexibles que respondan a las condiciones del Estado, pues los productores han manifestado que los lineamientos actuales dificultan el acceso a programas y apoyos gubernamentales. En este sentido, destacó que la apertura al diálogo con las autoridades federales marca un paso importante para atender estas problemáticas.

El Subsecretario Federal Leonel Cota Montaño, quien encabezó la reunión a nombre del Gobierno de México, señaló que habrá una coordinación permanente con Baja California para dar seguimiento a los proyectos agrícolas y ganaderos, además de buscar esquemas de comercialización que garanticen mejores precios a quienes producen y cosechan.

Por su parte, la titular de la SADER en la entidad, Mónica Vargas, refrendó el compromiso de la dependencia para trabajar de la mano con los productores y generar soluciones viables que fortalezcan al campo de la región.

Claudia Moreno destacó que estas acciones son el inicio de un camino para transformar al campo bajacaliforniano, el cual, pese a los retos de agua, financiamiento y comercialización, sigue siendo un pilar en el desarrollo económico y social de la entidad.

«La suma de esfuerzos refleja el compromiso compartido por transformar el campo en Baja California, en beneficio de quienes producen, cosechan y aportan al desarrollo económico de la región», puntualizó la legisladora federal.

El proceso, convocado por el presidente saliente del Ejido, ingeniero Epigmenio Romero Solorio, enfrentó a dos planillas: la planilla roja, encabezada por Rodolfo Fierro Olmos, y la planilla verde, liderada por Carrillo Huerta. La votación concluyó con un resultado contundente: 107 votos a favor de la planilla verde, contra 71 de la planilla roja, lo que marcó una diferencia clara en la preferencia de los ejidatarios.

Durante la asamblea, Romero Solorio propuso adelantar la fecha de la elección un mes respecto a lo habitual, con el fin de permitir un proceso de entrega-recepción ordenado, transparente y sin contratiempos. Esta medida fue bien recibida por la mayoría de los presentes, y permitió que el ejercicio se desarrollara en un ambiente participativo y respetuoso.

Con este resultado, Raymundo Carrillo Huerta asumirá formalmente la dirigencia del Ejido a partir del 28 de julio de 2025, y ejercerá su gestión hasta el año 2028, en un periodo en el que se espera consolidar nuevos proyectos para beneficio de los ejidatarios y habitantes de la zona.

El Ejido Nacionalista «Rodolfo Sánchez Taboada» es una de las figuras más importantes en la vida agraria del sur de Ensenada, con amplia participación en temas de tenencia de la tierra, desarrollo rural y organización comunal, por lo que el liderazgo de Carrillo Huerta marcará la pauta de los próximos años en la toma de decisiones clave para esta comunidad.

La trampa legal de las utilidades mínimas

La ley mexicana establece que los patrones deben repartir el 10% de sus utilidades netas entre los trabajadores. El problema es que ese “10%” se calcula a partir de lo que la empresa declara ante el SAT como ganancia, no sobre lo que en realidad produce o factura. Así, empresas que claramente han tenido un buen año, que han crecido, exportado más productos, invertido en nuevas líneas y recibido subsidios gubernamentales, hoy reportan “pérdidas” o márgenes tan bajos que los cheques entregados a los trabajadores son casi simbólicos.

Los obreros, quienes trabajan jornadas extensas en condiciones muchas veces precarias, cuestionan cómo es posible que una empresa que opera sin parar y que incluso ha contratado nuevo personal pueda declarar que no hubo ganancias. Para muchos, esto es una maniobra contable que raya en lo inmoral, aunque esté cubierta por la ley.

“Legal” no significa “justo”

Algunos empresarios han respondido diciendo que “están cumpliendo con lo que marca la ley”, pero la pregunta que hacen los trabajadores es directa: ¿la declaración fiscal refleja la realidad o es solo una estrategia para evitar repartir lo que les corresponde a quienes generan la riqueza?

Organizaciones laborales, activistas y líderes sindicales coinciden en que este fenómeno se ha vuelto sistemático. Empresas enteras optimizan sus declaraciones, contratan despachos fiscales que les permiten reportar menos, y con ello reparten migajas. En Ensenada, la mayoría de los empleados de la industria manufacturera recibe su único bono anual en forma de utilidades; si este bono desaparece o se reduce drásticamente, se afecta el ingreso total de las familias, muchas de las cuales apenas sobreviven semana a semana.

Lo que pueden hacer los trabajadores

Expertos en derecho laboral recomiendan que los trabajadores se organicen, soliciten acceso al dictamen fiscal si la empresa está obligada a presentarlo, y acudan a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para orientación. Aunque los caminos legales suelen ser largos y complejos, la presión colectiva ha demostrado ser efectiva en algunos casos. También es clave documentar los casos, buscar alianzas con medios y organizaciones civiles, y no permitir que la inconformidad quede en el silencio.

En Ensenada, el enojo crece

Las protestas de los últimos días no son menores. Desde la zona industrial de El Sauzal hasta el sur de la ciudad, han circulado videos, fotografías y testimonios de trabajadores que muestran su decepción y frustración. Aunque algunos temen represalias, otros ya no están dispuestos a callar. “Nos ven la cara cada año. Ya basta. Esto no es un favor, es nuestro derecho”, dijo un empleado de una maquiladora electrónica que pidió permanecer en el anonimato por miedo a perder su empleo.

En una ciudad donde miles dependen del trabajo industrial, el reparto de utilidades se ha convertido en un tema central de justicia social. No se trata de dádivas, sino de lo que por ley y por lógica económica corresponde a quienes realmente hacen funcionar a las empresas.