El dirigente empresarial explicó que el IEPS es un gravamen federal que se aplica a productos considerados de consumo especial, entre ellos las bebidas alcohólicas, tabacos, combustibles y algunos alimentos con alto contenido calórico. En el caso del vino, este impuesto incrementa el precio final que paga el consumidor y reduce la capacidad de competir frente a vinos importados.

Salinas López señaló que esta carga fiscal no sólo afecta a las vinícolas, sino que impacta a toda la cadena productiva y turística que gira alrededor del vino en Baja California.

La Ley del IEPS establece que las bebidas alcohólicas pagan una tasa del 26.5 por ciento cuando tienen una graduación de hasta 14 grados de alcohol; 30 por ciento cuando superan los 14 y llegan hasta 20 grados, y 53 por ciento cuando rebasan los 20 grados. La mayoría de los vinos de mesa se ubican en los dos primeros rangos.

El presidente del CCEE explicó que, al sumarse este impuesto con otros gravámenes y costos de operación, el precio de una botella aumenta considerablemente, afectando tanto a productores como a restaurantes, hoteles, distribuidores y consumidores.

«La gente piensa que únicamente pierde la vinícola, pero cuando una botella cuesta más, también vende menos el restaurante, recibe menos visitantes el valle, disminuye el consumo en hoteles y se afecta toda la experiencia turística que distingue a Baja California», expresó.

Añadió que el impacto económico alcanza a productores de uva, transportistas, proveedores, organizadores de eventos, chefs, meseros, guías turísticos y cientos de pequeños negocios que dependen del enoturismo.

Julio Salinas recordó que Baja California produce alrededor del 70 por ciento del vino mexicano, por lo que cualquier medida fiscal que afecte a esta industria repercute directamente en regiones como el Valle de Guadalupe, San Vicente, Ojos Negros y otros valles vitivinícolas del estado.

Indicó que mientras autoridades y empresarios impulsan estrategias para fortalecer la comercialización del vino bajacaliforniano, la elevada carga fiscal continúa restándole competitividad frente a productos extranjeros.

En ese sentido, recordó que el secretario de Turismo de Baja California, Miguel Aguíñiga Rodríguez, ha informado sobre las gestiones para facilitar que visitantes puedan cruzar hasta seis botellas de vino bajacaliforniano hacia California para consumo personal, una medida que busca incentivar el turismo enológico y ampliar el mercado para las vinícolas de la región.

«Resulta contradictorio que por un lado se busquen mecanismos para vender más vino mexicano y atraer más visitantes, mientras por otro lado la carga fiscal sigue elevando su precio», comentó.

De acuerdo con datos del Consejo Mexicano Vitivinícola, únicamente 19 de cada 100 botellas de vino que se consumen en México son de producción nacional, mientras que la carga fiscal total que enfrenta el sector alcanza aproximadamente 46.7 por ciento, situación que coloca al producto mexicano en desventaja frente a vinos importados.

El dirigente empresarial consideró que revisar el tratamiento fiscal del vino mexicano permitiría fortalecer una industria que genera miles de empleos, impulsa el turismo, promueve la gastronomía regional y representa una importante fuente de inversión para Baja California.

«El vino no debe verse únicamente como una bebida alcohólica. En Baja California representa agricultura, empleo, restaurantes, hoteles, turismo, identidad regional y desarrollo económico. Gravar excesivamente toda esa cadena termina frenando su crecimiento», afirmó.

Finalmente, Julio Salinas López adelantó que el sector empresarial buscará llevar el tema a la agenda pública y legislativa para abrir una discusión técnica sobre la posibilidad de revisar el IEPS aplicado al vino mexicano, con el objetivo de fortalecer la competitividad de una de las industrias más representativas de Baja California.