El debate, sin embargo, no está en la ley, sino en la actitud. San Quintín atraviesa una crisis social y política que se ha ido acumulando sin contención efectiva. El bloqueo en la carretera Transpeninsular inició el lunes y este jueves cumple ya cuatro días activo, con afectaciones directas a la movilidad, la economía regional y la vida cotidiana de miles de personas. Aun así, la administración municipal ha respondido más con rigidez que con soluciones.

En lugar de desactivar el conflicto, la postura institucional ha sido la confrontación. Se privilegia el discurso de resistencia, la negación sistemática y una defensa cerrada del cargo que para muchos ciudadanos se percibe como arrogancia política. Gobernar desde el orgullo rara vez resuelve crisis; por el contrario, suele profundizarlas.

La propia alcaldesa, Miriam Cano, ha descartado cualquier concesión y ha exigido que los señalamientos en su contra se sometan exclusivamente a procesos legales formales. Durante una reunión con manifestantes que mantienen bloqueada la Transpeninsular, reiteró que no se puede emitir ningún veredicto sin investigaciones ni procedimientos jurídicos adecuados, y que su gobierno actuará conforme a la legalidad. El argumento es válido en el plano jurídico, pero insuficiente en el plano político y social.

Porque una cosa es la presunción de inocencia y otra muy distinta es la responsabilidad de conducción política. Los conflictos sociales no se resuelven solo en expedientes; se atienden con diálogo efectivo, autocrítica y decisiones que reduzcan la tensión. Hoy, San Quintín sigue detenido, literal y simbólicamente.

Este escenario resulta todavía más delicado si se considera que se trata del primer gobierno municipal electo en la historia de San Quintín. El nacimiento del municipio representaba una oportunidad histórica para sentar bases sólidas de gobernabilidad, cercanía ciudadana y madurez política. En cambio, el arranque ha estado marcado por señalamientos constantes, bloqueos, inconformidad social y una administración que parece más preocupada por no ceder que por recomponer el tejido social.

La renuncia, aunque políticamente costosa, es una figura contemplada en la ley para escenarios excepcionales. No implica culpabilidad automática ni derrota moral; implica reconocer que el conflicto ha rebasado a la figura en turno. Aferrarse al cargo, en cambio, cuando el municipio permanece paralizado, envía un mensaje de cerrazón y desgaste institucional.

Si tanto amor se dice tener por San Quintín, la pregunta no debería ser si la ley lo permite, sino si es lo mejor para el municipio. Gobernar también es saber hacerse a un lado cuando la permanencia se convierte en obstáculo.

La crisis sigue abierta, el bloqueo continúa y la tensión social no disminuye. El tiempo corre y cada día sin solución profundiza el desgaste del primer gobierno municipal de San Quintín. La historia no suele ser benévola con quienes confundieron firmeza con soberbia y liderazgo con berrinche político.

El incremento, que se vio reflejado a partir de la presente catorcena, se integra por el 20 por ciento otorgado durante 2025 y un 10 por ciento adicional en enero de 2026, consolidando un avance histórico en el fortalecimiento de las condiciones económicas del personal policial activo y retirado.

De acuerdo con cifras oficiales, el sueldo neto mensual de un agente pasó de 15 mil 270 pesos a 23 mil 586 pesos, cifra que representa una mejora real en el poder adquisitivo de los policías municipales, quienes durante años permanecieron sin incrementos significativos.

Además, el gobierno local informó que el bono de riesgo y el bono complementario quedaron integrados al salario base, lo que impacta directamente en prestaciones como aguinaldo y prima vacacional, brindando una mayor estabilidad financiera al personal operativo.

En cuanto a la forma de pago, el bono de riesgo dejó de entregarse de manera mensual para pasar a dos pagos catorcenales de mil pesos cada uno, sumando dos mil pesos mensuales fijos y permanentes.

El Gobierno Municipal destacó que estas acciones se complementan con otros beneficios implementados durante la actual administración, entre ellos:

El incremento del 100 por ciento al bono de riesgo.

La creación del bono escolar por 2 mil 900 pesos.

La regularización del pago de seguros de vida a viudas con adeudos desde 2015.

La garantía de seguros de vida por 300 mil pesos, cubiertos puntualmente.

