El titular de la STPS, Alejandro Arregui Ibarra, informó que los 192 trabajadores quedaron sin salario y sin prestaciones desde el cierre, situación que detonó múltiples denuncias laborales por incumplimiento patronal. Ante ello, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo activó un acompañamiento integral que incluye asesoría, preparación de expedientes, representación jurídica y enlace directo con el Centro de Conciliación Laboral.

Durante la audiencia conciliatoria realizada este 8 de diciembre, trabajadores y representantes de la empresa estuvieron presentes; sin embargo, al no presentar el corporativo ninguna propuesta ni intención de reparación inmediata, la fase conciliatoria quedó agotada. Esto permitió que la Procuraduría asumiera la representación legal formal de 190 empleados, quienes avanzan ahora hacia una demanda colectiva que exigirá salarios devengados, pago de prestaciones omitidas y las garantías que establece la legislación laboral.

En el caso de Ensenada, el cierre del casino Skampa dejó sin ingresos a decenas de familias que dependían directamente de esta fuente de trabajo. De acuerdo con la STPS, la falta de respuesta de los propietarios ha incrementado la preocupación de los trabajadores, quienes además han manifestado que no han recibido comunicación clara sobre el futuro de la empresa ni sobre liquidaciones, finiquitos u otros derechos laborales pendientes. Muchos de ellos, con más de cinco, diez e incluso quince años de servicio, quedaron de un día para otro sin seguridad económica.

Arregui Ibarra destacó que el gobierno estatal no permitirá que ninguna empresa evada sus obligaciones laborales, especialmente cuando deja en vulnerabilidad a quienes sostienen su operación. Subrayó que la actuación de la STPS será firme, progresiva y transparente, garantizando que los trabajadores no enfrenten solos los procesos legales que se desprendan de este caso.

Además, la dependencia indicó que el acompañamiento será permanente, desde la integración de pruebas hasta el seguimiento del proceso judicial y eventual cumplimiento de resoluciones. El objetivo es asegurar que cada trabajador reciba lo que le corresponde por derecho, así como sentar un precedente para evitar que situaciones similares se repitan en Baja California.

El secretario reiteró que la protección de los derechos laborales es una prioridad del Gobierno del Estado y reafirmó el llamado a las empresas para actuar con responsabilidad, ya que la omisión en el cumplimiento de sus obligaciones impacta directamente en la economía de cientos de familias y en la confianza del sector laboral.

La primera edil destacó que este presupuesto fue elaborado conforme a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), cumpliendo con la estructura establecida por ramo, capítulo, concepto y partida. Señaló que uno de los principales ejes del ejercicio 2026 es garantizar la prestación de los servicios municipales que inciden directamente en la calidad de vida de la población, tales como la recolección de basura, el mantenimiento de espacios públicos, los patrullajes preventivos y la atención de emergencias.

Entre las acciones contempladas, la Dirección de Servicios Públicos Municipales contará con recursos para la adquisición de nuevos contenedores de basura, que serán instalados en puntos estratégicos de la ciudad con el propósito de mejorar el manejo de residuos y disminuir la acumulación de desechos en vía pública.

Asimismo, la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente recibirá una ampliación presupuestal destinada al fortalecimiento de su parque vehicular y al Centro de Atención Canina y Felina, lo cual permitirá mejorar los servicios de inspección, control ambiental y protección animal.

El presupuesto también contempla inversión para la adquisición de uniformes para el personal operativo de la Dirección de Bomberos, así como recursos para obras a cargo de la Dirección de Infraestructura que se enfocarán en mantenimiento urbano, atención de vialidades y rehabilitación de espacios comunitarios. En materia de seguridad, se asignaron recursos para acciones de prevención, inhibición del delito y apoyo operativo para la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

La alcaldesa subrayó que este presupuesto permitirá dar continuidad a proyectos clave de mantenimiento urbano y seguridad ciudadana, reforzando al mismo tiempo áreas que requieren atención inmediata para elevar la capacidad de respuesta institucional. Reafirmó que el ejercicio del gasto será responsable, transparente y con enfoque en la atención directa a las necesidades de la ciudadanía.

Finalmente, Claudia Agatón agradeció el respaldo de las y los regidores en la aprobación del Presupuesto de Egresos 2026, el cual será remitido al Congreso del Estado para su revisión y validación conforme a los procedimientos legales establecidos.

De acuerdo con la edil, el proyecto denominado “Rehabilitación de la Unidad Canina y Felina” fue aprobado en enero de 2023 y presuntamente financiado con recursos donados por la empresa ECA LIQUEFACTION, S.A. de C.V., con un monto estimado de 4.4 millones de pesos. Sin embargo, al revisar la documentación existente, se detectó la ausencia de proyecto ejecutivo, presupuesto detallado, licencias de obra, actas de entrega-recepción y pruebas de calidad de materiales. Esto, señaló, impide conocer con precisión el alcance real de la obra y verificar si el gasto se reflejó en las instalaciones.

La regidora recordó que, durante la administración anterior, también se anunció una inversión adicional de 2 millones de pesos para la construcción de un crematorio para mascotas, así como ampliaciones y mejoras de infraestructura. No obstante, dichos trabajos no se realizaron. En su lugar, se autorizó una transferencia presupuestal para la compra de un crematorio, operación que —según la regidora— carece de transparencia en cuanto a su uso y destino final.

Durante su exposición, Salgado subrayó que las actuales condiciones del Centro Canino y Felino no corresponden a una obra que supuestamente recibió más de 4 millones de pesos. Señaló que el lugar presenta falta de iluminación, pisos sin lozeta, un patio de tierra y juegos en mal estado, lo que pone en duda la aplicación real de los recursos. “Es indispensable garantizar que este espacio sea digno, funcional y adecuado para atender a los animales que ahí se resguardan, algo que claramente no está ocurriendo”, afirmó.

La edil también hizo hincapié en que la administración que ejecutó la obra se proclamó como un gobierno de transformación, transparencia y cero corrupción, por lo que ahora toca verificar si esas promesas fueron reales o se quedaron únicamente en discurso político. “Como representantes ciudadanos, tenemos la obligación de aplicar la ley y esclarecer el destino de estos recursos”, puntualizó.

En su solicitud formal a la Sindicatura, la regidora pidió:

1. Requerir toda la documentación que respalde la inversión realizada por la empresa donante.
2. Solicitar un informe técnico a la Dirección de Infraestructura para verificar si la obra se ejecutó conforme a la normatividad.
3. Obtener copia de licencias y permisos emitidos por la Dirección de Administración Urbana.
4. Abrir una investigación formal sobre la inversión complementaria no ejecutada para determinar si existieron modificaciones presupuestales o si simplemente los recursos nunca se aplicaron.

Finalmente, Salgado reiteró su compromiso con la legalidad y la correcta aplicación de los recursos públicos, en especial cuando se trata de espacios que deben garantizar el bienestar de animales en situación de vulnerabilidad. “No se trata solo de números, sino de vidas que dependen de instalaciones seguras y funcionales”, concluyó.