Entre los nombres incluidos aparece Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, además de su hermano Luis Alfonso Torres Torres y Pedro Ariel Mendivil García, quien fue director de Seguridad Pública Municipal de Mexicali.

La medida también alcanza a figuras que Estados Unidos identifica como integrantes o colaboradores de la estructura encabezada por Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, a quien OFAC identifica como líder de Los Mayos después de la detención de su padre, Ismael “El Mayo” Zambada, en julio de 2024.

La dimensión de la acción va mucho más allá de una lista de nombres. El gobierno estadounidense sostiene que su estrategia busca afectar simultáneamente a dirigentes, operadores territoriales, presuntos lavadores de dinero, empresas y personas que, según sus investigaciones, habrían proporcionado apoyo financiero, material o político a la organización.

Tijuana, una de las plazas señaladas

Dentro de la información difundida por OFAC, Tijuana ocupa un lugar central. El Departamento del Tesoro señala que Los Mayos mantienen estructuras para controlar rutas consideradas estratégicas hacia Estados Unidos y atribuye el manejo de la plaza de Tijuana a los hermanos Alfonso Arzate García, “Aquiles”, y René Arzate García, “La Rana”.

Ambos ya habían sido sancionados anteriormente por Estados Unidos y ahora fueron incluidos nuevamente bajo otra autoridad de sanciones relacionada con terrorismo y sus redes de apoyo, de acuerdo con la información oficial estadounidense.

El Tesoro también señala como operadores de esa estructura a Pedro Humberto Martínez Rodríguez, “Gordo Flubber”; Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, “El Cabezón”, y Franklin Ernesto Huezo Hernández, “El Ranchero”, a quienes atribuye funciones relacionadas con violencia, producción y transporte de drogas a través de Tijuana y hacia Estados Unidos.

La acción también alcanzó a Ilia Elizabeth Felix Rivera, a quien OFAC identifica como facilitadora financiera, así como a Galerías Centro Cambiario, S.A. de C.V., conocida como Magic Casa de Cambio.

Según el Departamento del Tesoro, esa empresa habría sido utilizada para mover recursos derivados del narcotráfico entre Estados Unidos y México mediante operaciones financieras que las autoridades estadounidenses califican como lavado de dinero.

Mexicali y el señalamiento que alcanza al círculo político

La parte que coloca nuevamente a Baja California bajo los reflectores internacionales se encuentra en Mexicali.

OFAC identifica a Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, como uno de los principales operadores de Los Mayos en la capital del estado. A partir de esa estructura, el gobierno estadounidense señala a una red de personas que, según sus investigaciones, habría permitido mantener actividades criminales con apoyo financiero y protección institucional.

Entre ellos aparece Carlos Alberto Torres Torres, exdiputado federal y exfuncionario, además de exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

De acuerdo con OFAC, Torres habría utilizado su influencia política para facilitar actividades atribuidas al Cártel de Sinaloa y proteger a la organización de intervenciones gubernamentales y de seguridad en Baja California. El Departamento del Tesoro también señala una supuesta relación entre Torres y Ponce Félix, “El Ruso”.

La acusación estadounidense también alcanza a Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos, a quien el Tesoro señala por presuntamente recibir sobornos y lavar recursos ilícitos mediante empresas y campañas políticas.

Es importante precisar que estas afirmaciones corresponden a señalamientos contenidos en la designación del gobierno de Estados Unidos. La inclusión en la lista de OFAC constituye una sanción administrativa y financiera estadounidense, pero no equivale por sí misma a una sentencia penal dictada por un tribunal mexicano.

También aparece un exjefe policial de Mexicali

Otro de los nombres relevantes para Baja California es Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública Municipal de Mexicali.

El Departamento del Tesoro sostiene que Mendivil habría recibido sobornos de “El Ruso” a cambio de permitir que la estructura del Cártel de Sinaloa tuviera control sobre elementos de la policía municipal para facilitar actividades de narcotráfico y realizar acciones contra integrantes de grupos rivales.

La designación estadounidense también incluye empresas relacionadas, según OFAC, con las personas señaladas. Entre ellas aparecen compañías vinculadas con sectores como combustibles, restaurantes, desarrollos inmobiliarios, publicidad y otros servicios.

