El abogado señaló que uno de los principales problemas se encuentra en la exigencia de registrar una misma unidad tanto en el padrón vehicular general del estado como en un padrón adicional del IMOS, situación que, afirmó, representa un doble cobro para personas que utilizan vehículos de manera privada para desarrollar actividades productivas y que no necesariamente prestan un servicio de transporte público.

Carlón sostuvo que esta duplicidad de registros genera una carga económica adicional para microempresas y trabajadores independientes, quienes dependen de sus vehículos para realizar actividades como reparto, venta de productos, prestación de servicios o traslado de herramientas y materiales.

El integrante del Colegio de Abogados señaló que la problemática no se limita al registro vehicular, pues también cuestionó la manera en que se realizan algunos operativos y la aplicación de sanciones, particularmente cuando derivan en la detención o remolque de unidades.

Según expuso, se han presentado casos en los que vehículos son enviados al corralón por portar algún documento vencido, aun cuando, desde su perspectiva, dicha situación no necesariamente representa un riesgo inmediato para la seguridad vial ni deriva de una infracción de tránsito previamente acreditada.

También señaló que se han ordenado remolques por supuestas fallas mecánicas sin que, afirmó, exista una notificación previa, una revisión técnica formal o un plazo razonable para que el propietario pueda corregir la condición señalada.

El abogado cuestionó que puedan existir casos en los que conductores son detenidos pese a contar con placas y documentación vigente y sin haber cometido una infracción de tránsito, pero posteriormente reciben una sanción por no encontrarse registrados ante el IMOS.

Para Carlón, uno de los principales riesgos de este tipo de procedimientos es la falta de criterios uniformes para determinar cuándo corresponde una sanción, un remolque o simplemente una advertencia para corregir alguna irregularidad.

El impacto para los pequeños negocios

El abogado señaló que estas situaciones pueden afectar especialmente a sectores que trabajan con vehículos utilitarios, entre ellos recolectores de grasa, vendedores ambulantes, comerciantes y microempresas que requieren camionetas, remolques u otras unidades para desarrollar sus actividades.

En estos casos, explicó, el vehículo no representa un servicio de transporte público, sino una herramienta de trabajo indispensable para generar ingresos.

Por ello, consideró necesario establecer una diferenciación más clara entre quienes prestan un servicio de transporte regulado y quienes utilizan sus unidades de manera privada con fines productivos.

Carlón advirtió que los costos derivados de registros adicionales, multas, arrastres y almacenamiento de vehículos pueden representar una carga importante para negocios pequeños que no cuentan con la capacidad financiera de empresas de mayor tamaño.

Cuestiona discrecionalidad en operativos

Otro de los puntos señalados por el abogado es la posibilidad de que la falta de criterios claros deje demasiado margen de decisión al personal encargado de las inspecciones.

Desde su perspectiva, cuando un inspector tiene la facultad de decidir, dependiendo de las circunstancias, si una unidad es sancionada, inmovilizada o retirada mediante grúa, sin procedimientos previamente claros y homogéneos, se genera un espacio que puede propiciar prácticas de corrupción.

Carlón consideró que la existencia de reglas precisas, procedimientos estandarizados y mecanismos de revisión permitiría reducir ese margen de discrecionalidad y dar mayor certeza tanto a los ciudadanos como a los propios inspectores.

“Se debe evitar que la carga administrativa recaiga completamente en el ciudadano y, particularmente, en quienes utilizan sus vehículos para trabajar”, sostuvo.

El abogado insistió en que cualquier esquema de supervisión debe garantizar que las personas conozcan previamente las obligaciones que deben cumplir, así como las consecuencias específicas ante un incumplimiento.

Pide revisar registros y sanciones

Ante este panorama, Marcos Carlón planteó que el IMOS revise de fondo sus mecanismos de registro, supervisión y aplicación de sanciones, con el propósito de establecer reglas proporcionales y criterios que permitan distinguir entre el transporte público y el uso privado productivo.

También consideró necesario que existan procedimientos claros para las revisiones mecánicas y documentales, así como mecanismos que permitan al propietario corregir irregularidades cuando éstas no representen un riesgo inmediato para la seguridad vial.

