Las propuestas, explicó, buscan no solo generar posicionamientos institucionales, sino impulsar acciones concretas que permitan cerrar vacíos legales y consolidar los mecanismos locales de protección. En un contexto donde persisten problemáticas que afectan directamente a menores de edad, la edil subrayó la necesidad de que el ámbito municipal asuma un papel activo en la defensa de sus derechos.

La primera iniciativa plantea que los municipios fijen una postura formal frente a la cohabitación forzada y exhorten al Congreso del Estado a analizar y aprobar la propuesta que busca tipificar este delito. Esta práctica ocurre cuando una niña o adolescente es obligada a vivir en unión o convivencia con una persona adulta, situación que vulnera derechos fundamentales, limita su acceso a la educación y las expone a escenarios de violencia y abuso.

García Salgado advirtió que esta realidad no es ajena a las instituciones locales. Señaló que en oficinas del Registro Civil se han presentado casos de niñas que acuden a registrar a sus bebés, mencionando como padres a personas adultas, lo que refleja entornos de vulnerabilidad que requieren atención inmediata y un marco jurídico más sólido. Para la regidora, estos hechos evidencian la urgencia de contar con herramientas legales claras que permitan prevenir, sancionar y erradicar este tipo de conductas.

“No podemos permitir vacíos legales ni normalizar prácticas que ponen en riesgo la integridad, la dignidad y el futuro de nuestras niñas. Los municipios deben pronunciarse y el Congreso debe actuar”, expresó.

La segunda iniciativa está enfocada en la activación, convocatoria y fortalecimiento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SMPINNA), con el propósito de asegurar su correcta integración y funcionamiento. Este organismo tiene atribuciones clave en materia de prevención, protección, restitución y garantía de derechos, además de fungir como instancia de coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

La edil sostuvo que contar con un sistema fortalecido no debe verse como un trámite administrativo, sino como una herramienta estratégica para articular políticas públicas, detectar riesgos de manera temprana y atender de forma integral situaciones que afecten a la niñez y adolescencia.

“Fortalecer y consolidar el SMPINNA no es un acto administrativo, es una acción de responsabilidad pública. Significa articular políticas, prevenir violencias y asegurar que ninguna niña, niño o adolescente quede fuera de la protección que merece”, puntualizó.

Ambas iniciativas colocan en el centro del debate la necesidad de reforzar el andamiaje institucional en favor de la infancia, bajo la premisa de que garantizar sus derechos hoy es una inversión directa en el bienestar y el desarrollo futuro de Ensenada.