La lista no se limita, por tanto, a individuos. El objetivo declarado por Washington es golpear la infraestructura financiera y empresarial que, según sus investigaciones, permite operar a las organizaciones criminales.

¿Qué significa la sanción?

Las consecuencias son principalmente financieras.

OFAC establece que los bienes e intereses en bienes de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados.

Además, las empresas que sean propiedad directa o indirecta, en una proporción de 50 por ciento o más, de una o varias personas bloqueadas también quedan sujetas a las restricciones estadounidenses.

Las disposiciones generalmente impiden a personas y empresas estadounidenses realizar determinadas operaciones con los sancionados, salvo que exista una autorización o licencia específica de OFAC.

La medida también puede tener consecuencias para instituciones financieras extranjeras que realicen determinadas operaciones significativas relacionadas con las personas sancionadas, debido al riesgo de enfrentar restricciones dentro del sistema financiero estadounidense.

En términos prácticos, la sanción busca cortar el acceso a dinero, empresas, cuentas y operaciones financieras vinculadas con las personas designadas.

Una operación que va más allá de “Mayito Flaco”

La OFAC presentó la acción como un golpe integral a la estructura de Los Mayos.

El organismo estadounidense sostiene que desde principios de 2025 ha realizado más de 30 acciones contra más de 400 personas y entidades relacionadas con organizaciones criminales mexicanas. La estrategia consiste en atacar no solamente a los líderes, sino también a quienes presuntamente proporcionan recursos, servicios, empresas, protección o infraestructura financiera.

En esta ocasión, la lista incluye a 21 personas y 25 entidades, entre ellas dirigentes de la organización, operadores de Tijuana, presuntos facilitadores financieros y personas señaladas por Estados Unidos de participar en redes de corrupción política en Baja California.

El propio secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sostuvo que la acción busca dejar claro que las autoridades estadounidenses perseguirán tanto a líderes criminales como a funcionarios y facilitadores financieros que, según sus investigaciones, permitan operar a estas estructuras.

La designación se realizó bajo las órdenes ejecutivas estadounidenses 14059 y 13224, esta última modificada posteriormente, utilizadas por el gobierno de Estados Unidos para imponer sanciones relacionadas con narcotráfico y terrorismo, respectivamente.

Baja California vuelve a aparecer en una investigación internacional

El anuncio coloca nuevamente a Baja California dentro de una investigación estadounidense de alto nivel sobre las redes financieras y territoriales del Cártel de Sinaloa.

Tijuana aparece por su ubicación fronteriza y por las rutas que, de acuerdo con OFAC, son utilizadas para mover drogas hacia Estados Unidos. Mexicali aparece por la estructura que el Departamento del Tesoro atribuye a Los Rusos y por los señalamientos de una presunta red de protección política, policial y financiera.

En medio de ese escenario aparecen nombres de personajes con antecedentes en la política y la administración pública de Baja California, entre ellos Carlos Torres Torres y Pedro Ariel Mendivil García.

La dimensión política del anuncio es particularmente relevante porque Carlos Torres fue esposo de la actual gobernadora del estado. Sin embargo, la designación de OFAC se refiere a Carlos Torres como persona sancionada y no establece, en el comunicado revisado, una acusación contra la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La diferencia es importante: el documento estadounidense identifica personas y empresas específicas y describe las razones por las cuales cada una fue incluida en la lista. No debe trasladarse automáticamente una acusación individual a otras personas que no aparecen designadas.

La nueva acción estadounidense representa así un movimiento financiero de gran alcance contra una estructura que Washington ubica en Tijuana y Mexicali, pero también abre nuevas preguntas sobre el alcance de las investigaciones relacionadas con las redes políticas, empresariales y de seguridad que el Departamento del Tesoro asegura haber identificado en Baja California.

Por ahora, lo confirmado es la designación de 21 personas y 25 entidades por parte de OFAC y las consecuencias financieras que acompañan esas sanciones. Las acusaciones contenidas en el documento corresponden a la investigación y determinación de las autoridades estadounidenses y, en los casos donde existan procesos penales, deberán distinguirse de cualquier resolución judicial definitiva.