De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC), el despliegue inició luego de que ciudadanos reportaran un fuerte olor proveniente de una zona serrana. En respuesta, elementos de la corporación realizaron un recorrido por un camino vecinal y, al llegar a un punto donde ya no era posible avanzar en vehículo, continuaron a pie aproximadamente un kilómetro hasta ubicar el primer cultivo ilegal oculto entre la vegetación.

El primer plantío se encontraba distribuido en una superficie aproximada de 20 metros de ancho por 60 metros de largo, donde los agentes observaron hileras de plantas de marihuana en distintas etapas de crecimiento. Conforme al Informe Policial Homologado (IPH), en este predio fueron contabilizadas alrededor de 18 mil plantas, algunas de ellas con una altura de hasta 1.80 metros.

Durante la inspección de la zona, los elementos estatales localizaron además un campamento improvisado situado a unos 100 metros del primer sembradío. En el lugar encontraron una mesa, prendas de vestir e indicios que hacían presumir la presencia reciente de personas dedicadas al cuidado de los cultivos, aunque al momento del operativo no se encontró a ningún sospechoso.

A un costado de ese campamento fue descubierto un segundo plantío clandestino, con una superficie cercana a los mil 200 metros cuadrados, donde nuevamente fueron contabilizadas aproximadamente 18 mil plantas de cannabis en diferentes etapas de desarrollo, elevando a 36 mil el número total de ejemplares asegurados durante la intervención.

Las autoridades informaron que una parte de las plantas fue recolectada como evidencia para integrar la carpeta de investigación correspondiente, mientras que el resto del cultivo fue erradicado e incinerado en el sitio, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de aseguramientos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California precisó que todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que continuará con las investigaciones para identificar y detener a los responsables de estos plantíos clandestinos.

De acuerdo con lo expuesto por el propio Salgado Chávez, la Fiscalía General de la República determinó concluir las indagatorias que lo vinculaban de manera preliminar con presuntas actividades ilícitas, luego de que el caso fuera analizado conforme a los procedimientos legales correspondientes.

El empresario explicó que dicha investigación se originó a partir de una denuncia anónima, lo que generó en su momento una serie de especulaciones y señalamientos públicos que derivaron en atención mediática y debate en distintos sectores, particularmente por la inclusión de su nombre en una lista difundida en redes y otros espacios.

En ese contexto, recordó que en meses anteriores su nombre apareció junto al de otras personas, algunas vinculadas a la actividad política, lo que intensificó el interés público sobre el caso y generó diversas interpretaciones sobre su situación jurídica.

Tras darse a conocer el cierre del expediente, Salgado Chávez sostuvo que continuará defendiendo su reputación, y enfatizó que la resolución de la autoridad federal refleja la importancia de que los casos se resuelvan a través de las instituciones y bajo el debido proceso, evitando juicios anticipados o conclusiones sin sustento legal.

Asimismo, al ser cuestionado sobre el estatus de otras personas mencionadas en la misma denuncia, el empresario indicó que no cuenta con información sobre la situación jurídica de los demás señalados, por lo que prefirió no emitir comentarios al respecto.

El cierre de este expediente ocurre en un contexto de creciente actividad política y mediática, donde continúan surgiendo posicionamientos y señalamientos públicos en distintos frentes, particularmente ante el inicio de nuevos escenarios rumbo a procesos electorales.

La primera mujer presidenta en la historia de Ensenada precisó que, en las últimas semanas, se han construido y rehabilitado alrededor de 55 rampas para personas con discapacidad, ubicadas en banquetas de zonas estratégicas de la ciudad.

“Estas rampas facilitan la movilidad y el acceso seguro para personas con discapacidad, dando prioridad a instituciones médicas, paraderos de transporte público y espacios donde el tránsito peatonal es fundamental”, recalcó.

Agregó que estas acciones forman parte del programa anual de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, cuyo propósito es garantizar infraestructura peatonal accesible, segura y funcional.

