El abogado explicó que las notificaciones fueron entregadas de manera irregular, sin cumplir los plazos ni las formalidades que exige la ley. “Estamos ante un acto de arbitrariedad institucional que busca desalojar a familias enteras sin respetar el debido proceso”, declaró Pelayo Rodríguez, quien ha promovido recursos legales para detener la ejecución. Los afectados aseguran que el operativo responde a intereses privados y que detrás del procedimiento existen vínculos políticos y económicos que comprometen la imparcialidad de las autoridades.

La situación se agrava por los antecedentes de la jueza Martha Flores Trejo, señalada en reportajes previos por decisiones polémicas. En 2018, medios como Zeta documentaron que liberó a un agresor sexual con antecedentes, lo que generó denuncias por abuso de autoridad. En 2011, Ensenada.net informó que se excusó de llevar el caso del asesinato del regidor Arturo Castellanos Ruiz por vínculos personales con un abogado. Estos antecedentes refuerzan la percepción ciudadana de que existen irregularidades judiciales y posibles conflictos de interés en decisiones que afectan directamente a la comunidad.

Vecinos de Tierra Santa expresaron su temor ante la posibilidad de que el desalojo se ejecute con fuerza pública. “No somos invasores, somos familias que hemos vivido aquí por años y que hemos cumplido con nuestras obligaciones. Lo que pedimos es justicia y respeto”, comentó una residente. Otros habitantes denunciaron que funcionarios municipales han visitado la zona en días recientes para presionar a los ocupantes y advertirles que deberán abandonar sus viviendas sin ofrecer alternativas de reubicación.

El licenciado Pelayo Rodríguez insistió en que la ejecución del desalojo, pese a las suspensiones vigentes, constituye una violación directa al principio de legalidad. “Estamos ante un caso que refleja la corrupción estructural del sistema judicial. No se trata solo de un conflicto de propiedad, sino de un abuso institucional que afecta a familias trabajadoras y vulnerables”, afirmó.

La comunidad de Mar Mediterráneo y Tierra Santa ha organizado vigilias y reuniones para resistir pacíficamente el operativo. Vecinos han colocado carteles y pancartas en sus viviendas con mensajes de protesta y llamados a la justicia. Madres de familia han expresado su angustia por el futuro de sus hijos, adultos mayores han señalado que no tienen a dónde acudir y trabajadores han advertido que perder su vivienda significará también perder la estabilidad laboral y económica que han construido con esfuerzo.

La indignación también se ha trasladado a las redes sociales, donde ciudadanos han compartido los antecedentes de la jueza y han exigido una revisión exhaustiva del proceso. La presión pública crece mientras se acerca la hora del desalojo, y se espera que observadores independientes estén presentes para documentar cualquier irregularidad.

El caso ha despertado un debate más amplio sobre la manera en que se ejecutan los desalojos en Baja California. Expertos en derecho señalan que la falta de transparencia en los procesos judiciales y administrativos genera un ambiente de desconfianza que afecta la legitimidad de las instituciones. Además, advierten que la ausencia de políticas de vivienda accesible y programas de reubicación agrava la crisis social, dejando a cientos de familias en la incertidumbre.

Los antecedentes de desalojos en la región muestran que este tipo de operativos suelen estar acompañados de denuncias por corrupción y favoritismo. En años anteriores, comunidades enteras han sido desplazadas para dar paso a proyectos inmobiliarios o turísticos, lo que ha generado un patrón de despojo que se repite en distintas zonas de Baja California. La falta de mecanismos efectivos de defensa ciudadana y la debilidad institucional han permitido que estas prácticas se consoliden, afectando gravemente la confianza en el sistema judicial.

En reuniones comunitarias recientes, los habitantes de Tierra Santa han compartido testimonios que reflejan la gravedad de la situación. Una madre de tres hijos relató que ha invertido más de una década en construir su vivienda y que ahora enfrenta la posibilidad de perderlo todo sin recibir apoyo del gobierno. Un adulto mayor expresó que no tiene familiares cercanos y que el desalojo lo dejaría en la calle. Trabajadores señalaron que la pérdida de sus hogares también significará perder la estabilidad que les permite sostener a sus familias.

El impacto social de este desalojo también se refleja en la economía local. Comerciantes de la zona han señalado que la expulsión de familias afectará directamente la actividad comercial, pues muchos de los habitantes son clientes habituales y sostienen pequeños negocios que dependen de la comunidad. La pérdida de viviendas se traduce en pérdida de empleos, disminución del consumo y debilitamiento del tejido económico de Tierra Santa.

Académicos consultados han advertido que la falta de políticas públicas de vivienda en Baja California ha generado un vacío que se llena con decisiones judiciales cuestionables. “El Estado debería garantizar alternativas habitacionales antes de ejecutar un desalojo. De lo contrario, se está condenando a las familias a la marginación y a la pobreza”, señaló un investigador de la Universidad Autónoma de Baja California.

La comunidad ha solicitado la intervención de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se investigue el caso y se garantice el respeto a los derechos fundamentales. Líderes vecinales han advertido que, de ejecutarse el desalojo, se abriría un precedente peligroso que permitiría a las autoridades actuar sin control ni rendición de cuentas en otros conflictos similares.

Datos oficiales indican que cerca del mediodía se recibió un reporte al número 9-1-1 donde se alertaba sobre detonaciones de arma de fuego y una persona lesionada en la gasolinera ubicada en la calle 10 y Ruiz.

Al llegar al lugar, policías confirmaron la presencia del cuerpo sin vida de un hombre. También hallaron a un menor de edad en una oficina cercana, quien fue resguardado de inmediato.

Testigos relataron que desde un vehículo Ford Focus negro dispararon contra un auto blanco donde se encontraba un adulto y un niño. El menor, de siete años y sobrino de la víctima, resultó ileso y fue atendido por personal del Escuadrón Violeta de la Policía Municipal.

La víctima fue identificada como Yamandu Villalobos, alias “El Yama”, de 39 años, originario de Tecate y con antecedentes penales por homicidio calificado. Según versiones, se dedicaba a la ganadería y rodeo en ranchos del municipio de Tecate.

Por motivos de seguridad, y tras registrarse los hechos frente a planteles escolares, las autoridades educativas decidieron suspender clases del turno vespertino en la escuela Ezequiel A. Chávez.

A las 12:30 horas, derivado de operativos de búsqueda realizados por diversas corporaciones, fue localizado un Ford Focus negro en la intersección de calles Riveroll y 13, vehículo que coincide con el descrito por testigos.

Ambas escenas fueron aseguradas con cinta amarilla y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, que lleva a cabo las investigaciones y diligencias periciales correspondientes.