El director de Justicia Cívica, Iván Barbosa Gutiérrez, explicó que esta práctica se ha convertido en un problema recurrente, debido a que algunas personas se presentan como gestores, abogados o incluso como supuestos servidores públicos para ofrecer ayuda a quienes acaban de recibir una infracción, tienen un vehículo retenido o necesitan realizar algún procedimiento ante la autoridad municipal. El funcionario señaló que estos individuos aprovechan principalmente la confusión o el desconocimiento de los ciudadanos respecto a los procesos oficiales para ofrecerles soluciones que, en realidad, pueden tramitarse directamente y sin intermediarios.

Barbosa Gutiérrez indicó que el modo de operación consiste en acercarse a las personas y ofrecerles supuestos descuentos, reducción de sanciones, liberación de vehículos o agilización de trámites, solicitando a cambio cantidades de dinero que pueden ir desde unos cientos de pesos hasta más de 8 mil pesos, dependiendo del procedimiento o del supuesto beneficio que prometan obtener. Ante esta situación, reiteró que la ciudadanía debe desconfiar de cualquier persona que asegure tener influencias, contactos o facultades especiales dentro del Gobierno Municipal.

El director de Justicia Cívica precisó que los procedimientos que se realizan ante el Juzgado Cívico y las oficinas municipales cuentan con canales oficiales de atención, por lo que no es necesario contratar intermediarios para recibir orientación o realizar un trámite. Además, recordó que dentro de las instalaciones existen defensores cívicos que pueden brindar asesoría sin costo a las personas que requieren conocer sus derechos, las alternativas disponibles o el procedimiento que corresponde a su caso.

Entre las situaciones que suelen ser aprovechadas por los llamados “coyotes” se encuentran principalmente las infracciones de tránsito, como exceso de velocidad, estacionamiento indebido, falta de documentación, conducción bajo los efectos del alcohol o la retención de vehículos en el corralón. También pueden acercarse a personas involucradas en faltas administrativas contempladas en el Bando de Policía y Gobierno, ofreciendo intervenir para supuestamente reducir o eliminar las consecuencias de una sanción.

La autoridad municipal recordó que los procedimientos de Justicia Cívica contemplan distintas alternativas dependiendo de cada caso y de los antecedentes de la persona involucrada. En determinadas circunstancias pueden establecerse medidas como amonestaciones, trabajo comunitario o pláticas de concientización, particularmente cuando se trata de primeras faltas y conforme a lo que determine la autoridad competente. Por ello, Barbosa Gutiérrez insistió en que ningún ciudadano necesita pagar a un tercero para conocer las opciones legales disponibles.

Asimismo, enfatizó que todo servidor público del Gobierno de Ensenada debe portar un gafete oficial que permita acreditar su identidad y cargo. Ninguna persona que carezca de esta identificación puede presentarse como funcionario, gestor autorizado o representante del Ayuntamiento, por lo que la ciudadanía debe solicitar siempre la acreditación correspondiente antes de proporcionar documentos, información personal o realizar cualquier pago.

La Dirección de Justicia Cívica también recordó que el Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Ensenada prohíbe ejercer servicios profesionales, actos de comercio o actividades similares en espacios públicos sin contar con el permiso o autorización correspondiente. En este sentido, quienes sean detectados realizando actividades de “coyotaje”, captando ciudadanos, ofreciendo gestorías irregulares o haciéndose pasar por servidores públicos podrán ser intervenidos por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y presentados ante el Juzgado Cívico para determinar lo conducente conforme a la normatividad vigente.

Barbosa Gutiérrez hizo énfasis en que el problema no solamente representa un riesgo económico para quienes caen en este tipo de prácticas, sino también un riesgo para su información personal, ya que algunas personas pueden entregar documentos oficiales o datos sensibles a individuos que no tienen ninguna relación con el Gobierno Municipal. Por ello, recomendó realizar los trámites directamente en las ventanillas oficiales y evitar entregar dinero o documentación a personas que se encuentren ofreciendo servicios fuera de los canales institucionales.

“En el Juzgado Cívico no existen gestores oficiales en la vía pública. Los trámites son directos y todo servidor público debe identificarse plenamente. No se permitirá que personas ajenas al Gobierno Municipal engañen o confundan a la ciudadanía”, puntualizó el funcionario.

Como parte de las acciones preventivas, la Dirección de Justicia Cívica y la Dirección de Seguridad Pública Municipal mantienen vigilancia en las inmediaciones de las instalaciones para detectar este tipo de conductas y actuar cuando existan elementos que permitan intervenir conforme a la reglamentación. Las autoridades exhortaron además a la ciudadanía a reportar cualquier intento de cobro irregular, suplantación de identidad o promesa de beneficios especiales relacionados con multas y procedimientos municipales.

El llamado de las autoridades es a no dejarse llevar por quienes aseguren poder “arreglar” una multa, conseguir un descuento especial o liberar un vehículo mediante contactos dentro de la administración municipal. Los procedimientos oficiales cuentan con mecanismos establecidos y personal autorizado para orientar gratuitamente a la ciudadanía, por lo que cualquier cobro realizado por un supuesto intermediario debe considerarse una señal de alerta.

La Dirección de Justicia Cívica y la Dirección de Seguridad Pública Municipal reiteraron que continuarán trabajando de manera coordinada para combatir estas prácticas, transparentar los procedimientos y evitar que ciudadanos sean víctimas de cobros indebidos, engaños o abusos en las inmediaciones de las instalaciones municipales.

