El debate, sin embargo, no está en la ley, sino en la actitud. San Quintín atraviesa una crisis social y política que se ha ido acumulando sin contención efectiva. El bloqueo en la carretera Transpeninsular inició el lunes y este jueves cumple ya cuatro días activo, con afectaciones directas a la movilidad, la economía regional y la vida cotidiana de miles de personas. Aun así, la administración municipal ha respondido más con rigidez que con soluciones.

En lugar de desactivar el conflicto, la postura institucional ha sido la confrontación. Se privilegia el discurso de resistencia, la negación sistemática y una defensa cerrada del cargo que para muchos ciudadanos se percibe como arrogancia política. Gobernar desde el orgullo rara vez resuelve crisis; por el contrario, suele profundizarlas.

La propia alcaldesa, Miriam Cano, ha descartado cualquier concesión y ha exigido que los señalamientos en su contra se sometan exclusivamente a procesos legales formales. Durante una reunión con manifestantes que mantienen bloqueada la Transpeninsular, reiteró que no se puede emitir ningún veredicto sin investigaciones ni procedimientos jurídicos adecuados, y que su gobierno actuará conforme a la legalidad. El argumento es válido en el plano jurídico, pero insuficiente en el plano político y social.

Porque una cosa es la presunción de inocencia y otra muy distinta es la responsabilidad de conducción política. Los conflictos sociales no se resuelven solo en expedientes; se atienden con diálogo efectivo, autocrítica y decisiones que reduzcan la tensión. Hoy, San Quintín sigue detenido, literal y simbólicamente.

Este escenario resulta todavía más delicado si se considera que se trata del primer gobierno municipal electo en la historia de San Quintín. El nacimiento del municipio representaba una oportunidad histórica para sentar bases sólidas de gobernabilidad, cercanía ciudadana y madurez política. En cambio, el arranque ha estado marcado por señalamientos constantes, bloqueos, inconformidad social y una administración que parece más preocupada por no ceder que por recomponer el tejido social.

La renuncia, aunque políticamente costosa, es una figura contemplada en la ley para escenarios excepcionales. No implica culpabilidad automática ni derrota moral; implica reconocer que el conflicto ha rebasado a la figura en turno. Aferrarse al cargo, en cambio, cuando el municipio permanece paralizado, envía un mensaje de cerrazón y desgaste institucional.

Si tanto amor se dice tener por San Quintín, la pregunta no debería ser si la ley lo permite, sino si es lo mejor para el municipio. Gobernar también es saber hacerse a un lado cuando la permanencia se convierte en obstáculo.

La crisis sigue abierta, el bloqueo continúa y la tensión social no disminuye. El tiempo corre y cada día sin solución profundiza el desgaste del primer gobierno municipal de San Quintín. La historia no suele ser benévola con quienes confundieron firmeza con soberbia y liderazgo con berrinche político.

El exhorto fue presentado por las y los diputados del PAN María Yolanda Gaona, Diego Echevarría y Alejandrina Corral, quienes plantearon la necesidad de que la legisladora se apartara del cargo mientras se esclarece el origen de los recursos relacionados con el incidente ocurrido el pasado 5 de enero en el cruce fronterizo Mexicali–Calexico.

Lizbeth Mata Lozano señaló que la negativa de Morena a respaldar esta solicitud representa un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas, al tratarse de un órgano legislativo cuya función central es la revisión, fiscalización y vigilancia del ejercicio de los recursos públicos en el estado.

Indicó que la Comisión de Fiscalización del Gasto Público es una de las instancias más sensibles del Congreso, ya que de su trabajo depende la detección de irregularidades, el combate a la opacidad y la garantía de que los recursos públicos sean utilizados conforme a la ley, por lo que su presidencia debe recaer en perfiles que no enfrenten señalamientos pendientes de aclarar.

La dirigente estatal del PAN afirmó que, al rechazar el exhorto, la mayoría de Morena envía un mensaje negativo a la ciudadanía, al cerrar la puerta a una exigencia legítima de congruencia ética y responsabilidad política, privilegiando acuerdos internos por encima del interés público.

Mata Lozano sostuvo que la transparencia no debe entenderse como un ataque político, sino como una obligación inherente al ejercicio del poder público, especialmente cuando existen hechos que requieren ser aclarados ante la sociedad para evitar suspicacias o dudas sobre el actuar de quienes integran el Poder Legislativo.

Asimismo, subrayó que la separación temporal de un cargo no implica una presunción de culpabilidad, sino una medida preventiva que permite garantizar imparcialidad, credibilidad institucional y confianza ciudadana mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Finalmente, reiteró que Acción Nacional continuará señalando cualquier decisión que debilite los principios de legalidad, rendición de cuentas y ética pública, y aseguró que el PAN seguirá impulsando acciones legislativas para que los hechos sean esclarecidos y se actúe con responsabilidad en la vida pública de Baja California.