La licencia de obra número 16187, emitida el 26 de diciembre de 2024, autoriza la regularización de una casa habitación, una sala de reuniones y tres cabañas en un predio ubicado en la colonia Las Lomas. Aunque el documento señala que la solicitud cumplió con los requisitos establecidos, Jasso Torres aparece registrado como responsable del proyecto y la ejecución de la obra. Esto contradice el artículo 355 del reglamento de edificaciones para el municipio de Ensenada, que prohíbe expresamente que funcionarios de la dependencia funjan como responsables de proyecto u obra.

Marco Antonio Orozco, Director de la Dependencia, involucrado en dos faltas graves

El director Marco Antonio Orozco cometió dos faltas graves relacionadas con la emisión de esta licencia. En primer lugar, al aprobar la licencia y firmarla, Orozco actuó sin detener el proceso a pesar de las irregularidades evidentes. En segundo lugar, al tener conocimiento de la situación, no dio parte a la Sindicatura Municipal, la autoridad competente para investigar posibles infracciones y sancionar a los responsables, como lo establece la ley. Su falta de acción podría constituir un encubrimiento de las irregularidades cometidas por Jasso Torres.

Sindicatura Municipal en la mira

El caso podría constituir una violación al artículo 61 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, que establece que el tráfico de influencias ocurre cuando un servidor público utiliza su cargo para obtener beneficios personales o para terceros. Asimismo, podría aplicarse el artículo 62, que sanciona el encubrimiento de actos que constituyan faltas administrativas. La falta de acción por parte de Orozco podría ser vista como una forma de encubrimiento.

Sanciones para los involucrados

De acuerdo con el artículo 356 del Reglamento de Edificaciones del Municipio de Ensenada, los funcionarios que otorguen licencias de construcción contraviniendo las disposiciones establecidas pueden ser sancionados dependiendo de la gravedad de la infracción. Las sanciones van desde una amonestación hasta una suspensión del cargo durante 30 días sin goce de sueldo. En caso de reincidencia, los responsables podrían ser separados de su puesto, además de enfrentar posibles responsabilidades civiles o penales. También se considerarían las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California o las impuestas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Llamado a la transparencia

Este incidente subraya la necesidad de reforzar los mecanismos de vigilancia dentro del Ayuntamiento para evitar que funcionarios públicos utilicen su posición para obtener ventajas personales. Organizaciones ciudadanas han solicitado a Sindicatura y al Cabildo que actúen con celeridad, esclarezcan el caso y establezcan sanciones ejemplares para prevenir futuros casos de corrupción.