De acuerdo con la autoridad estatal, la orden de aprehensión fue cumplimentada por agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), luego de que el Ministerio Público reuniera los datos de prueba suficientes para solicitar el mandato judicial ante un Juez de Control.

El caso se hizo público después de que circulara un video en plataformas digitales, donde presuntamente el imputado intenta ingresar por la fuerza al domicilio de la víctima mientras lanza amenazas de muerte, hechos que además ocurrieron en presencia de una menor de edad. La difusión de las imágenes generó preocupación entre usuarios de redes sociales por la gravedad de la conducta exhibida.

La carpeta de investigación establece que la víctima denunció diversos episodios de violencia física, psicológica y amenazas constantes, situación que derivó en la integración de diversos actos de investigación para documentar los hechos denunciados.

Como parte de las diligencias ministeriales, las autoridades obtuvieron elementos de prueba que acreditan afectaciones emocionales derivadas de la presunta violencia ejercida. Asimismo, un informe elaborado por el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) clasificó el caso como de riesgo alto, motivo por el cual fueron implementadas medidas de protección a favor de la víctima con el propósito de salvaguardar su integridad.

La violencia vicaria es una modalidad de violencia de género en la que el agresor utiliza a las hijas, hijos u otras personas cercanas para causar el mayor daño emocional posible a la mujer. En Baja California este tipo de violencia se encuentra reconocida y tipificada tanto en el Código Penal del Estado como en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Además, la entidad conmemora cada 11 de mayo el Día Estatal contra la Violencia Vicaria, como parte de las acciones para visibilizar, prevenir y combatir esta conducta.

Con base en los elementos recabados durante la investigación, la Fiscalía obtuvo la orden de aprehensión, misma que fue ejecutada por agentes investigadores. Posteriormente, el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación jurídica conforme al desarrollo del proceso penal y al principio de presunción de inocencia.

La Fiscalía General del Estado, encabezada por la Dra. Ma. Elena Andrade Ramírez, reiteró su compromiso de investigar y perseguir con firmeza los delitos que atenten contra la integridad y seguridad de las mujeres, fortaleciendo las acciones para garantizar la protección de las víctimas y su acceso a la justicia.

De acuerdo con la información oficial emitida por el propio Instituto, los trabajadores realizaban labores de inspección en dicho municipio como parte de las acciones permanentes para vigilar el cumplimiento de la normatividad en el servicio de transporte. Sin embargo, una vez concluidas estas actividades y cuando se encontraban en trayecto de regreso hacia Ensenada, fueron interceptados por sujetos armados, quienes presuntamente los privaron de la libertad, sin que hasta el momento se tenga información confirmada sobre su paradero.

Tras el reporte de los hechos, el IMOS dio aviso inmediato a las autoridades competentes, al tiempo que reiteró su disposición de colaborar plenamente con las instancias encargadas de la investigación, proporcionando datos e información relevante que permitan avanzar en las diligencias. Asimismo, el organismo informó que mantiene comunicación constante con las familias de los colaboradores, a quienes se les brinda acompañamiento institucional ante la gravedad de la situación.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado confirmó que se activaron operativos de búsqueda y localización en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, desplegando recursos humanos y técnicos en la zona, además de implementar trabajos de inteligencia y acciones operativas que permitan ubicar a las víctimas y esclarecer los hechos. Las corporaciones participantes mantienen coordinación institucional permanente para dar seguimiento al caso.

Este hecho ocurre en un contexto de operativos recientes por parte del IMOS en distintos municipios del estado. De manera previa, la dependencia había informado sobre la intervención de unidades de transporte público que operaban en condiciones irregulares, como el caso de un vehículo en Tijuana que circulaba con exceso de pasajeros, poniendo en riesgo a los usuarios. En ese caso, inspectores procedieron a sancionar al conductor por violaciones a la normativa vigente y al retiro de la unidad, como parte de las acciones para reforzar la seguridad en el servicio.

Las autoridades no han confirmado si existe una relación directa entre estos operativos y la privación de la libertad de los inspectores; sin embargo, esta línea forma parte de las investigaciones en curso, mientras continúan los trabajos de búsqueda en la región.