Asimismo, se anunció que para el presente año se continuará con la dotación de uniformes, radios y chalecos balísticos, reforzando el equipamiento policial y la operatividad de la DSPM.

Con este ajuste salarial y los apoyos complementarios, el Gobierno de Ensenada refrenda su compromiso con la seguridad pública, reconociendo la entrega y vocación de quienes protegen día a día a las familias ensenadenses.

El edil ensenadense advirtió que ambos sectores ya enfrentan una crisis severa, y que los recortes sólo profundizan los problemas que viven millones de familias mexicanas. “El Gobierno Federal de Morena ha encontrado la manera más fácil de lidiar con los problemas: recortar recursos para ocultar su deficiente e inútil forma de administrar el país”, expresó.

García García subrayó que el actual gobierno federal evade su responsabilidad mientras la violencia se desborda y el sistema de salud colapsa. “En lugar de asumir su responsabilidad, siguen culpando a Peña Nieto y a Calderón, mientras nuestro México se hunde en la violencia y el abandono, como lo ocurrido este fin de semana con el alcalde de Uruapan”, señaló.

El regidor lamentó que en Ensenada los hechos violentos ya no se limiten a las colonias periféricas, sino que se registren en zonas turísticas y céntricas. “Ahora también vemos ejecuciones afuera de hospitales, donde mujeres, niños y familias viven el horror mientras esperan atención médica o noticias de sus enfermos. Esa es la realidad que se niegan a ver”, enfatizó.

Desde la Cámara de Diputados, dijo, el PAN ha impulsado diversas propuestas para revertir los recortes y proteger los servicios esenciales. “Nuestros legisladores han presentado alternativas viables, pero Morena y sus aliados se niegan a escucharlas. No basta con evitar el recorte: se debe restituir lo que se ha dejado de percibir desde que Morena llegó al poder”, puntualizó.

“Su sistema de salud está colapsado; no hay medicamentos, no hay doctores, no hay atención suficiente. La crisis sanitaria es consecuencia directa de su incapacidad, y el pueblo está pagando las consecuencias”, añadió García García.

Finalmente, el regidor hizo un llamado a la gobernadora, a los legisladores locales y federales, y a los funcionarios de Morena, para que dejen de callar ante el abandono del Gobierno Federal. “Baja California merece vivir con seguridad y con servicios de salud dignos. No queremos más giras llenas de anuncios mediáticos ni promesas vacías; exigimos recursos reales que se traduzcan en resultados concretos”, concluyó.

El análisis histórico de las finanzas nacionales revela un panorama alarmante: México tardó más de 190 años en acumular una deuda de 10.55 billones de pesos (de 1824 a 2018). Sin embargo, el gobierno actual de Morena duplicó esa cifra en solo siete años, alcanzando cerca de 20 billones de pesos. En otras palabras, lo que tomó casi dos siglos construir, Morena lo duplicó en un solo sexenio.

A pesar de este endeudamiento récord, el país no ha mostrado un crecimiento económico sostenido. Mientras el Gobierno Federal presume un pronóstico de crecimiento del PIB entre 2.5 y 3%, las proyecciones del Banco de México, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional estiman un crecimiento real cercano apenas al 1%, evidenciando la brecha entre el discurso oficial y la realidad.

“La verdad es que los gobiernos de Morena no saben gobernar. Nos hablaron de una austeridad republicana que nunca existió, y de un combate a la corrupción que solo quedó en palabras. Cada error de su administración lo terminamos pagando los ciudadanos, desde los precios del combustible hasta el costo de la deuda”, señaló la regidora Ana Daniela García Salgado.

La edil recordó que se prometió gasolina a 10 pesos por litro, y hoy supera los 24 pesos, afectando directamente la economía de las familias y el costo del transporte y los alimentos.

Asimismo, lamentó que Baja California siga siendo un estado olvidado por el Gobierno Federal, sin megaproyectos ni inversiones significativas que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. “En Ensenada seguimos padeciendo descargas constantes de aguas negras al mar por parte de CESPE, sin que se destine ni un solo peso de la deuda pública para resolver este grave daño ambiental y de salud pública. Mientras se derrocha dinero en obras faraónicas en otras regiones, nuestro municipio sigue enfrentando problemas básicos sin apoyo federal”, puntualizó.