Tras concluir la etapa documental, el Ayuntamiento inició el proceso de consulta y participación comunitaria, en el que se sumarán comités vecinales, líderes sociales, organizaciones civiles y distintos sectores de la población para enriquecer el análisis y definir intervenciones concretas en zonas prioritarias.

Durante la primera fase se recopiló información estadística, social e institucional que permitió estructurar un análisis territorial detallado, identificar áreas con mayor incidencia de conflictos comunitarios y faltas administrativas, así como detectar factores de riesgo vinculados al entorno social. Con base en estos datos, se establecieron líneas preliminares de intervención enfocadas en la prevención, la mediación de conflictos y el fortalecimiento del tejido social.

Autoridades municipales señalaron que el diagnóstico no solo contempla cifras oficiales, sino también la percepción ciudadana sobre seguridad, convivencia y acceso a la justicia cívica, lo que permitirá diseñar acciones más cercanas a la realidad de cada comunidad.

La coordinación del proceso se realiza a través de la Secretaría Ejecutiva, encabezada por el secretario general del Ayuntamiento, Julio César Arenas Ruiz, así como de la Secretaría Técnica dirigida por Iván Barbosa Gutiérrez, titular de Justicia Cívica, quienes han dado seguimiento metodológico a la integración de información y a la planeación de la siguiente etapa.

Asimismo, los trabajos cuentan con el acompañamiento del secretario técnico de las Mesas de Paz en Ensenada, Yonti Alejandro Orozco Rodríguez, quien funge como enlace con el Gobierno de México para alinear las acciones municipales con la estrategia nacional de atención a las causas.

En esta fase participativa se prevé la realización de mesas de diálogo comunitarias, reuniones territoriales y ejercicios de consulta que permitan escuchar propuestas, identificar problemáticas específicas por colonia y construir soluciones conjuntas entre gobierno y ciudadanía.

El Ayuntamiento destacó que el objetivo de este Consejo es intervenir de manera preventiva antes de que los conflictos escalen, promover la resolución pacífica de controversias y fortalecer la cultura de legalidad en el ámbito local.

Con estas acciones, el Gobierno de Ensenada busca no solo disminuir faltas administrativas, sino generar entornos más seguros, recuperar la confianza de la población en las instituciones y avanzar en la construcción de una paz sostenida desde la participación social.

Estos intermediarios prometen resolver de inmediato cualquier trámite derivado de faltas al Bando de Policía y Gobierno o al Reglamento de Tránsito, cobrando por servicios que en realidad son totalmente gratuitos si se realizan directamente con la autoridad.

Iván Barbosa Gutiérrez, director de Justicia Cívica, explicó que ninguna persona debe pagar un solo peso adicional para resolver asuntos relacionados con infracciones de tránsito o faltas administrativas. “Todos los servicios de justicia cívica son gratuitos. No necesitas gestores ni intermediarios. Puedes solicitar defensoría cívica sin costo alguno, así como recibir información clara sobre tus derechos y opciones para cubrir multas”, subrayó.

El funcionario precisó que personal capacitado está disponible para orientar a la ciudadanía en casos de tránsito y faltas al Bando de Policía y Gobierno. Además, resaltó que la Justicia Cívica en Ensenada tiene como finalidad prevenir la reincidencia y resolver los problemas desde su origen, no solo sancionar.

“El sistema de Justicia Cívica deja de ser un modelo recaudatorio para enfocarse en la prevención y mejora de la convivencia cotidiana. Si es la primera vez que incurres en una falta de tránsito o al Bando de Policía y Gobierno, puedes solicitar al juez que aplique el Modelo Homologado de Justicia Cívica, el cual prioriza medidas alternativas antes de imponer sanciones económicas o arrestos”, explicó.

Entre estas medidas destacan:

• Amonestación: Un llamado de atención que busca evitar la repetición de la falta.
• Medidas para mejorar la convivencia: Trabajo comunitario, pláticas de concientización o acciones correctivas que ayuden a prevenir nuevas infracciones.
• Multa: Aplicada solo en casos de reincidencia.
• Arresto: Recurso que se utiliza como última opción y solo cuando las circunstancias lo ameriten.

“Nuestro objetivo es que las personas comprendan el impacto de sus acciones en la comunidad y evitar que vuelvan a incurrir en faltas. La justicia debe ser un puente hacia la solución, no un castigo sin sentido”, recalcó Barbosa Gutiérrez.

El Gobierno Municipal, encabezado por Claudia Agatón, recordó que la defensoría cívica gratuita garantiza que cualquier persona sancionada o detenida pueda conocer sus derechos y recibir apoyo legal sin costo adicional.

“El compromiso de nuestra presidenta y del Ayuntamiento es con la legalidad, la transparencia y la cercanía con la comunidad. Todos los trámites de justicia cívica se realizan directamente con la autoridad correspondiente, sin intermediarios y en pleno respeto a los derechos de la ciudadanía”, puntualizó.

Además, se informó que la ciudadanía puede recibir asesoría gratuita sobre los requisitos de cualquier trámite a realizar, así como las alternativas para cubrir multas sin recurrir a pagos desproporcionados o engañosos.

Finalmente, la autoridad municipal advirtió que estos coyotes suelen aprovechar el desconocimiento o la urgencia de las personas para ofrecer “soluciones exprés” que no son reales. Los trámites son sencillos, directos y gratuitos para toda la población.