El abogado explicó que las notificaciones fueron entregadas de manera irregular, sin cumplir los plazos ni las formalidades que exige la ley. “Estamos ante un acto de arbitrariedad institucional que busca desalojar a familias enteras sin respetar el debido proceso”, declaró Pelayo Rodríguez, quien ha promovido recursos legales para detener la ejecución. Los afectados aseguran que el operativo responde a intereses privados y que detrás del procedimiento existen vínculos políticos y económicos que comprometen la imparcialidad de las autoridades.

La situación se agrava por los antecedentes de la jueza Martha Flores Trejo, señalada en reportajes previos por decisiones polémicas. En 2018, medios como Zeta documentaron que liberó a un agresor sexual con antecedentes, lo que generó denuncias por abuso de autoridad. En 2011, Ensenada.net informó que se excusó de llevar el caso del asesinato del regidor Arturo Castellanos Ruiz por vínculos personales con un abogado. Estos antecedentes refuerzan la percepción ciudadana de que existen irregularidades judiciales y posibles conflictos de interés en decisiones que afectan directamente a la comunidad.

Vecinos de Tierra Santa expresaron su temor ante la posibilidad de que el desalojo se ejecute con fuerza pública. “No somos invasores, somos familias que hemos vivido aquí por años y que hemos cumplido con nuestras obligaciones. Lo que pedimos es justicia y respeto”, comentó una residente. Otros habitantes denunciaron que funcionarios municipales han visitado la zona en días recientes para presionar a los ocupantes y advertirles que deberán abandonar sus viviendas sin ofrecer alternativas de reubicación.

El licenciado Pelayo Rodríguez insistió en que la ejecución del desalojo, pese a las suspensiones vigentes, constituye una violación directa al principio de legalidad. “Estamos ante un caso que refleja la corrupción estructural del sistema judicial. No se trata solo de un conflicto de propiedad, sino de un abuso institucional que afecta a familias trabajadoras y vulnerables”, afirmó.

La comunidad de Mar Mediterráneo y Tierra Santa ha organizado vigilias y reuniones para resistir pacíficamente el operativo. Vecinos han colocado carteles y pancartas en sus viviendas con mensajes de protesta y llamados a la justicia. Madres de familia han expresado su angustia por el futuro de sus hijos, adultos mayores han señalado que no tienen a dónde acudir y trabajadores han advertido que perder su vivienda significará también perder la estabilidad laboral y económica que han construido con esfuerzo.

La indignación también se ha trasladado a las redes sociales, donde ciudadanos han compartido los antecedentes de la jueza y han exigido una revisión exhaustiva del proceso. La presión pública crece mientras se acerca la hora del desalojo, y se espera que observadores independientes estén presentes para documentar cualquier irregularidad.

El caso ha despertado un debate más amplio sobre la manera en que se ejecutan los desalojos en Baja California. Expertos en derecho señalan que la falta de transparencia en los procesos judiciales y administrativos genera un ambiente de desconfianza que afecta la legitimidad de las instituciones. Además, advierten que la ausencia de políticas de vivienda accesible y programas de reubicación agrava la crisis social, dejando a cientos de familias en la incertidumbre.

Los antecedentes de desalojos en la región muestran que este tipo de operativos suelen estar acompañados de denuncias por corrupción y favoritismo. En años anteriores, comunidades enteras han sido desplazadas para dar paso a proyectos inmobiliarios o turísticos, lo que ha generado un patrón de despojo que se repite en distintas zonas de Baja California. La falta de mecanismos efectivos de defensa ciudadana y la debilidad institucional han permitido que estas prácticas se consoliden, afectando gravemente la confianza en el sistema judicial.

En reuniones comunitarias recientes, los habitantes de Tierra Santa han compartido testimonios que reflejan la gravedad de la situación. Una madre de tres hijos relató que ha invertido más de una década en construir su vivienda y que ahora enfrenta la posibilidad de perderlo todo sin recibir apoyo del gobierno. Un adulto mayor expresó que no tiene familiares cercanos y que el desalojo lo dejaría en la calle. Trabajadores señalaron que la pérdida de sus hogares también significará perder la estabilidad que les permite sostener a sus familias.

El impacto social de este desalojo también se refleja en la economía local. Comerciantes de la zona han señalado que la expulsión de familias afectará directamente la actividad comercial, pues muchos de los habitantes son clientes habituales y sostienen pequeños negocios que dependen de la comunidad. La pérdida de viviendas se traduce en pérdida de empleos, disminución del consumo y debilitamiento del tejido económico de Tierra Santa.

Académicos consultados han advertido que la falta de políticas públicas de vivienda en Baja California ha generado un vacío que se llena con decisiones judiciales cuestionables. “El Estado debería garantizar alternativas habitacionales antes de ejecutar un desalojo. De lo contrario, se está condenando a las familias a la marginación y a la pobreza”, señaló un investigador de la Universidad Autónoma de Baja California.

La comunidad ha solicitado la intervención de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se investigue el caso y se garantice el respeto a los derechos fundamentales. Líderes vecinales han advertido que, de ejecutarse el desalojo, se abriría un precedente peligroso que permitiría a las autoridades actuar sin control ni rendición de cuentas en otros conflictos similares.

