El director de Justicia Cívica, Iván Barbosa Gutiérrez, explicó que esta práctica se ha convertido en un problema recurrente, debido a que algunas personas se presentan como gestores, abogados o incluso como supuestos servidores públicos para ofrecer ayuda a quienes acaban de recibir una infracción, tienen un vehículo retenido o necesitan realizar algún procedimiento ante la autoridad municipal. El funcionario señaló que estos individuos aprovechan principalmente la confusión o el desconocimiento de los ciudadanos respecto a los procesos oficiales para ofrecerles soluciones que, en realidad, pueden tramitarse directamente y sin intermediarios.

Barbosa Gutiérrez indicó que el modo de operación consiste en acercarse a las personas y ofrecerles supuestos descuentos, reducción de sanciones, liberación de vehículos o agilización de trámites, solicitando a cambio cantidades de dinero que pueden ir desde unos cientos de pesos hasta más de 8 mil pesos, dependiendo del procedimiento o del supuesto beneficio que prometan obtener. Ante esta situación, reiteró que la ciudadanía debe desconfiar de cualquier persona que asegure tener influencias, contactos o facultades especiales dentro del Gobierno Municipal.

El director de Justicia Cívica precisó que los procedimientos que se realizan ante el Juzgado Cívico y las oficinas municipales cuentan con canales oficiales de atención, por lo que no es necesario contratar intermediarios para recibir orientación o realizar un trámite. Además, recordó que dentro de las instalaciones existen defensores cívicos que pueden brindar asesoría sin costo a las personas que requieren conocer sus derechos, las alternativas disponibles o el procedimiento que corresponde a su caso.

Entre las situaciones que suelen ser aprovechadas por los llamados “coyotes” se encuentran principalmente las infracciones de tránsito, como exceso de velocidad, estacionamiento indebido, falta de documentación, conducción bajo los efectos del alcohol o la retención de vehículos en el corralón. También pueden acercarse a personas involucradas en faltas administrativas contempladas en el Bando de Policía y Gobierno, ofreciendo intervenir para supuestamente reducir o eliminar las consecuencias de una sanción.

La autoridad municipal recordó que los procedimientos de Justicia Cívica contemplan distintas alternativas dependiendo de cada caso y de los antecedentes de la persona involucrada. En determinadas circunstancias pueden establecerse medidas como amonestaciones, trabajo comunitario o pláticas de concientización, particularmente cuando se trata de primeras faltas y conforme a lo que determine la autoridad competente. Por ello, Barbosa Gutiérrez insistió en que ningún ciudadano necesita pagar a un tercero para conocer las opciones legales disponibles.

Asimismo, enfatizó que todo servidor público del Gobierno de Ensenada debe portar un gafete oficial que permita acreditar su identidad y cargo. Ninguna persona que carezca de esta identificación puede presentarse como funcionario, gestor autorizado o representante del Ayuntamiento, por lo que la ciudadanía debe solicitar siempre la acreditación correspondiente antes de proporcionar documentos, información personal o realizar cualquier pago.

La Dirección de Justicia Cívica también recordó que el Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Ensenada prohíbe ejercer servicios profesionales, actos de comercio o actividades similares en espacios públicos sin contar con el permiso o autorización correspondiente. En este sentido, quienes sean detectados realizando actividades de “coyotaje”, captando ciudadanos, ofreciendo gestorías irregulares o haciéndose pasar por servidores públicos podrán ser intervenidos por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y presentados ante el Juzgado Cívico para determinar lo conducente conforme a la normatividad vigente.

Barbosa Gutiérrez hizo énfasis en que el problema no solamente representa un riesgo económico para quienes caen en este tipo de prácticas, sino también un riesgo para su información personal, ya que algunas personas pueden entregar documentos oficiales o datos sensibles a individuos que no tienen ninguna relación con el Gobierno Municipal. Por ello, recomendó realizar los trámites directamente en las ventanillas oficiales y evitar entregar dinero o documentación a personas que se encuentren ofreciendo servicios fuera de los canales institucionales.

“En el Juzgado Cívico no existen gestores oficiales en la vía pública. Los trámites son directos y todo servidor público debe identificarse plenamente. No se permitirá que personas ajenas al Gobierno Municipal engañen o confundan a la ciudadanía”, puntualizó el funcionario.

Como parte de las acciones preventivas, la Dirección de Justicia Cívica y la Dirección de Seguridad Pública Municipal mantienen vigilancia en las inmediaciones de las instalaciones para detectar este tipo de conductas y actuar cuando existan elementos que permitan intervenir conforme a la reglamentación. Las autoridades exhortaron además a la ciudadanía a reportar cualquier intento de cobro irregular, suplantación de identidad o promesa de beneficios especiales relacionados con multas y procedimientos municipales.

El llamado de las autoridades es a no dejarse llevar por quienes aseguren poder “arreglar” una multa, conseguir un descuento especial o liberar un vehículo mediante contactos dentro de la administración municipal. Los procedimientos oficiales cuentan con mecanismos establecidos y personal autorizado para orientar gratuitamente a la ciudadanía, por lo que cualquier cobro realizado por un supuesto intermediario debe considerarse una señal de alerta.

La Dirección de Justicia Cívica y la Dirección de Seguridad Pública Municipal reiteraron que continuarán trabajando de manera coordinada para combatir estas prácticas, transparentar los procedimientos y evitar que ciudadanos sean víctimas de cobros indebidos, engaños o abusos en las inmediaciones de las instalaciones municipales.