El titular de la STPS en el estado, Alejandro Arregui Ibarra, informó que desde finales de marzo se ha brindado atención directa al personal afectado, con el objetivo de orientarles en los procedimientos legales correspondientes.

“Como parte de este acompañamiento iniciamos las solicitudes de conciliación prejudicial, realizamos cálculos individuales, brindamos asesoría jurídica y dimos seguimiento puntual a cada caso, con el propósito de que las y los trabajadores cuenten con información clara y respaldo institucional ante el incumplimiento de la empresa”, explicó el funcionario.

De acuerdo con la dependencia estatal, el proceso inició en el Centro de Conciliación Laboral, donde se promovió el diálogo entre las partes para buscar una solución mediante acuerdos voluntarios que permitieran cubrir los adeudos laborales.

El 7 de abril se realizó un primer acercamiento formal, en el que un grupo de trabajadores acudió al Centro de Conciliación Laboral con asesoría privada para escuchar una propuesta económica por parte de la empresa para cubrir las prestaciones pendientes; sin embargo, dicha propuesta no fue aceptada en ese momento.

Posteriormente, durante el periodo formal de audiencias, la empresa no atendió los citatorios emitidos por el Centro de Conciliación Laboral, por lo que se procedió a emitir las constancias de “no conciliación”, documento que permite a las y los trabajadores continuar el proceso en la vía judicial.

Además, el propio Centro de Conciliación Laboral impuso multas a la empresa por incumplir con los citatorios, las cuales superan los 1.4 millones de pesos.

Ante este escenario, la Secretaría del Trabajo indicó que continuará brindando acompañamiento a los trabajadores mediante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, instancia que puede representarles en la presentación de demandas ante el Tribunal Laboral.

Entre las acciones que podrían solicitarse se contempla un embargo precautorio, con el objetivo de garantizar el pago de salarios y prestaciones pendientes, así como la protección de los derechos laborales de las personas afectadas.

Las autoridades estatales reiteraron que el nuevo modelo de justicia laboral busca garantizar procesos más ágiles, transparentes y con acompañamiento institucional, para que las y los trabajadores tengan acceso a una justicia pronta y efectiva en caso de conflictos laborales.