La propuesta surge tras el llamado de la activista Eufrocina Cruz, quien convocó a la Red a trabajar en esta problemática. Para su elaboración participaron también Corina López y Blanca Maldonado, integrantes de la Red, junto con especialistas en derechos humanos y perspectiva de género.

Aunque en México se han impulsado cambios legislativos, esta práctica persiste. Según datos del INEGI y organismos internacionales, cientos de niñas y adolescentes en comunidades rurales e indígenas son obligadas cada año a casarse o cohabitar con adultos, lo que afecta gravemente su salud, educación y desarrollo. En 2020, se registraron más de 27 mil adolescentes indígenas de entre 12 y 17 años que ya vivían en unión o matrimonio, principalmente en estados como Guerrero, Chiapas, Estado de México, Coahuila y Michoacán.

La iniciativa plantea reformar el artículo 113 BIS para que los delitos cometidos contra menores sean imprescriptibles, además de adicionar un nuevo Capítulo V que tipifique el delito de cohabitación forzada de menores de 18 años. Las penas propuestas van de ocho a quince años de prisión y de mil a dos mil quinientos días de multa, con incrementos cuando la víctima pertenezca a comunidades indígenas, afromexicanas, tenga discapacidad o forme parte de grupos de atención prioritaria.

“No podemos seguir permitiendo que niñas y adolescentes vean truncado su futuro por prácticas violentas y discriminatorias. Es urgente reforzar la ley para garantizar su protección y su derecho a una vida libre de violencia”, afirmó Vanesa García, presidenta de la Red.

En el mismo sentido, la vicepresidenta Daniela García Salgado subrayó: “Nuestra iniciativa no es solo un cambio legal, es una respuesta a una realidad que afecta a miles de niñas y adolescentes en Baja California y en todo México. Tipificar este delito y establecer penas más severas es un paso imprescindible para erradicarlo”.

La Red de Mujeres Unidas por Baja California hizo un llamado a las y los diputados del Congreso estatal a analizar y aprobar esta reforma, la cual armoniza la legislación local con tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, buscando construir un Estado donde la infancia crezca libre de violencia y desigualdad.