De acuerdo con la autoridad estatal, la orden de aprehensión fue cumplimentada por agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), luego de que el Ministerio Público reuniera los datos de prueba suficientes para solicitar el mandato judicial ante un Juez de Control.

El caso se hizo público después de que circulara un video en plataformas digitales, donde presuntamente el imputado intenta ingresar por la fuerza al domicilio de la víctima mientras lanza amenazas de muerte, hechos que además ocurrieron en presencia de una menor de edad. La difusión de las imágenes generó preocupación entre usuarios de redes sociales por la gravedad de la conducta exhibida.

La carpeta de investigación establece que la víctima denunció diversos episodios de violencia física, psicológica y amenazas constantes, situación que derivó en la integración de diversos actos de investigación para documentar los hechos denunciados.

Como parte de las diligencias ministeriales, las autoridades obtuvieron elementos de prueba que acreditan afectaciones emocionales derivadas de la presunta violencia ejercida. Asimismo, un informe elaborado por el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) clasificó el caso como de riesgo alto, motivo por el cual fueron implementadas medidas de protección a favor de la víctima con el propósito de salvaguardar su integridad.

La violencia vicaria es una modalidad de violencia de género en la que el agresor utiliza a las hijas, hijos u otras personas cercanas para causar el mayor daño emocional posible a la mujer. En Baja California este tipo de violencia se encuentra reconocida y tipificada tanto en el Código Penal del Estado como en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Además, la entidad conmemora cada 11 de mayo el Día Estatal contra la Violencia Vicaria, como parte de las acciones para visibilizar, prevenir y combatir esta conducta.

Con base en los elementos recabados durante la investigación, la Fiscalía obtuvo la orden de aprehensión, misma que fue ejecutada por agentes investigadores. Posteriormente, el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación jurídica conforme al desarrollo del proceso penal y al principio de presunción de inocencia.

La Fiscalía General del Estado, encabezada por la Dra. Ma. Elena Andrade Ramírez, reiteró su compromiso de investigar y perseguir con firmeza los delitos que atenten contra la integridad y seguridad de las mujeres, fortaleciendo las acciones para garantizar la protección de las víctimas y su acceso a la justicia.