La propuesta, impulsada por la Red de Mujeres Unidas por Baja California, logró reunir el respaldo de más de 15 mil firmas ciudadanas, lo que permitió que el tema fuera llevado formalmente al proceso legislativo. Recientemente, la iniciativa dio un paso relevante en el Congreso del Estado de Baja California, luego de que su dictamen fuera aprobado en la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, lo que abre la puerta para que la propuesta sea discutida y votada en el pleno del Poder Legislativo estatal.

García Salgado recordó que desde el Cabildo de Ensenada presentó una iniciativa de exhorto dirigida al Congreso del Estado para que la propuesta ciudadana fuera analizada y discutida, además de promover que el Ayuntamiento fijara una postura institucional en conjunto con redes de mujeres y organizaciones civiles que han impulsado esta reforma. Explicó que el objetivo es que las autoridades locales también respalden las acciones que buscan garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes frente a prácticas que vulneran su desarrollo y su libertad.

La regidora explicó que la cohabitación forzada ocurre cuando una persona menor de edad es obligada a vivir en unión o convivencia con otra persona, situación que en la práctica representa una forma de matrimonio infantil. Aunque la legislación mexicana prohíbe formalmente este tipo de matrimonios, en algunos contextos todavía se presentan de manera informal o bajo presiones familiares, sociales o económicas, lo que genera escenarios de vulnerabilidad y limita las oportunidades de desarrollo de quienes son obligados a asumir responsabilidades propias de la vida adulta.

Por ello, subrayó que es necesario que este tipo de conductas queden claramente sancionadas dentro del marco legal estatal, de manera que las autoridades cuenten con herramientas jurídicas para prevenir, investigar y castigar estas prácticas. Además, destacó que reconocer legalmente la cohabitación forzada como delito permitiría visibilizar una problemática que durante años ha permanecido oculta o normalizada en algunas comunidades.

Durante su posicionamiento, García Salgado también reconoció el trabajo de organizaciones de la sociedad civil que impulsaron la iniciativa, entre ellas la activista Eufrosina Cruz, así como el esfuerzo de la Red de Mujeres Unidas por Baja California, quienes encabezaron la recolección de firmas y la promoción de esta propuesta. Destacó que la participación ciudadana fue clave para que el tema llegara al Congreso y comenzara a discutirse dentro del proceso legislativo.

“Este avance es resultado de la participación ciudadana. Más de 15 mil personas respaldaron esta iniciativa que busca proteger a niñas, niños y adolescentes frente a prácticas que vulneran gravemente sus derechos”, expresó la regidora.

Finalmente, informó que el proceso legislativo continuará en el pleno del Congreso del Estado de Baja California, donde se discutirá y votará la posible aprobación definitiva de la reforma. De avanzar, la medida permitiría fortalecer la protección legal para menores de edad y avanzar en la erradicación de los matrimonios infantiles y las uniones forzadas en el estado.