El abogado sostuvo que una regulación adecuada debe buscar ordenar la movilidad y garantizar la seguridad, pero sin generar cargas innecesarias para quienes dependen de sus vehículos para trabajar.

Finalmente, señaló que establecer mayor claridad en las obligaciones y reducir la discrecionalidad durante los operativos contribuiría no sólo a proteger a los pequeños empresarios y trabajadores independientes, sino también a fortalecer la legalidad y la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de regular la movilidad en Baja California.

Durante una conferencia de prensa, Ruiz Uribe sostuvo que el transporte público en Baja California enfrenta problemas estructurales que afectan diariamente a miles de usuarios, quienes además de pagar tarifas elevadas deben soportar largos tiempos de espera, unidades saturadas y rutas que, en muchos casos, no cubren de manera eficiente las zonas más alejadas de las ciudades.

El exfuncionario señaló que el salario de los trabajadores no debería verse disminuido por los elevados costos de transporte, por lo que consideró necesario que las autoridades implementen mecanismos de apoyo que permitan ofrecer tarifas más accesibles para quienes utilizan este servicio todos los días para trasladarse a sus centros laborales.

«Se tiene que reconocer que Baja California tiene un transporte caro, deficiente y que no cubre al cien por ciento las zonas alejadas de las ciudades», expresó Ruiz Uribe, al insistir en que mejorar la movilidad debe convertirse en una prioridad dentro de las políticas públicas de los distintos órdenes de gobierno.

Añadió que miles de trabajadores destinan una parte importante de sus ingresos únicamente para trasladarse de sus hogares al trabajo y viceversa, situación que, afirmó, representa una carga económica adicional para las familias bajacalifornianas, especialmente en un contexto donde otros gastos como alimentación, vivienda y servicios también han aumentado.

Ruiz Uribe señaló que, además del costo económico, existe un impacto directo en la calidad de vida de la población. Explicó que muchas personas invierten varias horas al día esperando una unidad de transporte o realizando largos recorridos, tiempo que podría destinarse a la convivencia familiar, el descanso o actividades personales.

«Un trabajador debe estar más tiempo con su familia que haciendo filas esperando transporte en las calles», manifestó durante su intervención.

También criticó las condiciones en las que operan algunas unidades del transporte público, al señalar que en diversos municipios los usuarios viajan en vehículos con poca comodidad y frecuentemente sobrecargados de pasajeros, situación que afecta tanto la seguridad como la calidad del servicio.

Como ejemplo, mencionó que en ciudades como Ciudad de México y Guadalajara existen esquemas de subsidio al transporte público que ayudan a disminuir el costo para determinados sectores de la población, modelo que, consideró, podría analizarse para su implementación en Baja California.

Asimismo, propuso que las principales ciudades del estado, entre ellas Tijuana, Mexicali y Ensenada, comiencen a desarrollar proyectos de movilidad de mayor capacidad como sistemas de Metrobús, Metro o Cablebús, con el propósito de modernizar el transporte urbano y ofrecer alternativas más eficientes para la población.

Ruiz Uribe afirmó que el crecimiento poblacional y urbano de Baja California hace indispensable planear obras de infraestructura que permitan atender la demanda de movilidad en el mediano y largo plazo, reduciendo los tiempos de traslado y mejorando la conectividad entre las distintas zonas metropolitanas.

Finalmente, reiteró que garantizar un transporte público eficiente, seguro y con tarifas accesibles representa una inversión social que puede traducirse en una mejor calidad de vida para miles de trabajadores, al disminuir sus gastos diarios y facilitar su acceso a oportunidades laborales, educativas y de servicios.

El encuentro, realizado en la capital del país, forma parte de una serie de gestiones que el gobierno municipal ha venido desarrollando para abrir paso a nuevas alternativas tecnológicas que permitan modernizar el transporte, reducir emisiones contaminantes y responder a los retos ambientales que enfrenta la ciudad. En ese sentido, la alcaldesa planteó la necesidad de avanzar hacia modelos más eficientes, donde la innovación no solo sea discurso, sino una herramienta concreta para mejorar la calidad de vida.

