El presidente de la Federación Policial de Baja California, Alejandro Monreal Noriega, señaló que la revisión de incapacidades presuntamente irregulares debe realizarse con transparencia y apego a la ley, ya que cualquier práctica indebida afecta tanto a las instituciones como a la ciudadanía. No obstante, aclaró que una parte importante de los policías que permanecen incapacitados de manera recurrente enfrenta una realidad distinta: la inexistencia de esquemas adecuados de pensión por invalidez que les permitan retirarse de forma definitiva cuando su condición física ya no les permite continuar en funciones.

El dirigente explicó que esta situación obliga a muchos elementos a renovar incapacidades temporales una y otra vez, debido a que no existe un mecanismo eficiente que les garantice seguridad social y estabilidad económica tras sufrir lesiones o enfermedades derivadas del servicio policial.

Monreal Noriega sostuvo que la responsabilidad de supervisar las incapacidades médicas no recae únicamente en los policías, sino también en las autoridades gubernamentales y en las instituciones de salud encargadas de emitirlas y darles seguimiento. En ese sentido, consideró positivo que se revisen los casos donde existan sospechas de documentación irregular, siempre y cuando las investigaciones se desarrollen con objetividad y se sancione a quienes realmente hayan incurrido en alguna falta.

Además del tema de las incapacidades, el presidente de la Federación Policial expuso que persisten importantes diferencias en el cumplimiento de las prestaciones laborales entre los distintos municipios y corporaciones de Baja California, situación que, afirmó, impacta directamente en la dignificación de la función policial y en la calidad de vida de los elementos.

Como ejemplo, mencionó el caso del municipio de Tecate, donde aseguró que únicamente se cumplen cuatro de las veinte prestaciones que, por disposición legal, deberían recibir los agentes, lo que representa apenas un 20 por ciento del total.

En contraste, destacó el trabajo realizado en Ensenada, donde, mediante la coordinación entre las corporaciones policiales y la Secretaría de Salud, se han implementado jornadas periódicas de atención médica preventiva dirigidas al personal operativo. Señaló que estas acciones han permitido detectar oportunamente diversos padecimientos y disminuir el número de incapacidades médicas gracias al seguimiento constante de la salud de los oficiales.

Durante su posicionamiento también presentó un panorama del cumplimiento de prestaciones en las diferentes corporaciones del estado. Indicó que en Mexicali se registra el mayor avance, con 19 de las 20 prestaciones contempladas para los policías, equivalente al 95 por ciento de cumplimiento.

En el caso de San Felipe, explicó que se cubre aproximadamente el 65 por ciento de las prestaciones laborales, porcentaje similar al que se otorga al personal del Sistema Penitenciario Estatal. Por su parte, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana alcanza un 60 por ciento de cumplimiento, mientras que la Fiscalía General del Estado registra alrededor del 50 por ciento.

Asimismo, señaló que en San Quintín únicamente se cumple el 45 por ciento de las prestaciones previstas por la ley, mientras que en Tijuana los elementos reciben apenas el 30 por ciento, situación que, dijo, evidencia la necesidad de homologar las condiciones laborales en toda la entidad.

El dirigente policial manifestó que garantizar prestaciones dignas no sólo representa un derecho para quienes integran las corporaciones de seguridad, sino también una herramienta para fortalecer la permanencia, el desempeño y la profesionalización de los cuerpos policiacos.

Agregó que policías con acceso a servicios médicos oportunos, pensiones adecuadas, seguridad social y prestaciones completas cuentan con mejores condiciones para desempeñar una labor tan delicada como la protección de la ciudadanía.

Finalmente, Alejandro Monreal Noriega exhortó a los ayuntamientos, al Gobierno del Estado y a las instituciones de salud a trabajar de manera coordinada para fortalecer los mecanismos de supervisión de incapacidades médicas, consolidar sistemas de pensiones funcionales y garantizar el cumplimiento de las prestaciones establecidas en la legislación vigente.

Consideró que atender estos temas permitirá no sólo mejorar las condiciones laborales de miles de policías en Baja California, sino también fortalecer las instituciones encargadas de brindar seguridad pública y ofrecer un servicio más eficiente a la población.