La denuncia fue interpuesta por la presidenta estatal del PAN en Baja California, Lizbeth Mata Lozano, y tiene como origen el proceso de glosa del informe de gobierno municipal correspondiente al periodo 2024–2025, en el que se detectaron anomalías relevantes en el manejo de recursos públicos.

Entre los señalamientos más graves destaca la contratación de un software con un costo aproximado de 19 millones de pesos, la cual presuntamente se realizó sin licitación pública, sin estudios técnicos que justificaran su necesidad o viabilidad, y sin la intervención del Comité de Adquisiciones, como lo marca la normatividad vigente en materia de compras gubernamentales.

Asimismo, se expone que los recursos utilizados para dicha contratación habrían provenido de reasignaciones del Fondo de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), sin contar con la autorización legal correspondiente ni con una justificación técnica clara, lo que podría configurar un uso indebido de recursos etiquetados.

Otro de los puntos señalados en la denuncia es la falta de transparencia, ya que los contratos relacionados con esta operación no fueron publicados en los portales oficiales, impidiendo la fiscalización ciudadana y generando un entorno de opacidad en el ejercicio del gasto público municipal.

Lizbeth Mata Lozano afirmó que el PAN continuará utilizando todas las vías legales a su alcance para exigir rendición de cuentas y señaló que corresponde ahora a la Fiscalía General del Estado realizar una investigación exhaustiva, profesional e imparcial que permita esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades administrativas o penales.

La dirigente estatal subrayó que no se trata de un tema político, sino de la defensa del patrimonio público y del derecho de la ciudadanía de San Quintín a contar con una administración transparente, responsable y apegada a la ley.

Durante la presentación de la denuncia, Mata Lozano estuvo acompañada por la presidenta del PAN en San Quintín, Ana María Ambriz, así como por el regidor panista Gabriel Soria, quienes respaldaron el señalamiento y reiteraron su compromiso de dar seguimiento puntual al caso.

El exhorto fue presentado por las y los diputados del PAN María Yolanda Gaona, Diego Echevarría y Alejandrina Corral, quienes plantearon la necesidad de que la legisladora se apartara del cargo mientras se esclarece el origen de los recursos relacionados con el incidente ocurrido el pasado 5 de enero en el cruce fronterizo Mexicali–Calexico.

Lizbeth Mata Lozano señaló que la negativa de Morena a respaldar esta solicitud representa un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas, al tratarse de un órgano legislativo cuya función central es la revisión, fiscalización y vigilancia del ejercicio de los recursos públicos en el estado.

Indicó que la Comisión de Fiscalización del Gasto Público es una de las instancias más sensibles del Congreso, ya que de su trabajo depende la detección de irregularidades, el combate a la opacidad y la garantía de que los recursos públicos sean utilizados conforme a la ley, por lo que su presidencia debe recaer en perfiles que no enfrenten señalamientos pendientes de aclarar.

La dirigente estatal del PAN afirmó que, al rechazar el exhorto, la mayoría de Morena envía un mensaje negativo a la ciudadanía, al cerrar la puerta a una exigencia legítima de congruencia ética y responsabilidad política, privilegiando acuerdos internos por encima del interés público.

Mata Lozano sostuvo que la transparencia no debe entenderse como un ataque político, sino como una obligación inherente al ejercicio del poder público, especialmente cuando existen hechos que requieren ser aclarados ante la sociedad para evitar suspicacias o dudas sobre el actuar de quienes integran el Poder Legislativo.

Asimismo, subrayó que la separación temporal de un cargo no implica una presunción de culpabilidad, sino una medida preventiva que permite garantizar imparcialidad, credibilidad institucional y confianza ciudadana mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Finalmente, reiteró que Acción Nacional continuará señalando cualquier decisión que debilite los principios de legalidad, rendición de cuentas y ética pública, y aseguró que el PAN seguirá impulsando acciones legislativas para que los hechos sean esclarecidos y se actúe con responsabilidad en la vida pública de Baja California.

Mata Lozano criticó que el gobierno federal pudiera estar manipulando información para generar cortinas de humo y desviar la atención de la crisis que enfrentan algunos funcionarios y empresarios vinculados a la red de financiamiento ilícito conocida como “huachicol fiscal”, así como otros casos de corrupción en Morena. La dirigente subrayó que la conducta de Acción Nacional ha sido de total transparencia, citando que Ruffo Appel ha puesto toda la documentación a disposición de las autoridades y ha exigido investigaciones a fondo, sin ampararse en fueros ni inventar complots.

En la misma línea, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó en conferencia que no existen órdenes de aprehensión en contra de Ernesto Ruffo Appel ni del exsenador Gerardo Novelo Osuna por el delito de huachicoleo fiscal, despejando cualquier duda sobre procedimientos judiciales en curso.

La presidenta del PAN enfatizó que las investigaciones deben dirigirse a identificar a los verdaderos responsables del “huachicol fiscal” y conducirse con total claridad, sin afectar la trayectoria de ciudadanos íntegros como Ruffo Appel, quien ha mantenido una conducta pulcra tanto en su vida pública como profesional.