Hasta el momento, no se han dado a conocer avances concretos sobre la localización de los trabajadores, pero se mantiene activo el despliegue de seguridad, con el objetivo de dar con su paradero lo antes posible.

La denuncia fue interpuesta por la presidenta estatal del PAN en Baja California, Lizbeth Mata Lozano, y tiene como origen el proceso de glosa del informe de gobierno municipal correspondiente al periodo 2024–2025, en el que se detectaron anomalías relevantes en el manejo de recursos públicos.

Entre los señalamientos más graves destaca la contratación de un software con un costo aproximado de 19 millones de pesos, la cual presuntamente se realizó sin licitación pública, sin estudios técnicos que justificaran su necesidad o viabilidad, y sin la intervención del Comité de Adquisiciones, como lo marca la normatividad vigente en materia de compras gubernamentales.

Asimismo, se expone que los recursos utilizados para dicha contratación habrían provenido de reasignaciones del Fondo de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), sin contar con la autorización legal correspondiente ni con una justificación técnica clara, lo que podría configurar un uso indebido de recursos etiquetados.

Otro de los puntos señalados en la denuncia es la falta de transparencia, ya que los contratos relacionados con esta operación no fueron publicados en los portales oficiales, impidiendo la fiscalización ciudadana y generando un entorno de opacidad en el ejercicio del gasto público municipal.

Lizbeth Mata Lozano afirmó que el PAN continuará utilizando todas las vías legales a su alcance para exigir rendición de cuentas y señaló que corresponde ahora a la Fiscalía General del Estado realizar una investigación exhaustiva, profesional e imparcial que permita esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades administrativas o penales.

La dirigente estatal subrayó que no se trata de un tema político, sino de la defensa del patrimonio público y del derecho de la ciudadanía de San Quintín a contar con una administración transparente, responsable y apegada a la ley.

Durante la presentación de la denuncia, Mata Lozano estuvo acompañada por la presidenta del PAN en San Quintín, Ana María Ambriz, así como por el regidor panista Gabriel Soria, quienes respaldaron el señalamiento y reiteraron su compromiso de dar seguimiento puntual al caso.

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles 28 de enero de 2026, cuando una denuncia ciudadana alertó a las autoridades sobre un individuo que arrastraba y golpeaba brutalmente a un perro en la vía pública. De acuerdo con la información recabada, el sujeto arrastró al animal por al menos dos cuadras, lo jaloneó con una cuerda atada al cuello, lo pateó en repetidas ocasiones y ejerció presión con la rodilla para inmovilizarlo.

La agresión fue constatada alrededor de las 19:53 horas, en el cruce de las calles Horticultores y Del Cid. Al arribar al sitio, los agentes observaron al individuo de rodillas, jalando con fuerza la cuerda con la que mantenía sometido al canino, por lo que intervinieron de inmediato.

Al intentar auxiliar al animal, los oficiales confirmaron que se trataba de un cachorro de raza Husky, de aproximadamente seis meses de edad, el cual se encontraba en estado agónico. Pese a los esfuerzos por salvarle la vida, el perrito perdió la vida a consecuencia de las severas lesiones provocadas durante la agresión.

Derivado de estos hechos, se procedió a la detención de quien se identificó como Jesús Armando “N”, de 55 años de edad y originario de Ensenada, mismo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su situación legal por el delito de crueldad animal.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California reiteró su compromiso con la protección y el bienestar animal, y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de maltrato a través de las líneas de emergencia 9-1-1 y Denuncia Anónima 089.

De acuerdo con el médico veterinario que recibió al animal, el perro habría permanecido más de diez días en total abandono. En los videos difundidos en redes sociales se observa al canino en estado crítico, visiblemente desnutrido, sin fuerza para moverse y emitiendo ladridos débiles en un aparente intento por pedir ayuda, hasta que finalmente perdió la vida.

Aunque elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar tras el reporte ciudadano, el daño ya era irreversible, y pese a los esfuerzos de los agentes, el animal llegó sin signos vitales a la clínica veterinaria.

Crueldad no es descuido, es delito

“No fue un descuido ni una falta de recursos; fue crueldad. Nadie tiene derecho a condenar a morir así a un ser sintiente. El maltrato animal no puede seguir siendo minimizado”, expresó la regidora Daniela Salgado.

