Lo vinculan por no dar pensión

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía Regional de San Quintín, el imputado, identificado como Ulises “N”, dejó de cumplir con su responsabilidad de proporcionar pensión alimenticia a favor de sus hijas durante dos periodos distintos y prolongados. La carpeta de investigación detalla que esta omisión se extendió del mes de julio a diciembre de 2023, y posteriormente de abril de 2024 hasta la fecha actual. En este tiempo, las menores no recibieron el sustento básico necesario para su desarrollo, situación que motivó a la parte afectada a presentar la denuncia formal ante la autoridad competente.

Tras analizar las pruebas presentadas, el pasado 18 de junio un Juez de Control determinó vincular a proceso al señalado, imponiéndole además medidas cautelares con el propósito de garantizar que a partir de ahora cumpla con su responsabilidad legal. Entre estas disposiciones se estableció que el imputado deberá acudir a firmar mensualmente ante la autoridad judicial y realizar el pago de una pensión provisional de manera semanal en favor de las niñas, como medida de protección mientras avanza el proceso penal.

El juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo durante el cual la Fiscalía podrá robustecer la acusación con más pruebas, testimonios o peritajes que fortalezcan el caso y permitan determinar la responsabilidad total del imputado.

La Fiscalía General del Estado reiteró que el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar no solo afecta económicamente a las víctimas, sino que vulnera de forma directa sus derechos humanos, su bienestar integral y su sano desarrollo. Por ello, la autoridad mantiene el compromiso de proceder con firmeza contra aquellos padres o madres que desatiendan sus deberes, en cumplimiento con lo que establece la ley.

Finalmente, la institución hizo un llamado a la ciudadanía para reportar casos similares que atenten contra los derechos de niñas, niños y adolescentes, recordando que la protección de este sector es prioritaria en las acciones de procuración de justicia en Baja California.