La denuncia fue interpuesta por la presidenta estatal del PAN en Baja California, Lizbeth Mata Lozano, y tiene como origen el proceso de glosa del informe de gobierno municipal correspondiente al periodo 2024–2025, en el que se detectaron anomalías relevantes en el manejo de recursos públicos.

Entre los señalamientos más graves destaca la contratación de un software con un costo aproximado de 19 millones de pesos, la cual presuntamente se realizó sin licitación pública, sin estudios técnicos que justificaran su necesidad o viabilidad, y sin la intervención del Comité de Adquisiciones, como lo marca la normatividad vigente en materia de compras gubernamentales.

Asimismo, se expone que los recursos utilizados para dicha contratación habrían provenido de reasignaciones del Fondo de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), sin contar con la autorización legal correspondiente ni con una justificación técnica clara, lo que podría configurar un uso indebido de recursos etiquetados.

Otro de los puntos señalados en la denuncia es la falta de transparencia, ya que los contratos relacionados con esta operación no fueron publicados en los portales oficiales, impidiendo la fiscalización ciudadana y generando un entorno de opacidad en el ejercicio del gasto público municipal.

Lizbeth Mata Lozano afirmó que el PAN continuará utilizando todas las vías legales a su alcance para exigir rendición de cuentas y señaló que corresponde ahora a la Fiscalía General del Estado realizar una investigación exhaustiva, profesional e imparcial que permita esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades administrativas o penales.

La dirigente estatal subrayó que no se trata de un tema político, sino de la defensa del patrimonio público y del derecho de la ciudadanía de San Quintín a contar con una administración transparente, responsable y apegada a la ley.

Durante la presentación de la denuncia, Mata Lozano estuvo acompañada por la presidenta del PAN en San Quintín, Ana María Ambriz, así como por el regidor panista Gabriel Soria, quienes respaldaron el señalamiento y reiteraron su compromiso de dar seguimiento puntual al caso.

Oficialía Mayor

La propuesta de pago proviene directamente de la Oficialía Mayor, encabezada por Eleazar López Quihuis, quien tomó protesta el pasado 27 de marzo con un currículum que incluye una maestría en derecho procesal y más de 30 años en el servicio público. Sin embargo, su experiencia no se ha traducido en resultados concretos, y ahora pretende que el Cabildo autorice un gasto millonario sin que exista soporte legal, contrato, ni verificación clara de que el servicio se haya prestado efectivamente.

¿Dónde quedó la experiencia? ¿Cómo es posible que alguien con décadas en la administración pública permita —o promueva— un pago de esa magnitud sin haber resuelto primero lo más básico: la legalidad del contrato?

El oficio 092-DE-2025, emitido el 19 de junio por la Dirección de Servicios Públicos, advierte expresamente que no existe contrato ni licitación vigente que respalde la operación de 18 camiones recolectores, 3 camiones de redilas cerradas, 1 camión de volteo y 3 motocicletas, supuestamente utilizados entre enero y junio de 2025. Aun así, la Oficialía busca con urgencia el reconocimiento del adeudo.

Lo más grave es que no hay evidencia documentada de que esos vehículos hayan operado en beneficio del municipio. No hay bitácoras, supervisión registrada, ni verificación técnica pública. Se habla de camiones y motos, pero no se puede garantizar que hayan trabajado un solo día.

Y mientras esto ocurre, los regidores —que debían revisar y votar este asunto— fueron ignorados. La Sala de Cabildo estuvo cerrada, sin aviso oficial, ni comunicado, ni explicación. Una falta total de respeto institucional, justo en el momento en que se pretendía aprobar un gasto sin sustento jurídico.

Cabe recordar que Julio César Arena Ruiz, secretario del Ayuntamiento, también ha sido señalado por su comportamiento obstruccionista en otros temas importantes para la ciudad, y su silencio ante este nuevo episodio alimenta aún más la desconfianza.

Aunque la Oficialía Mayor publicó el pasado 17 de junio las bases de la nueva licitación pública 015/2025 para arrendamiento de camiones, hoy busca cerrar el capítulo anterior con un cheque en blanco, a favor de una empresa cuya actuación sigue siendo un misterio.

¿Qué clase de administración pública es esta, donde no hay contratos, no hay sesiones, no hay explicaciones, pero sí hay urgencia para pagar?