Fierro, quien se desempeñaba en la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente, sostuvo que fue separado de su cargo sin recibir una notificación formal en la que se le explicara la causa de la decisión. Posteriormente, dijo, comenzó a difundirse en medios de comunicación una versión que relacionaba su salida con una inspección realizada en la Finca La Grulla.

Ante esta situación, el exfuncionario acudió a la Sindicatura Municipal para pedir que se esclarezcan tanto las circunstancias de su despido como la actuación de los servidores públicos involucrados y el origen de la documentación que, según señaló, terminó siendo difundida públicamente antes de que él recibiera una explicación oficial.

Fierro rechazó haber ordenado la inspección en cuestión y aseguró que dicha determinación no se encontraba dentro de sus facultades.

“Quiero dejarlo muy claro: esa inspección no fue una decisión mía, no la ordené y no estaba dentro de mis facultades ordenarla. La orden de visita está firmada por el director de Administración Urbana, Cristopher Sánchez, quien es precisamente el funcionario que cuenta con la facultad para emitirla”, afirmó.

De acuerdo con su versión, la inspección municipal se originó a partir de una denuncia y publicaciones relacionadas con el trasplante de más de 20 árboles de olivo en la Finca La Grulla, por lo que correspondía a la autoridad verificar si el inmueble contaba con los permisos establecidos por la normatividad municipal.

El exfuncionario cuestionó que se pretenda relacionarlo personalmente con una actuación cuya orden, aseguró, fue emitida y suscrita por otro funcionario con facultades para ello.

“Si alguien pretende sostener que esa inspección fue irregular o constituyó un abuso de autoridad, entonces tendría que explicar por qué se responsabiliza a quien no la ordenó. La orden está firmada por quien tenía la facultad legal para emitirla”, sostuvo.

Fierro también solicitó que se haga público el resultado de la visita realizada en la Finca La Grulla, particularmente si el inmueble contaba con los permisos correspondientes, qué encontraron los inspectores y cuál fue la determinación adoptada por la autoridad municipal.

A su consideración, conocer el resultado del procedimiento permitiría aclarar si existió alguna irregularidad y evitar que una inspección sea utilizada para atribuir responsabilidades sin que se conozcan públicamente sus conclusiones.

“Ese resultado también corresponde a la Dirección de Administración Urbana. Si hubo una actuación de la autoridad, debe conocerse qué se determinó y con qué fundamento”, manifestó.

Otro de los puntos incluidos en su denuncia es la presunta filtración de documentación institucional relacionada con su separación del cargo. Fierro consideró que, si existía una causa administrativa para terminar su relación laboral, ésta debió ser comunicada directamente y mediante los procedimientos correspondientes.

“No es aceptable que un documento institucional termine filtrado a los medios antes de que exista una explicación oficial. Por eso también solicité a la Sindicatura que investigue cómo se produjo esa filtración y quién tuvo acceso a esa documentación”, señaló.

El exfuncionario también rechazó que haya realizado señalamientos públicos contra la administración municipal y reconoció que pertenece al Partido Revolucionario Institucional (PRI), fuerza política que actualmente se encuentra en oposición y que ha cuestionado públicamente algunas decisiones del Gobierno de Ensenada.

En ese contexto, Fierro planteó que su separación podría estar relacionada con un posible acto de revanchismo político, aunque dejó en manos de la autoridad investigadora determinar si existió alguna irregularidad.

“Me preocupa que se esté generando un precedente donde las capacidades, el trabajo y la experiencia de una persona puedan quedar en segundo plano frente a su filiación política. Hoy soy yo, pero mañana puede ser cualquier trabajador que piense diferente o que pertenezca a un partido de oposición”, expresó.

Fierro sostuvo que el funcionamiento de la administración pública debe sujetarse a criterios profesionales y administrativos, independientemente de las preferencias políticas de quienes trabajan dentro de las instituciones.

La denuncia presentada ante Sindicatura busca, según explicó, que se determinen las circunstancias en las que ocurrió su despido, se investigue la posible filtración de documentos, se conozca el resultado de la inspección realizada en La Grulla y, en caso de existir irregularidades, se deslinden las responsabilidades correspondientes.

“No estoy pidiendo privilegios. Estoy pidiendo algo muy sencillo: que se respete la legalidad, que se diga la verdad y que cada funcionario responda por los actos que realmente le corresponden”, concluyó.

Hasta el momento, los señalamientos forman parte de la denuncia presentada por Fierro y corresponderá a las autoridades competentes determinar si existieron irregularidades administrativas y, en su caso, establecer responsabilidades.