La edil recordó que este tipo de conductas están tipificadas en el artículo 342 del Código Penal, por lo que informó que presentó un oficio formal ante la Fiscalía General del Estado, exigiendo que el caso se resuelva de manera pronta, expedita y con una sanción ejemplar que siente un precedente claro.

Asimismo, fue enfática al señalar que la Fiscalía arrastra deficiencias estructurales desde hace más de una década, como la falta de presupuesto, ausencia de médicos veterinarios, inexistencia de espacios de resguardo para animales asegurados, carencia de instalaciones para conservar cuerpos de animales fallecidos por maltrato y la falta de laboratorios o convenios certificados para pruebas especializadas.

Estas omisiones, señaló, debilitan las carpetas de investigación y provocan que la carga total recaiga en asociaciones civiles, rescatistas independientes y CACYFE, quienes asumen gastos médicos, alimentación, resguardo y cuidados sin recibir apoyo institucional.

Finalmente, Daniela Salgado reiteró su compromiso desde la Comisión de Medio Ambiente y Protección Animal para dar seguimiento puntual a este caso y continuar exigiendo que la Fiscalía cumpla con su obligación de garantizar justicia real frente al maltrato animal en Ensenada.

La diligencia fue realizada el pasado 15 de enero del presente año por agentes adscritos a la unidad especializada y personal del Ministerio Público, quienes ejecutaron la orden judicial con el objetivo de verificar las condiciones en las que se encontraba un animal reportado por presunto maltrato.

Durante el operativo, las autoridades localizaron a una hembra canina de raza pug, de pelaje blanco con café, la cual presentaba condiciones que comprometían su bienestar, por lo que fue asegurada de manera inmediata para garantizar su protección e integridad física.

El canino fue puesto bajo resguardo conforme a los protocolos establecidos en materia de protección animal, a fin de que reciba la atención necesaria mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

La Fiscalía General del Estado reiteró que el maltrato animal constituye un delito y aseguró que continuará fortaleciendo las acciones de investigación y persecución de este tipo de conductas, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de los seres sintientes en Baja California.

De acuerdo con información oficial, la detención se registró durante la mañana de este domingo, luego de que a través del número de emergencias 9-1-1 se recibiera un reporte ciudadano en el que se alertaba sobre una persona lesionada dentro de una farmacia ubicada en la intersección de las calles San Marcos y Mariano Escobedo. La reportante indicó que un sujeto había atacado a un hombre utilizando un fragmento de vidrio y posteriormente había huido del lugar.

Al atender el llamado, agentes municipales implementaron un operativo de búsqueda en la zona, logrando ubicar a un individuo cuyas características físicas y vestimenta coincidían con las descritas en el reporte. Al aproximarse, la víctima lo identificó plenamente como la persona que momentos antes lo había agredido, motivo por el cual los oficiales procedieron a asegurarlo.

Durante la revisión del área y del comercio, los agentes localizaron una mochila que contenía diversos objetos personales pertenecientes a una empleada de la farmacia. Dichas pertenencias habían sido sustraídas de un vehículo estacionado en el lugar, el cual presentaba un cristal roto, presuntamente provocado de manera intencional para cometer el robo.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el sujeto habría dañado el cristal del automóvil para sustraer los objetos y, posteriormente, al ser descubierto dentro del establecimiento, agredió a un hombre con un pedazo de vidrio antes de intentar escapar del sitio.

El detenido fue identificado como Ramsés “N”, de 36 años de edad, quien fue trasladado a las instalaciones correspondientes para la elaboración del informe policial homologado y, posteriormente, puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que determinará su situación legal y dará seguimiento a las investigaciones por los delitos que resulten.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal reiteró el llamado a la ciudadanía a reportar de manera inmediata cualquier hecho delictivo, destacando que la pronta denuncia permite una respuesta oportuna por parte de las corporaciones y contribuye a la prevención de este tipo de delitos en la ciudad.

La primera mujer presidenta en la historia de Ensenada precisó que, en las últimas semanas, se han construido y rehabilitado alrededor de 55 rampas para personas con discapacidad, ubicadas en banquetas de zonas estratégicas de la ciudad.

