Ruiz Uribe explicó que esta política de entrega directa busca garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan, sin importar afiliaciones políticas, económicas o sociales. “Hemos dado un paso fundamental para que los apoyos sociales sean un derecho constitucional y no una herramienta política. Ya no hay gestores ni filtros; las personas reciben los apoyos sin que se les exija nada a cambio”, destacó.

El delegado federal recordó que desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y con la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han fortalecido las pensiones para adultos mayores, personas con discapacidad y las becas estudiantiles. “Estos programas están diseñados para atender a la población más vulnerable y ofrecerles un respaldo económico que contribuya a mejorar su calidad de vida”, agregó.

Durante la reunión, Ruiz Uribe insistió en que el acceso a estos beneficios no está condicionado a apoyos políticos o electorales, y que cualquier intento de obligar a las personas a votar por algún partido a cambio de recibir ayuda, es ilegal y va en contra de los principios del gobierno federal. “Nadie puede pedirte tu voto, ni la credencial de elector para entregarte un programa social. Aquí no hay colores ni banderas, solo derechos”, subrayó.

El delegado federal también destacó la importancia de las Asambleas Informativas del Bienestar, que se han implementado para brindar información clara y transparente sobre el funcionamiento, requisitos y alcances de los programas sociales. “Es fundamental que la gente entienda que estos apoyos son para todos, sin importar su situación o lugar de residencia, y que la única condición es estar registrado correctamente”, concluyó.

Con estas acciones, el Gobierno de México busca fortalecer la confianza de la población en las políticas sociales y asegurar que los recursos públicos se utilicen con transparencia y justicia, garantizando que los beneficios lleguen sin intermediarios ni condicionamientos.

Durante el recorrido, Ruiz Uribe fue recibido por Maru Rique de Vargas y Fausto Daniel Vargas, fundadores de la organización, quienes compartieron la historia de la fundación, nacida en marzo de 2020, en los inicios de la pandemia. Actualmente, Tijuana Sin Hambre distribuye más de 3 mil 500 comidas diariamente, con ayuda de 2 mil 500 voluntarios activos.

El delegado federal conoció de primera mano las operaciones que realiza la fundación, incluyendo la entrega de alimentos en la Zona Norte de Tijuana, a las afueras del Comedor Padre Chava, una de las zonas con mayor índice de población en situación de calle.

Además de participar en la distribución de alimentos, Ruiz Uribe hizo el compromiso de aportar víveres e insumos, y buscar un espacio físico donde la fundación pueda desarrollar un centro de atención múltiple con cocina industrial, lo que les permitiría ampliar su alcance y generar un impacto más sostenible.

Actualmente, los alimentos de Tijuana Sin Hambre llegan a decenas de albergues y comunidades, entre ellas: Juventud 2000, Embajadores de Jesús, Pedacito de Cielo, Border Line Crisis Center, Casa de Cuidados San Francisco, Casa Arcoíris, Jardín de las Mariposas, Assabil, Casa Inca, Club de Niños y Niñas, y Casa de Luz, entre otros.

El anuncio fue dado a conocer por Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado federal de programas para el bienestar en Baja California, durante una conferencia de prensa celebrada en Mexicali. Ahí, el funcionario explicó que estas acciones forman parte de los compromisos asumidos por la presidenta con el sector educativo, especialmente con aquellos docentes que enfrentan condiciones complejas para ejercer su labor.

El primer decreto establece mecanismos para que maestras y maestros puedan trasladarse a centros de trabajo más cercanos a sus hogares, lo que no solo mejora su calidad de vida, sino que también favorece la estabilidad familiar. “Hay casos de maestros que viven en Mexicali y deben trasladarse hasta Tijuana o desde Ensenada hasta Mexicali para dar clases. Este decreto busca que el sistema educativo facilite esos movimientos y que puedan estar más cerca de sus familias”, señaló Ruiz Uribe.

El segundo decreto busca garantizar una jubilación más justa para quienes dedican su vida a la enseñanza. En concreto, contempla una reducción paulatina en la edad de retiro, de modo que para el año 2034 las mujeres puedan jubilarse a los 53 años y los hombres a los 55, en contraste con la ley actual que establece edades de 58 y 60 años, respectivamente, para el 2028.

Ruiz Uribe destacó que ambas medidas representan una visión más humana de la función pública y son muestra clara de que el nuevo gobierno federal está atendiendo las necesidades de quienes educan a las próximas generaciones. Subrayó además que este tipo de decisiones no solo dignifican al magisterio, sino que fortalecen el sistema educativo al reconocer la entrega, el esfuerzo y el sacrificio de miles de docentes en todo el país.

“Estos decretos son parte de una nueva visión de gobierno, donde se pone en el centro a las personas y se reconocen sus derechos con acciones concretas”, concluyó el delegado federal.