Durante la reunión con Roberto Gottfried, CEO y fundador de Megaflux, se abordaron posibles líneas de colaboración enfocadas en soluciones de transporte eléctrico, desarrollo de infraestructura y esquemas que permitan aterrizar proyectos viables en el corto y mediano plazo. La intención, de acuerdo con lo expuesto, es generar condiciones que faciliten la llegada de tecnología especializada y que Ensenada no quede rezagada frente a otras ciudades que ya están dando el salto hacia la movilidad sustentable.

Claudia Agatón subrayó que este tipo de acercamientos no son aislados, sino parte de una estrategia más amplia para posicionar al municipio como un punto atractivo para la inversión en sectores vinculados a la innovación y la sostenibilidad. En ese contexto, insistió en que la transición hacia energías limpias no solo responde a una tendencia global, sino a una necesidad local ante el crecimiento urbano y los desafíos ambientales.

Además, la alcaldesa reiteró que el objetivo es construir una ruta clara que permita consolidar proyectos que realmente se puedan ejecutar, evitando quedarse únicamente en planteamientos. La apuesta, dijo, es avanzar con visión de futuro, pero también con acciones concretas que generen impacto en el desarrollo económico y en la competitividad del municipio.

Con este tipo de gestiones, el Gobierno de Ensenada busca fortalecer vínculos con empresas especializadas que aporten conocimiento técnico y capacidad de innovación, en un momento donde la movilidad eléctrica y las energías limpias comienzan a marcar la pauta en el desarrollo de las ciudades.

De acuerdo con información recabada, estos equipos fueron colocados desde julio de 2024 como parte del proyecto de modernización del transporte público, el cual contemplaba el uso de tarjetas de prepago para el cobro del pasaje. Cada dispositivo tuvo un costo aproximado de 7 mil 500 pesos, lo que representa una inversión cercana a 1 millón 830 mil pesos, recurso que fue cubierto por las propias empresas y cooperativas transportistas.

Los 244 validadores fueron distribuidos entre distintas líneas del transporte público en la ciudad. La mayor parte se instaló en unidades de la Sociedad Cooperativa de Transportes de Pasajeros de Ensenada, conocida como Rojo y Blanco, con 151 equipos. Le sigue la Sociedad Cooperativa de Transportes Urbanos Microbuses 1ra Clase de Ensenada, Amarillo y Blanco, con 67 validadores. Además, Transportes El Vigía S.A. de C.V. cuenta con 18 dispositivos, Transportes Brisa S.A. de C.V. con 6, y la Unión de Transportistas de Pasaje y Carga General Nativos S.A. de C.V. con 2 equipos.

Pese a esta inversión y a que los equipos permanecen instalados dentro de las unidades, en la práctica no cumplen con su función, ya que las tarjetas necesarias para operar el sistema nunca fueron distribuidas al público, lo que mantiene el proyecto detenido desde su origen.

Este martes 21 de abril, durante la mañanera encabezada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el titular del Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California, Jorge Alberto Gutiérrez Topete, confirmó que el rezago en la implementación del pago electrónico sigue siendo un tema pendiente, al señalar que el uso de efectivo genera una fuga importante de recursos dentro del sistema de transporte, estimada en hasta un 30%.

Explicó que esta problemática forma parte de un rezago estructural en el sector, el cual se vio severamente afectado durante la pandemia, lo que ha complicado la modernización y recuperación total del servicio, especialmente en colonias periféricas donde aún no se restablece completamente la cobertura.

El funcionario indicó que, aunque existe interés por parte de algunos transportistas en avanzar hacia el pago electrónico, aún falta establecer reglas claras para su integración, así como consolidar una red externa de recarga, acuerdos con distribuidores y el respaldo de instituciones financieras que permitan operar el sistema de manera eficiente.

Asimismo, reconoció que factores como el deterioro de las calles también impactan directamente en el servicio, al provocar daños constantes en las unidades, lo que representa un costo adicional para los concesionarios y limita la eficiencia operativa del sistema.

Por ello, aseguró que se mantienen mesas de trabajo con el Ayuntamiento de Ensenada y la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), con el objetivo de atender de manera conjunta las condiciones que afectan al transporte público.

A pesar de los retrasos, el titular de IMOS afirmó que se busca dejar avances concretos antes de que concluya la actual administración estatal, con la intención de no fallarle a la ciudadanía y lograr que el sistema de pago electrónico finalmente entre en operación.

