Durante la sesión extraordinaria de Cabildo, Oviedo Díaz votó en contra del punto de acuerdo, al considerar que cualquier erogación pública debe estar sustentada conforme a la ley y a los procesos administrativos establecidos.

“El reconocimiento de adeudo no puede sustituir un contrato legalmente válido. No se presentó contrato, factura, orden de compra ni evidencia documental que respalde el gasto”, expuso el funcionario.

El síndico informó que la Sindicatura Municipal ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades administrativas por parte de funcionarios de la Dirección de Servicios Públicos, la Oficialía Mayor y la Tesorería Municipal.

También destacó que los pagos realizados sin sustento pueden derivar en observaciones graves por parte del órgano de fiscalización del estado, lo cual comprometería las finanzas del Ayuntamiento.

“Se tiene que actuar con responsabilidad. No es posible seguir improvisando pagos sin los mínimos requisitos legales. Se corre el riesgo de sanciones y de repetir errores que ya le han costado al municipio”, advirtió.

Finalmente, hizo un llamado a todos los servidores públicos del Ayuntamiento a ceñirse a los procesos establecidos en la Ley de Adquisiciones y a priorizar la transparencia y la rendición de cuentas en todos los actos administrativos.

Oficialía Mayor

La propuesta de pago proviene directamente de la Oficialía Mayor, encabezada por Eleazar López Quihuis, quien tomó protesta el pasado 27 de marzo con un currículum que incluye una maestría en derecho procesal y más de 30 años en el servicio público. Sin embargo, su experiencia no se ha traducido en resultados concretos, y ahora pretende que el Cabildo autorice un gasto millonario sin que exista soporte legal, contrato, ni verificación clara de que el servicio se haya prestado efectivamente.

¿Dónde quedó la experiencia? ¿Cómo es posible que alguien con décadas en la administración pública permita —o promueva— un pago de esa magnitud sin haber resuelto primero lo más básico: la legalidad del contrato?

El oficio 092-DE-2025, emitido el 19 de junio por la Dirección de Servicios Públicos, advierte expresamente que no existe contrato ni licitación vigente que respalde la operación de 18 camiones recolectores, 3 camiones de redilas cerradas, 1 camión de volteo y 3 motocicletas, supuestamente utilizados entre enero y junio de 2025. Aun así, la Oficialía busca con urgencia el reconocimiento del adeudo.

Lo más grave es que no hay evidencia documentada de que esos vehículos hayan operado en beneficio del municipio. No hay bitácoras, supervisión registrada, ni verificación técnica pública. Se habla de camiones y motos, pero no se puede garantizar que hayan trabajado un solo día.

Y mientras esto ocurre, los regidores —que debían revisar y votar este asunto— fueron ignorados. La Sala de Cabildo estuvo cerrada, sin aviso oficial, ni comunicado, ni explicación. Una falta total de respeto institucional, justo en el momento en que se pretendía aprobar un gasto sin sustento jurídico.

Cabe recordar que Julio César Arena Ruiz, secretario del Ayuntamiento, también ha sido señalado por su comportamiento obstruccionista en otros temas importantes para la ciudad, y su silencio ante este nuevo episodio alimenta aún más la desconfianza.

Aunque la Oficialía Mayor publicó el pasado 17 de junio las bases de la nueva licitación pública 015/2025 para arrendamiento de camiones, hoy busca cerrar el capítulo anterior con un cheque en blanco, a favor de una empresa cuya actuación sigue siendo un misterio.

¿Qué clase de administración pública es esta, donde no hay contratos, no hay sesiones, no hay explicaciones, pero sí hay urgencia para pagar?