“Estas rampas facilitan la movilidad y el acceso seguro para personas con discapacidad, dando prioridad a instituciones médicas, paraderos de transporte público y espacios donde el tránsito peatonal es fundamental”, recalcó.

Agregó que estas acciones forman parte del programa anual de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, cuyo propósito es garantizar infraestructura peatonal accesible, segura y funcional.

Finalmente, Claudia Agatón reiteró que su administración seguirá adaptando la infraestructura urbana para que sea accesible a personas con discapacidad, personas adultas mayores, niñas y niños, mujeres embarazadas y cualquier persona con movilidad reducida, temporal o permanente.

La autoridad municipal informó que se pidió a dichas corporaciones ampliar los operativos conjuntos y reforzar la presencia en zonas catalogadas como prioritarias, a fin de ejecutar más acciones disuasivas y mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias. La Dirección de Seguridad Pública Municipal mantiene patrullajes permanentes, participación diaria en mesas de seguridad y tareas de inteligencia orientadas a la identificación de personas generadoras de violencia.

El Gobierno de Ensenada también indicó que se trabaja en acciones de prevención y proximidad social, como el fortalecimiento de redes vecinales, recuperación de espacios públicos, atención a reportes comunitarios y campañas para incentivar la denuncia ciudadana, con el objetivo de reducir factores de riesgo en colonias vulnerables.

En el contexto de esta solicitud de apoyo, el municipio enfrenta nuevos hechos violentos. La mañana del domingo 23 de noviembre, un hombre identificado como Juan Luis, de 40 años, resultó lesionado tras un ataque armado en las calles De los Mecánicos y Esmeralda, en la colonia Morelos. Presentó heridas por proyectil de arma de fuego en el tórax y una mano; él mismo se trasladó a la Cruz Roja de Valle Dorado y posteriormente a un hospital. Autoridades confirmaron que cuenta con una orden de aprehensión cumplimentada. Esta agresión se suma a otros homicidios ocurridos previamente en la misma zona.

A ello se sumó un segundo hecho violento. La tarde del lunes 24 de noviembre, un ataque armado al interior de la empresa “Soluciones Marítimas”, ubicada en Avenida Reforma y Antonio Villarreal, dejó sin vida a un hombre identificado preliminarmente como Luis, originario de Tijuana. El reporte del C5 alertó a las corporaciones alrededor de las 16:25 horas; al arribar, los oficiales confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. El sitio permanece bajo investigación de la Fiscalía General del Estado. En ese mismo establecimiento ya había sido asesinado un socio el 1 de febrero de 2021.

El Gobierno de Ensenada reiteró que se da seguimiento permanente a las estrategias coordinadas con corporaciones estatales y federales, y que se mantendrá informada a la población sobre avances y retos en materia de seguridad.

Datos oficiales indican que cerca del mediodía se recibió un reporte al número 9-1-1 donde se alertaba sobre detonaciones de arma de fuego y una persona lesionada en la gasolinera ubicada en la calle 10 y Ruiz.

Al llegar al lugar, policías confirmaron la presencia del cuerpo sin vida de un hombre. También hallaron a un menor de edad en una oficina cercana, quien fue resguardado de inmediato.

Testigos relataron que desde un vehículo Ford Focus negro dispararon contra un auto blanco donde se encontraba un adulto y un niño. El menor, de siete años y sobrino de la víctima, resultó ileso y fue atendido por personal del Escuadrón Violeta de la Policía Municipal.

La víctima fue identificada como Yamandu Villalobos, alias “El Yama”, de 39 años, originario de Tecate y con antecedentes penales por homicidio calificado. Según versiones, se dedicaba a la ganadería y rodeo en ranchos del municipio de Tecate.

Por motivos de seguridad, y tras registrarse los hechos frente a planteles escolares, las autoridades educativas decidieron suspender clases del turno vespertino en la escuela Ezequiel A. Chávez.

A las 12:30 horas, derivado de operativos de búsqueda realizados por diversas corporaciones, fue localizado un Ford Focus negro en la intersección de calles Riveroll y 13, vehículo que coincide con el descrito por testigos.

Ambas escenas fueron aseguradas con cinta amarilla y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, que lleva a cabo las investigaciones y diligencias periciales correspondientes.