De acuerdo con la información preliminar, la menor presentó un cuadro de fiebre durante la noche y fue trasladada por sus padres en busca de atención médica. Sin embargo, presuntamente en el Centro de Salud de San Vicente no había personal médico disponible ni los insumos necesarios para atender la emergencia, por lo que la familia continuó el recorrido hasta el Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud (CAAPS) de Maneadero, donde personal de enfermería realizó maniobras de reanimación durante aproximadamente 15 minutos, sin lograr salvarle la vida. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para determinar la causa oficial del fallecimiento.

Para Adrián García, este caso refleja una problemática que desde hace tiempo ha sido señalada por habitantes de las delegaciones rurales, quienes constantemente denuncian la falta de médicos, medicamentos y atención permanente en los centros de salud alejados de la zona urbana.

El edil sostuvo que, de confirmarse que la menor no recibió atención oportuna por la ausencia de personal médico o por deficiencias en el funcionamiento de las unidades de salud, no se trataría únicamente de una falla administrativa, sino de una posible cadena de omisiones con consecuencias irreparables.

«Resulta indignante que una familia tenga que recorrer decenas de kilómetros buscando atención médica para salvar la vida de una niña y que, aun así, no encuentre respuesta inmediata. Ningún padre debería enfrentarse a una situación así por la falta de personal o de recursos en un centro de salud», manifestó el regidor.

García consideró que este caso obliga a la Secretaría de Salud de Baja California a explicar públicamente cuál era la condición operativa de los centros médicos involucrados, quién era responsable de garantizar la cobertura médica y por qué no existían las condiciones necesarias para atender una emergencia pediátrica.

Asimismo, recordó que durante los últimos años distintas comunidades rurales han expresado inconformidades por la falta de médicos de base, las ausencias prolongadas de personal y el desabasto de medicamentos, situaciones que, dijo, no pueden seguir siendo minimizadas cuando está en riesgo la vida de las personas.

El presidente de la Comisión de Salud enfatizó que una investigación administrativa no sería suficiente si las indagatorias demuestran que existieron actos de negligencia, abandono de funciones o incumplimiento de responsabilidades por parte de funcionarios o trabajadores del sistema de salud.

«Si la investigación confirma que hubo servidores públicos cuya negligencia u omisión contribuyó a esta tragedia, deben enfrentar la justicia. No puede haber impunidad; quien por su irresponsabilidad le falle al pueblo y provoque consecuencias tan graves debe responder penalmente y, de ser el caso, ir a la cárcel. La vida de una niña vale más que cualquier cargo público», expresó.

El regidor también hizo un llamado para que las autoridades estatales implementen de manera urgente un plan que garantice la presencia permanente de médicos, medicamentos, equipo e insumos en las comunidades rurales del municipio, especialmente en delegaciones donde las distancias hacia hospitales de mayor capacidad pueden representar un factor determinante entre la vida y la muerte.

Finalmente, Adrián García sostuvo que este caso debe marcar un antes y un después en la atención médica de las zonas más alejadas de Baja California y reiteró que dará seguimiento a las investigaciones hasta que se esclarezcan completamente los hechos y, en caso de existir responsabilidades, se apliquen las sanciones correspondientes conforme a la ley.

El edil subrayó que los recortes presupuestales han derivado en el colapso del IMSS-Bienestar, con hospitales sin especialistas, desabasto de medicamentos y un sistema incapaz de atender las necesidades de la población.

“¿De qué sirven nuevos nosocomios si no hay doctores, enfermeras ni medicinas?”, cuestionó García García, recordando que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha ubicado a México en el primer lugar mundial en muertes por enfermedades prevenibles, lo que, a su juicio, evidencia el fracaso de las políticas federales y desmiente el discurso triunfalista de la presidencia.

El regidor también rechazó la cifra oficial que asegura que el 90% de los hospitales cuentan con abasto de medicamentos. Expuso que basta recorrer clínicas y centros de salud para constatar otra realidad: largas filas de pacientes, adultos mayores sin medicinas para tratar enfermedades crónicas y pacientes de cáncer obligados a interrumpir sus tratamientos por falta de insumos.

Además, acusó que la construcción de hospitales sin médicos ni equipamiento constituye un engaño, y exigió al gobierno federal restituir los más de mil millones de pesos recortados al sector salud de Baja California, así como garantizar la contratación de especialistas para comenzar a atender los rezagos.

“El acceso a la salud es un derecho constitucional, no una dádiva. De nada sirve inaugurar hospitales si lo único que tendrán son pasillos vacíos y promesas incumplidas. Esos nosocomios terminarán convertidos en elefantes blancos, mientras que los adultos mayores se ven obligados a usar su pensión para comprar las medicinas que el sistema fallido no les entrega”, sostuvo García García.