De acuerdo con la información revisada, se identificaron diferencias significativas entre los precios de mercado y los montos facturados. En algunos casos, un costal con valor comercial cercano a los mil 500 pesos fue adquirido por más de dos mil 500 pesos, mientras que otro producto con precio aproximado de mil 700 pesos fue facturado en casi tres mil pesos, generando variaciones superiores a los mil pesos por unidad.

Estas diferencias, trasladadas al volumen total de compra, representarían una sobrefacturación estimada cercana a los 30 mil pesos en una sola operación, lo que ha generado cuestionamientos sobre los criterios utilizados en los procesos de adquisición y la supervisión de los mismos.

Además, se advirtió que, conforme a los registros disponibles, la cantidad de alimento adquirida podría cubrir necesidades hasta el año 2027, lo que ha sido considerado como un volumen elevado y fuera de proporción, abriendo la discusión sobre la planeación y el manejo adecuado de los insumos.

La regidora Daniela García Salgado señaló que el tema no radica en garantizar la alimentación de las unidades caninas, sino en asegurar que las compras se realicen bajo condiciones justas de mercado y con apego a la transparencia en el uso del recurso público.

Ante este panorama, la edil informó que ya solicitó formalmente la información detallada de las adquisiciones realizadas, con el objetivo de llevar a cabo un análisis exhaustivo que permita detectar posibles irregularidades en los procesos de compra.

Como parte de este seguimiento, no se descarta que los hallazgos puedan derivar en la presentación de denuncias ante la Sindicatura Municipal, en caso de confirmarse inconsistencias o prácticas indebidas.

El caso pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia en el ejercicio del gasto público, especialmente en áreas sensibles donde la correcta aplicación de los recursos resulta fundamental para mantener la confianza ciudadana.