Finalmente, Claudia Agatón reiteró que su administración seguirá adaptando la infraestructura urbana para que sea accesible a personas con discapacidad, personas adultas mayores, niñas y niños, mujeres embarazadas y cualquier persona con movilidad reducida, temporal o permanente.

La autoridad municipal informó que se pidió a dichas corporaciones ampliar los operativos conjuntos y reforzar la presencia en zonas catalogadas como prioritarias, a fin de ejecutar más acciones disuasivas y mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias. La Dirección de Seguridad Pública Municipal mantiene patrullajes permanentes, participación diaria en mesas de seguridad y tareas de inteligencia orientadas a la identificación de personas generadoras de violencia.

El Gobierno de Ensenada también indicó que se trabaja en acciones de prevención y proximidad social, como el fortalecimiento de redes vecinales, recuperación de espacios públicos, atención a reportes comunitarios y campañas para incentivar la denuncia ciudadana, con el objetivo de reducir factores de riesgo en colonias vulnerables.

En el contexto de esta solicitud de apoyo, el municipio enfrenta nuevos hechos violentos. La mañana del domingo 23 de noviembre, un hombre identificado como Juan Luis, de 40 años, resultó lesionado tras un ataque armado en las calles De los Mecánicos y Esmeralda, en la colonia Morelos. Presentó heridas por proyectil de arma de fuego en el tórax y una mano; él mismo se trasladó a la Cruz Roja de Valle Dorado y posteriormente a un hospital. Autoridades confirmaron que cuenta con una orden de aprehensión cumplimentada. Esta agresión se suma a otros homicidios ocurridos previamente en la misma zona.

A ello se sumó un segundo hecho violento. La tarde del lunes 24 de noviembre, un ataque armado al interior de la empresa “Soluciones Marítimas”, ubicada en Avenida Reforma y Antonio Villarreal, dejó sin vida a un hombre identificado preliminarmente como Luis, originario de Tijuana. El reporte del C5 alertó a las corporaciones alrededor de las 16:25 horas; al arribar, los oficiales confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. El sitio permanece bajo investigación de la Fiscalía General del Estado. En ese mismo establecimiento ya había sido asesinado un socio el 1 de febrero de 2021.

El Gobierno de Ensenada reiteró que se da seguimiento permanente a las estrategias coordinadas con corporaciones estatales y federales, y que se mantendrá informada a la población sobre avances y retos en materia de seguridad.

El citatorio, emitido por la Célula E-1-3 de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO), indica que la diligencia se llevará a cabo en Avenida Paseo de la Reforma 75, colonia Guerrero, en la Ciudad de México.

Según el documento oficial, Ayala Robles deberá acudir con identificación vigente y acompañado de un abogado titulado; de no contar con uno, la Fiscalía le asignará un defensor público.

La agente del Ministerio Público Federal Rebeca Rojo Hernández, firmante del oficio, advirtió que la falta de asistencia sin causa justificada podría derivar en una medida de apremio equivalente a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA), conforme al artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El documento, fechado el 30 de octubre de 2025, forma parte de la fase inicial del proceso de investigación. La declaración del senador es considerada un paso clave para integrar los elementos pendientes del caso.

Hasta ahora, no se han revelado detalles sobre la naturaleza de las acusaciones. Sin embargo, esta citación ocurre después de que la FEMDO también convocara al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, dentro de procedimientos similares.

Posicionamiento de Ismael Burgueño, alcalde de Tijuana, ante señalamientos públicos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), formalizó una colaboración con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para bloquear operaciones financieras provenientes de jurisdicciones de alto riesgo. Esta coordinación incluye el intercambio de información con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), con el objetivo de detectar flujos ilícitos vinculados a organizaciones criminales, terrorismo y lavado de dinero. En esta fase, se identificaron 29 personas físicas y 9 empresas con vínculos operativos al llamado “Cártel del Pacífico”, cuyas operaciones fueron bloqueadas en ambos países.

