Ruiz Uribe explicó que esta política de entrega directa busca garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan, sin importar afiliaciones políticas, económicas o sociales. “Hemos dado un paso fundamental para que los apoyos sociales sean un derecho constitucional y no una herramienta política. Ya no hay gestores ni filtros; las personas reciben los apoyos sin que se les exija nada a cambio”, destacó.

El delegado federal recordó que desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y con la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han fortalecido las pensiones para adultos mayores, personas con discapacidad y las becas estudiantiles. “Estos programas están diseñados para atender a la población más vulnerable y ofrecerles un respaldo económico que contribuya a mejorar su calidad de vida”, agregó.

Durante la reunión, Ruiz Uribe insistió en que el acceso a estos beneficios no está condicionado a apoyos políticos o electorales, y que cualquier intento de obligar a las personas a votar por algún partido a cambio de recibir ayuda, es ilegal y va en contra de los principios del gobierno federal. “Nadie puede pedirte tu voto, ni la credencial de elector para entregarte un programa social. Aquí no hay colores ni banderas, solo derechos”, subrayó.

El delegado federal también destacó la importancia de las Asambleas Informativas del Bienestar, que se han implementado para brindar información clara y transparente sobre el funcionamiento, requisitos y alcances de los programas sociales. “Es fundamental que la gente entienda que estos apoyos son para todos, sin importar su situación o lugar de residencia, y que la única condición es estar registrado correctamente”, concluyó.

Con estas acciones, el Gobierno de México busca fortalecer la confianza de la población en las políticas sociales y asegurar que los recursos públicos se utilicen con transparencia y justicia, garantizando que los beneficios lleguen sin intermediarios ni condicionamientos.