Hoy, los validadores siguen visibles dentro de los camiones, pero sin cumplir su función. Un recordatorio constante de una modernización que aún no llega y de un sistema que sigue perdiendo dinero mientras el efectivo continúa dominando.

De acuerdo con la información recabada, en julio de 2024 fueron instalados 244 validadores electrónicos en unidades del transporte público de la ciudad como parte del proyecto de recaudo electrónico que permitiría pagar el pasaje mediante tarjetas.

Cada uno de estos dispositivos tuvo un costo aproximado de 7 mil 500 pesos, lo que significa que, al multiplicar los 244 equipos instalados, la inversión destinada únicamente a los validadores asciende a 1 millón 830 mil pesos.

Esta inversión fue realizada por el propio sector transportista como parte de los compromisos asumidos durante el proceso en el que se autorizó el incremento a la tarifa del transporte público, donde uno de los argumentos centrales fue precisamente la modernización del sistema y la implementación del pago electrónico mediante validadores en las unidades.

Sin embargo, pese a esta inversión cercana a los 1.83 millones de pesos, los equipos no se encuentran operando actualmente, debido a que las tarjetas necesarias para utilizar el sistema nunca fueron distribuidas al público, lo que ha dejado los dispositivos prácticamente inutilizados dentro de las unidades.

Actualmente es posible observar los validadores dentro de diversos camiones y microbuses del transporte público en colores guinda, verde, negro, gris y amarillo, dependiendo del modelo instalado. No obstante, en la práctica no cumplen con la función para la que fueron colocados, lo que ha llevado a que muchos usuarios los perciban simplemente como aparatos decorativos dentro de las unidades.

Cómo se distribuyeron los validadores

Los equipos fueron instalados en unidades pertenecientes a distintas empresas transportistas que operan en la ciudad.

La Sociedad Cooperativa de Transportes de Pasajeros de Ensenada, conocida como Rojo y Blanco, recibió la mayor cantidad de dispositivos con 151 validadores instalados.

En segundo lugar se encuentra la Sociedad Cooperativa de Transportes Urbanos Microbuses 1ra Clase de Ensenada, conocida como Amarillo y Blanco, donde se colocaron 67 equipos.

Por su parte, Transportes El Vigía S.A. de C.V. recibió 18 validadores, mientras que Transportes Brisa S.A. de C.V. cuenta con 6 equipos instalados.

Finalmente, la Unión Transportistas de Pasaje y Carga General Nativos S.A. de C.V. recibió 2 validadores, completando así los 244 dispositivos instalados en el sistema de transporte público de Ensenada.

Promesa de modernización que no se concretó

La implementación del sistema de pago electrónico fue presentada por autoridades como parte del proceso de modernización del transporte público en la ciudad. De acuerdo con lo anunciado en su momento, los usuarios podrían utilizar tarjetas de prepago para pagar el pasaje mediante los validadores instalados en las unidades.

Incluso se informó públicamente que las tarjetas ya habían sido solicitadas y que estarían disponibles durante el primer trimestre de 2025, lo que permitiría comenzar a utilizar el sistema.

Sin embargo, ese plazo pasó y las tarjetas nunca llegaron a manos de los usuarios, dejando el sistema prácticamente detenido desde su instalación.

Un proyecto que sigue sin despegar

Desde finales de 2024 y durante 2025, las autoridades del Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California (IMOS) señalaron que el proceso de modernización del transporte enfrentaba diversos retos, entre ellos dificultades económicas en el sector transportista, así como retrasos en la capacitación y en la implementación del sistema tecnológico.

A pesar de ello, en la práctica los validadores continúan instalados pero sin funcionar, visibles dentro de los camiones que circulan diariamente por la ciudad.

Hoy, a casi dos años de su colocación, los 244 equipos siguen sin cumplir con la función para la que fueron instalados, mientras la inversión de 1 millón 830 mil pesos en dispositivos permanece reflejada únicamente en aparatos que, por ahora, no tienen uso real dentro del transporte público de Ensenada.

La mandataria estatal señaló que estas acciones forman parte de las políticas públicas ambientales impulsadas por su administración, así como del compromiso de garantizar un servicio de transporte público eficiente, seguro y de calidad para las y los usuarios. Destacó que las unidades permitirán verificar que las distintas modalidades de transporte cumplan con la normatividad vigente y operen en condiciones óptimas.