Como parte de estas acciones, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita, y notificó a la Procuraduría Fiscal de la Federación sobre delitos fiscales detectados. El análisis permitió documentar el uso de empresas fachada para justificar ingresos inexistentes, así como esquemas de evasión fiscal que comprometen la integridad del sistema financiero. Las entidades involucradas serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y sujetas a procesos penales y administrativos.

Estas medidas consolidan el compromiso del Gobierno de México con la protección del sistema financiero y la lucha contra la delincuencia organizada. La cooperación bilateral fortalece la inteligencia financiera y contribuye a la seguridad internacional, en cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). El operativo conjunto reafirma que el combate al lavado de dinero exige coordinación transfronteriza, análisis técnico y voluntad política sostenida.

El operativo inició tras una alerta recibida en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Calidad y Contacto Ciudadano (C-5), donde se reportó que uno de los paquetes desprendía un fuerte olor químico. El aviso activó la respuesta conjunta de agentes de la FESC y elementos de la Policía Municipal de Mexicali, quienes arribaron a la empresa para verificar el reporte y descartar riesgos para el personal y los clientes del lugar.

Una vez en la zona de carga, se solicitó la intervención del binomio K-9. Fritz, siguiendo los protocolos de búsqueda y detección, recorrió el área y marcó ocho paquetes cuyo contenido no coincidía con la declaración registrada. Esta alerta motivó a los oficiales a proceder con la apertura de las cajas, descubriendo que en su interior no había bocinas, sino 80 vapeadores, distribuidos de manera que intentaba simular el peso y volumen de los artículos registrados en la guía.

La mercancía asegurada fue puesta bajo resguardo de la Policía Municipal de Mexicali, corporación que realizó el papeleo correspondiente para su entrega a la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad competente para la investigación del caso.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California destacó que este tipo de acciones forman parte del trabajo coordinado entre corporaciones estatales y municipales, reiterando que la participación ciudadana es clave para la detección temprana de situaciones irregulares. Asimismo, invitó a seguir utilizando de manera responsable las líneas 9-1-1 para emergencias y 089 para denuncias anónimas.

En los laboratorios asegurados se encontraron aproximadamente 21,000 kilogramos de presunta metanfetamina, además de una gran variedad de precursores químicos necesarios para la producción de drogas ilícitas. Entre los insumos asegurados se contabilizan 1,000 litros de ácido clorhídrico, 200 litros de ácido acético, 1,000 litros de tolueno, 200 litros de cianuro de bencilo, 250 litros de P2P, 575 kilogramos de sosa cáustica y 200 kilogramos de cianuro de sodio, todos los cuales fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para iniciar la carpeta de investigación correspondiente y realizar las indagatorias subsecuentes.

La acción tuvo un impacto significativo en la operación de la delincuencia organizada, pues se estima que se evitó que más de 525 millones de dosis de droga llegaran a las calles, afectando económicamente a los grupos delictivos en un total de 6,532,026,885 pesos. La Semar, la FGR, la Sedena, la GN y la SSPC destacaron la importancia de la coordinación interinstitucional para llevar a cabo este tipo de operativos, que buscan desmantelar la infraestructura de producción de drogas y reducir el riesgo que representan para la sociedad.

Además del aseguramiento de sustancias químicas y droga procesada, el operativo permitió neutralizar los laboratorios, eliminando instalaciones que representaban un riesgo ambiental y para la salud de la población, dado el manejo de químicos altamente peligrosos. La acción también refuerza la vigilancia en la región y demuestra la capacidad del Estado para intervenir de manera efectiva ante la presencia de actividades ilícitas de gran escala.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteran su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para impedir la distribución de drogas, salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y mantener acciones preventivas y correctivas que limiten el alcance de la delincuencia organizada en todo el país.