De acuerdo con el médico veterinario que recibió al animal, el perro habría permanecido más de diez días en total abandono. En los videos difundidos en redes sociales se observa al canino en estado crítico, visiblemente desnutrido, sin fuerza para moverse y emitiendo ladridos débiles en un aparente intento por pedir ayuda, hasta que finalmente perdió la vida.

Aunque elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar tras el reporte ciudadano, el daño ya era irreversible, y pese a los esfuerzos de los agentes, el animal llegó sin signos vitales a la clínica veterinaria.

Crueldad no es descuido, es delito

“No fue un descuido ni una falta de recursos; fue crueldad. Nadie tiene derecho a condenar a morir así a un ser sintiente. El maltrato animal no puede seguir siendo minimizado”, expresó la regidora Daniela Salgado.

La edil recordó que este tipo de conductas están tipificadas en el artículo 342 del Código Penal, por lo que informó que presentó un oficio formal ante la Fiscalía General del Estado, exigiendo que el caso se resuelva de manera pronta, expedita y con una sanción ejemplar que siente un precedente claro.

Asimismo, fue enfática al señalar que la Fiscalía arrastra deficiencias estructurales desde hace más de una década, como la falta de presupuesto, ausencia de médicos veterinarios, inexistencia de espacios de resguardo para animales asegurados, carencia de instalaciones para conservar cuerpos de animales fallecidos por maltrato y la falta de laboratorios o convenios certificados para pruebas especializadas.

Estas omisiones, señaló, debilitan las carpetas de investigación y provocan que la carga total recaiga en asociaciones civiles, rescatistas independientes y CACYFE, quienes asumen gastos médicos, alimentación, resguardo y cuidados sin recibir apoyo institucional.

Finalmente, Daniela Salgado reiteró su compromiso desde la Comisión de Medio Ambiente y Protección Animal para dar seguimiento puntual a este caso y continuar exigiendo que la Fiscalía cumpla con su obligación de garantizar justicia real frente al maltrato animal en Ensenada.

De acuerdo con la edil, el proyecto denominado “Rehabilitación de la Unidad Canina y Felina” fue aprobado en enero de 2023 y presuntamente financiado con recursos donados por la empresa ECA LIQUEFACTION, S.A. de C.V., con un monto estimado de 4.4 millones de pesos. Sin embargo, al revisar la documentación existente, se detectó la ausencia de proyecto ejecutivo, presupuesto detallado, licencias de obra, actas de entrega-recepción y pruebas de calidad de materiales. Esto, señaló, impide conocer con precisión el alcance real de la obra y verificar si el gasto se reflejó en las instalaciones.

La regidora recordó que, durante la administración anterior, también se anunció una inversión adicional de 2 millones de pesos para la construcción de un crematorio para mascotas, así como ampliaciones y mejoras de infraestructura. No obstante, dichos trabajos no se realizaron. En su lugar, se autorizó una transferencia presupuestal para la compra de un crematorio, operación que —según la regidora— carece de transparencia en cuanto a su uso y destino final.

Durante su exposición, Salgado subrayó que las actuales condiciones del Centro Canino y Felino no corresponden a una obra que supuestamente recibió más de 4 millones de pesos. Señaló que el lugar presenta falta de iluminación, pisos sin lozeta, un patio de tierra y juegos en mal estado, lo que pone en duda la aplicación real de los recursos. “Es indispensable garantizar que este espacio sea digno, funcional y adecuado para atender a los animales que ahí se resguardan, algo que claramente no está ocurriendo”, afirmó.

La edil también hizo hincapié en que la administración que ejecutó la obra se proclamó como un gobierno de transformación, transparencia y cero corrupción, por lo que ahora toca verificar si esas promesas fueron reales o se quedaron únicamente en discurso político. “Como representantes ciudadanos, tenemos la obligación de aplicar la ley y esclarecer el destino de estos recursos”, puntualizó.

En su solicitud formal a la Sindicatura, la regidora pidió:

1. Requerir toda la documentación que respalde la inversión realizada por la empresa donante.
2. Solicitar un informe técnico a la Dirección de Infraestructura para verificar si la obra se ejecutó conforme a la normatividad.
3. Obtener copia de licencias y permisos emitidos por la Dirección de Administración Urbana.
4. Abrir una investigación formal sobre la inversión complementaria no ejecutada para determinar si existieron modificaciones presupuestales o si simplemente los recursos nunca se aplicaron.

Finalmente, Salgado reiteró su compromiso con la legalidad y la correcta aplicación de los recursos públicos, en especial cuando se trata de espacios que deben garantizar el bienestar de animales en situación de vulnerabilidad. “No se trata solo de números, sino de vidas que dependen de instalaciones seguras y funcionales”, concluyó.