Finalmente, García Salgado advirtió que el endeudamiento sin resultados hipoteca el futuro de las próximas generaciones y reiteró el llamado a la rendición de cuentas y al manejo responsable del dinero público.

El regidor del Partido Acción Nacional (PAN), Adrián García García, quien preside la Comisión de Desarrollo Regional Sustentable y Delegaciones, condenó el abandono institucional que enfrentan las familias de Isla de Cedros y exigió al Gobierno del Estado una solución inmediata a la problemática que impide el acceso a una educación digna y de calidad.

“Es injusto que las familias de Isla de Cedros se vean obligadas a migrar para que sus hijos tengan mejores oportunidades educativas. El Gobierno del Estado debe tomar cartas en el asunto y designar de inmediato al personal docente que se requiere”, expresó el edil panista.

Padres y madres de familia explicaron que la escuela primaria “Vicente Guerrero” inició el ciclo escolar sin maestros para los grupos de tercero y cuarto grado, situación que ha obligado a la encargada de la dirección del plantel a atender un grupo escolar mientras cumple funciones administrativas, sin el apoyo suficiente ni personal de limpieza.

Los manifestantes denunciaron que, pese a los oficios y documentos enviados a la Secretaría de Educación, no han recibido respuesta, por lo que se vieron orillados a realizar esta manifestación pacífica para exigir ser escuchados.

Además, señalaron que la secundaria y la preparatoria de la isla enfrentan la misma situación, operando con falta de maestros y personal de intendencia, lo que impacta de manera directa en el rendimiento académico y emocional de los estudiantes.

Exige el regidor Adrián García solución inmediata

El regidor Adrián García advirtió que la educación no puede ser un privilegio condicionado por la distancia o el aislamiento geográfico. “La educación es un derecho, no un favor, y el Gobierno del Estado tiene la obligación de garantizarlo en cada rincón del municipio”, enfatizó.

Finalmente, el edil reiteró su compromiso de dar seguimiento al caso desde el Cabildo y de mantener comunicación constante con las familias afectadas, hasta que la Secretaría de Educación atienda las demandas y restablezca el personal necesario en todos los niveles escolares de Isla de Cedros.

Los trabajos consistirán en la reparación de una pieza en la salida de los tanques Morelos, punto estratégico del sistema de distribución. Para ejecutar las maniobras, será necesario vacíar completamente las tuberías, lo que provocará la interrupción temporal del servicio en distintas colonias.

El director de CESPE, Alonso Centeno Hernández, detalló que el proceso de vaciado comenzará durante las primeras horas del miércoles 29, y se efectuará de manera controlada mediante el consumo habitual de la red. Una vez concluida esa fase, iniciará el reemplazo de la pieza, que permitirá mejorar el flujo y la presión del agua en las líneas 2 y 3 conectadas al sistema principal.

Centeno Hernández explicó que el restablecimiento del servicio será paulatino, ya que el llenado de tanques y tuberías requiere varias horas antes de que la presión vuelva a niveles normales. De acuerdo con la programación técnica, se prevé que la normalización total ocurra durante el sábado 1 de noviembre, por lo que recomendó a la población tomar previsiones con anticipación.

“Entendemos las afectaciones que puede generar este tipo de maniobras, pero son indispensables para garantizar la seguridad del sistema de distribución y evitar fugas o colapsos mayores en el futuro”, expresó el titular de la CESPE, quien agregó que el organismo se mantiene atento a cualquier reporte ciudadano durante el proceso.

Asimismo, la paraestatal exhortó a la ciudadanía a hacer un uso racional del agua almacenada, priorizando las actividades esenciales y evitando el desperdicio. El organismo recordó que este tipo de intervenciones forman parte del mantenimiento preventivo y son fundamentales para asegurar la continuidad del suministro en los próximos meses.

En los últimos años, Ensenada ha enfrentado una creciente demanda de agua y una infraestructura que requiere atención constante, por lo que la CESPE enfatizó su compromiso de ejecutar acciones de mantenimiento y reparación que fortalezcan la red hídrica.

Finalmente, se reiteró que el suministro se restablecerá gradualmente conforme las líneas vuelvan a presurizarse, y se invitó a la población a consultar los canales oficiales para conocer el listado completo de las colonias afectadas.