En esta primera etapa, las 14 unidades eléctricas estarán circulando principalmente en los municipios de Tijuana y Mexicali, reforzando las labores de inspección y vigilancia del IMOS. Se trata de vehículos modelo 2026, totalmente eléctricos, con una autonomía aproximada de hasta 300 kilómetros por carga completa, lo que representa un avance significativo en materia de eficiencia energética y reducción de emisiones contaminantes.

La gobernadora subrayó que el Estado ya cuenta con una estación de carga para estas unidades, lo que permitirá un ahorro considerable en el consumo de gasolina equivalente a un año, además de disminuir los costos de operación y mantenimiento, contribuyendo así a una gestión pública más responsable y sustentable.

Entre los principales beneficios de estas unidades se encuentran la reducción de contaminantes, una operación silenciosa, el uso de tecnologías limpias y una imagen institucional alineada con los principios de movilidad sustentable y cuidado del medio ambiente.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado, Mónica Juliana Vega Aguirre, destacó que la incorporación de estas unidades eléctricas no solo favorece la protección ambiental, sino que también fortalece la movilidad y hace más eficientes las tareas de inspección del transporte público en los distintos municipios, poniendo la tecnología al servicio de la ciudadanía.

En tanto, el director general del IMOS, Jorge Alberto Gutiérrez Topete, informó que las unidades están totalmente equipadas para garantizar la seguridad de las y los inspectores, ya que cuentan con bolsas de aire frontales, traseras y laterales, cámara de reversa, sistema de visión panorámica de 360 grados, estrobos LED en faros delanteros y traseros, así como sirena y bocina exterior, lo que permitirá un desempeño más seguro y eficaz en campo.

El director general del IMOS, Jorge Alberto Gutiérrez Topete, informó que la ampliación de la cobertura incluirá un recorrido adicional de 8.46 kilómetros, con el propósito de conectar a los residentes de la colonia Oaxaca y comunidades cercanas con los principales puntos del municipio. “La gobernadora, al escuchar las necesidades de los vecinos, giró la instrucción de que se otorgara el servicio, y el día lunes ya será una realidad”, subrayó.

Gutiérrez Topete recordó que la solicitud fue planteada el pasado 18 de agosto, durante una jornada de trabajo encabezada por la mandataria estatal, en la que los habitantes expusieron la dificultad de trasladarse al centro de la ciudad o hacia sus centros de trabajo, debido a la ausencia histórica de transporte público en la zona.

“Por primera vez, las familias de esta comunidad contarán con un servicio formal, accesible y seguro. Esto representa un paso importante en materia de movilidad social, porque permitirá mejorar la calidad de vida de quienes, hasta ahora, dependían de traslados costosos o vehículos particulares”, señaló el funcionario estatal.

El servicio será operado por la Empresa Unión de Transportes Nativos del Ejido Rodolfo Sánchez Taboada, con 16 unidades disponibles —algunas en reserva ante posibles contingencias—, que cubrirán la nueva ruta en horario de 05:00 a 22:00 horas.

Los camiones, con cromática color blanco y franja turquesa, ofrecerán una opción segura y confiable para estudiantes, trabajadores y familias que diariamente deben desplazarse desde la colonia Oaxaca hacia la zona urbana de Ensenada.

El Instituto de Movilidad Sustentable reiteró su compromiso con la ciudadanía bajacaliforniana de continuar ampliando la cobertura del transporte público en colonias, delegaciones y comunidades rurales, promoviendo una movilidad más justa y sustentable para todas y todos.

Esta medida, que entró en vigor el pasado 8 de octubre, aplica para permisionarios del servicio de autotransporte federal en sus diversas modalidades, así como para servicios auxiliares y transporte privado. El permiso tendrá una vigencia máxima de 180 días naturales contados a partir de su emisión.

La Dirección General de Autotransporte Federal señaló que este permiso debe portarse en un lugar visible dentro de la unidad y contener el número de identificación vehicular asignado. Asimismo, deberá incluir un código QR con información de la tarjeta de circulación y los datos de registro en el Sistema Institucional de Autotransporte Federal (SIAF).