De acuerdo con la Licencia de Obra No. 15970, expedida el 27 de agosto de 2024 a nombre de María Magdalena García Ibargüen, el permiso fue firmado por Óscar Eduardo Quiñones Uribe, quien actuaba “como encargado de despacho” de la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente, a pesar de no contar con registro profesional ante la SEP. Además, el director de la dependencia de ese entonces, Baltazar Alejandro Palacios Pazos, firmaba documentos como “ingeniero” sin contar con cédula profesional, lo que cuestiona la validez de las autorizaciones emitidas.

La arquitecta Paola Avelar Espinoza, actual directora de Infraestructura del Gobierno de Ensenada, aclaró que su firma corresponde únicamente a la vivienda proyectada en septiembre de 2024 y no a los trabajos que causaron el accidente. “La licencia se refiere exclusivamente a la casa habitación y no a la obra donde ocurrió el desplome. Esa licencia expiró a los 180 días y no tiene relación con la excavación que ocasionó el percance. Hasta donde sé, esos trabajos se realizaban sin permiso”, afirmó.

Pese a esta aclaración, la situación genera cuestionamientos sobre la supervisión de la obra y la decisión de Avelar de no renovar la licencia ni registrar la baja formal del proyecto, lo que la mantenía oficialmente como responsable de la obra al momento del accidente. Asimismo, se cuestiona cómo un psicólogo, Óscar Eduardo Quiñones Uribe, firmó permisos de obra sin la acreditación técnica requerida.

Especialistas coinciden en que la falta de un estudio de mecánica de suelos y de bitácoras de supervisión obligatorias derivaron en el colapso. El artículo 317 de la Ley de Edificaciones de Baja California establece que el responsable de obra debe notificar su retiro y que la autoridad debe suspender los trabajos hasta designar a un nuevo responsable; esto no se cumplió, generando riesgos graves para los trabajadores.

El Gobierno de Ensenada, a través de la Dirección de Administración Urbana y la Coordinación de Protección Civil, levantó actas y clausuró temporalmente 10 viviendas en la zona afectada. Además, se coordina con los responsables de la construcción para reparar el daño con las familias de los trabajadores afectados.

Mientras tanto, la arquitecta Avelar permanece al frente de la Dirección de Infraestructura Municipal, dependencia responsable de supervisar obras públicas, lo que ha suscitado cuestionamientos sobre su idoneidad para el cargo y la falta de control institucional en obras privadas. Las investigaciones continúan y se espera que la Sindicatura Municipal y otras instancias determinen responsabilidades y posibles sanciones.

“Es una gran noticia para Ensenada. Gracias a la confianza que genera nuestro puerto, Carnival Corporation ha decidido que aquí arranque este programa que redirige el excedente de alimentos preparados y no servidos de sus barcos, para que lleguen a quienes más lo necesitan”, expresó la presidenta municipal.

La alcaldesa explicó que la empresa firmó un acuerdo con Bancos de Alimentos de México (Red BAMX), con el objetivo de garantizar que las comidas donadas sean distribuidas de forma segura, controlada y con los más altos estándares de calidad alimentaria.

Agatón Muñiz destacó que esta acción es resultado de la gestión y las buenas relaciones que el Gobierno Municipal ha consolidado con el sector turístico y naviero, generando beneficios tangibles para la población. “Hoy, Ensenada vuelve a ser ejemplo nacional de colaboración, empatía y solidaridad. Este tipo de alianzas muestran cómo el turismo también puede transformar vidas”, puntualizó.

Desde su puesta en marcha en 2017, el programa de Carnival Corporation ha permitido entregar más de 300 mil comidas frescas en países como España, Italia, Francia, Martinica y Guadalupe. Con la inclusión de Ensenada, México se convierte en parte del plan de expansión hacia América Latina, junto con otras dos naciones que se incorporarán próximamente.

La alcaldesa reiteró que este modelo internacional de solidaridad representa una oportunidad para fortalecer el tejido social y la seguridad alimentaria en comunidades vulnerables del municipio, donde las familias recibirán alimentos nutritivos provenientes de cruceros que arriban semanalmente al puerto.

El secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, señaló que el Gobierno del Estado mantiene una política de colaboración responsable con los municipios.

“Lo que se ha estado planteando por parte del Gobierno del Estado, y lo hemos hecho también con otros municipios, es un esquema financiero en donde la idea es apoyar los adeudos históricos que los alcaldes o alcaldesas en su momento tuvieron, prácticamente generados a partir de las obligaciones de los pagos a pensiones y a servicios médicos”, explicó.

Por su parte, el secretario de Hacienda, José Andrés Pulido Saavedra, precisó que el Ayuntamiento de Ensenada cuenta con 4,976 derechohabientes del ISSSTECALI, entre pensionados, trabajadores activos y familiares, y que el Estado ha garantizado en todo momento la continuidad de los pagos y la atención médica.

“En ningún momento se ha dejado de pagar a ningún pensionado del Ayuntamiento de Ensenada, ni se le ha negado el servicio médico. Esto es bien importante porque el Ayuntamiento tiene problemas estructurales que ya vienen rezagados de muchas administraciones”, señaló.

El titular de Hacienda agregó que el Gobierno del Estado ha buscado alternativas de asesoría técnica y mecanismos de apoyo para los municipios con mayores desafíos financieros, a fin de que puedan cumplir sus compromisos sin poner en riesgo los servicios esenciales.

En ese sentido, destacó que la administración estatal no retiene participaciones estatales al Ayuntamiento de Ensenada, sino que aplica los recursos conforme a los acuerdos establecidos con el propio municipio, para garantizar el pago de las obligaciones con el ISSSTECALI y mantener la operatividad de los servicios públicos.

Pulido Saavedra informó que el adeudo histórico del Ayuntamiento asciende a 4,100 millones de pesos, derivado de compromisos acumulados con el ISSSTECALI desde 2010. Añadió que el Estado continuará brindando asesoría técnica y financiera para que el municipio pueda iniciar un proceso de saneamiento sostenible.

Finalmente, ambos secretarios coincidieron en que el Gobierno del Estado mantendrá la coordinación con el Ayuntamiento de Ensenada, garantizando la transparencia, el diálogo y la corresponsabilidad en la administración de los recursos públicos.

Durante su exposición titulada “Controversias en el tratamiento del cáncer de mama temprano”, Tokunaga Fujigaki advirtió que este padecimiento se ha convertido en la principal causa de muerte entre mujeres de 40 a 65 años en Baja California, superando a cualquier otra enfermedad en este rango de edad.

El especialista subrayó que la detección temprana es clave para elevar la supervivencia de las pacientes, alcanzando más del 90% cuando el cáncer se identifica en etapas iniciales. No obstante, advirtió que la autoexploración no basta para detectar tumores pequeños, ya que sólo mediante tecnología médica es posible ubicar masas de menos de un centímetro.

“La autoexploración no es suficiente para detectar cáncer de mama temprano. Un tumor menor de 1.5 centímetros es complejo de identificar incluso para un especialista, ya que con las manos no logramos detectar un centímetro”, explicó Tokunaga.

El oncólogo también señaló que el tumor de cáncer de mama tiene la capacidad de duplicarse cada 190 a 290 días, por lo que la detección oportuna brinda tiempo valioso para establecer estrategias de tratamiento efectivas antes de que la enfermedad se disemine.

Añadió que, en Baja California, el uso prolongado de anticonceptivos hormonales puede incidir en el desarrollo de tumores mamarios, al alterar los niveles de estrógeno y progesterona, afectando la regulación natural del ciclo biológico. “Cuando ese equilibrio se pierde, el cuerpo libera estrógeno y progesterona sin control, y eso puede detonar la aparición de tumores”, puntualizó.

Tokunaga Fujigaki desmintió además uno de los mitos más comunes: que la mastectomía es el único tratamiento posible. Explicó que hoy existen opciones terapéuticas que permiten conservar las mamas, siempre y cuando se evalúen factores como la ansiedad, la imagen corporal, las preferencias individuales y los riesgos médicos.

Al finalizar, Alma Mondragón Frías agradeció la participación del especialista y la apertura para resolver dudas de las integrantes del grupo 20 Mujeres, quienes reiteraron su compromiso con la concientización y la prevención del cáncer de mama en la comunidad ensenadense.