El objetivo de esta disposición es garantizar certeza jurídica y control administrativo mientras se completan los procesos de expedición de placas. La SICT aclaró que podrá incorporar medidas adicionales de seguridad como sellos, gráficos, emblemas, logotipos, escudos o leyendas, según lo determine necesario.

Además, los permisionarios podrán utilizar el “balizamiento” como medida complementaria de identificación de los vehículos en carreteras de jurisdicción federal, conforme al aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2025.

La Secretaría aclaró que este permiso constituye una medida administrativa temporal exclusivamente para efectos de identificación vehicular, y que las unidades deberán seguir cumpliendo con todas las obligaciones y responsabilidades establecidas en la normatividad vigente.

Finalmente, la SICT notificará oportunamente la fecha y el procedimiento para la entrega de las placas metálicas asignadas, garantizando que la autorización tenga plena validez jurídica y los mismos efectos que la portación de placas durante su vigencia.

El hecho ocurrió en la intersección de la Avenida Reforma y Calle Emiliano Zapata, cerca de El Ciprés, donde se captó en video a la unidad cruzando con la luz roja.

“Este tipo de acciones ponen en riesgo la vida de los pasajeros y de otros usuarios de la vía. En esta administración, encabezada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, hemos fortalecido la capacitación a conductores para reforzar su sentido de responsabilidad”, declaró Jorge Alberto Gutiérrez Topete, director general de IMOS.

El funcionario reiteró que el Instituto no tolerará conductas imprudentes en el transporte público y que continuará aplicando sanciones conforme a la Ley para prevenir este tipo de incidentes.

El director general de IMOS informó que, además de la sanción impuesta por la dependencia, la empresa de transporte suspendió al chofer, debido a que su conducta representa una falta grave y va en contra del compromiso con la seguridad de los pasajeros.

Asimismo, Jorge Alberto Gutiérrez Topete destacó la importancia de la participación ciudadana como herramienta clave para fortalecer la supervisión del sistema de movilidad.

“Invitamos a la ciudadanía a seguir reportando cualquier irregularidad. Es importante que, al enviar fotos o videos, se incluya el número económico de la unidad para facilitar su identificación”, concluyó.

Para fortalecer la comunicación con la ciudadanía, el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado (IMOS) pone a disposición los números del Buzón IMOS, donde se pueden enviar reportes y comentarios sobre el servicio de transporte público a través de WhatsApp:
• Tijuana: 663 127 5043
• Mexicali: 663 127 5038
• Ensenada: 663 127 5026
• Tecate: 663 127 5047
• Rosarito: 663 127 5023

El director general del IMOS, Jorge Alberto Gutiérrez Topete, explicó que esta ampliación responde a solicitudes realizadas por usuarias de la Delegación Maneadero, en particular madres de familia y estudiantes, con el objetivo de garantizar traslados más seguros, directos y eficientes.

Ensenada suma paradas estratégicas

“Estas nuevas paradas permitirán que más mujeres, especialmente estudiantes y quienes acuden a consultas médicas, puedan trasladarse de manera segura y eficiente. Atendemos su necesidad de contar con un transporte que las acerque a sus destinos esenciales, tal como lo ha instruido la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda”, puntualizó Gutiérrez Topete.

Actualmente, la ruta inicia en Avenida Blancarte y Calle Segunda, frente a la Clínica 32 del IMSS en la Zona Centro, recorriendo el bulevar Costero y Avenida Delante hasta incorporarse a la Carretera Transpeninsular.

Con la ampliación, el Transporte Violeta seguirá por la Carretera a La Bufadora, girando en Avenida de las Flores para llegar a la UTT, beneficiando directamente a estudiantes del nivel superior. Posteriormente, retomará la Carretera Transpeninsular y continuará por Avenida Lucio Blanco y Avenida Francisco I. Madero, hasta las inmediaciones de la Clínica del Bienestar, facilitando el acceso a mujeres que requieren atención médica.

Esta mejora reafirma el compromiso del Gobierno del Estado con una movilidad más accesible, segura y equitativa, garantizando rutas de transporte que respondan a necesidades reales y contribuyan al bienestar de las mujeres en todos los ámbitos de su vida cotidiana.