El incremento, que se vio reflejado a partir de la presente catorcena, se integra por el 20 por ciento otorgado durante 2025 y un 10 por ciento adicional en enero de 2026, consolidando un avance histórico en el fortalecimiento de las condiciones económicas del personal policial activo y retirado.

De acuerdo con cifras oficiales, el sueldo neto mensual de un agente pasó de 15 mil 270 pesos a 23 mil 586 pesos, cifra que representa una mejora real en el poder adquisitivo de los policías municipales, quienes durante años permanecieron sin incrementos significativos.

Además, el gobierno local informó que el bono de riesgo y el bono complementario quedaron integrados al salario base, lo que impacta directamente en prestaciones como aguinaldo y prima vacacional, brindando una mayor estabilidad financiera al personal operativo.

En cuanto a la forma de pago, el bono de riesgo dejó de entregarse de manera mensual para pasar a dos pagos catorcenales de mil pesos cada uno, sumando dos mil pesos mensuales fijos y permanentes.

El Gobierno Municipal destacó que estas acciones se complementan con otros beneficios implementados durante la actual administración, entre ellos:

El incremento del 100 por ciento al bono de riesgo.

La creación del bono escolar por 2 mil 900 pesos.

La regularización del pago de seguros de vida a viudas con adeudos desde 2015.

La garantía de seguros de vida por 300 mil pesos, cubiertos puntualmente.

Asimismo, se anunció que para el presente año se continuará con la dotación de uniformes, radios y chalecos balísticos, reforzando el equipamiento policial y la operatividad de la DSPM.

Con este ajuste salarial y los apoyos complementarios, el Gobierno de Ensenada refrenda su compromiso con la seguridad pública, reconociendo la entrega y vocación de quienes protegen día a día a las familias ensenadenses.

La primera mujer presidenta en la historia de Ensenada precisó que, en las últimas semanas, se han construido y rehabilitado alrededor de 55 rampas para personas con discapacidad, ubicadas en banquetas de zonas estratégicas de la ciudad.

“Estas rampas facilitan la movilidad y el acceso seguro para personas con discapacidad, dando prioridad a instituciones médicas, paraderos de transporte público y espacios donde el tránsito peatonal es fundamental”, recalcó.

Agregó que estas acciones forman parte del programa anual de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, cuyo propósito es garantizar infraestructura peatonal accesible, segura y funcional.

Finalmente, Claudia Agatón reiteró que su administración seguirá adaptando la infraestructura urbana para que sea accesible a personas con discapacidad, personas adultas mayores, niñas y niños, mujeres embarazadas y cualquier persona con movilidad reducida, temporal o permanente.

La autoridad municipal informó que se pidió a dichas corporaciones ampliar los operativos conjuntos y reforzar la presencia en zonas catalogadas como prioritarias, a fin de ejecutar más acciones disuasivas y mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias. La Dirección de Seguridad Pública Municipal mantiene patrullajes permanentes, participación diaria en mesas de seguridad y tareas de inteligencia orientadas a la identificación de personas generadoras de violencia.

El Gobierno de Ensenada también indicó que se trabaja en acciones de prevención y proximidad social, como el fortalecimiento de redes vecinales, recuperación de espacios públicos, atención a reportes comunitarios y campañas para incentivar la denuncia ciudadana, con el objetivo de reducir factores de riesgo en colonias vulnerables.

En el contexto de esta solicitud de apoyo, el municipio enfrenta nuevos hechos violentos. La mañana del domingo 23 de noviembre, un hombre identificado como Juan Luis, de 40 años, resultó lesionado tras un ataque armado en las calles De los Mecánicos y Esmeralda, en la colonia Morelos. Presentó heridas por proyectil de arma de fuego en el tórax y una mano; él mismo se trasladó a la Cruz Roja de Valle Dorado y posteriormente a un hospital. Autoridades confirmaron que cuenta con una orden de aprehensión cumplimentada. Esta agresión se suma a otros homicidios ocurridos previamente en la misma zona.

A ello se sumó un segundo hecho violento. La tarde del lunes 24 de noviembre, un ataque armado al interior de la empresa “Soluciones Marítimas”, ubicada en Avenida Reforma y Antonio Villarreal, dejó sin vida a un hombre identificado preliminarmente como Luis, originario de Tijuana. El reporte del C5 alertó a las corporaciones alrededor de las 16:25 horas; al arribar, los oficiales confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. El sitio permanece bajo investigación de la Fiscalía General del Estado. En ese mismo establecimiento ya había sido asesinado un socio el 1 de febrero de 2021.

El Gobierno de Ensenada reiteró que se da seguimiento permanente a las estrategias coordinadas con corporaciones estatales y federales, y que se mantendrá informada a la población sobre avances y retos en materia de seguridad.

De acuerdo con el reporte oficial, la movilización comenzó tras recibirse una llamada al número de emergencias 9-1-1, donde se alertó sobre una persona lesionada por arma de fuego. Al llegar al sitio, los agentes municipales confirmaron el fallecimiento del oficial estatal, hecho que desató un intenso operativo en coordinación con las autoridades estatales y federales.

Durante los patrullajes implementados en la zona, los agentes municipales lograron ubicar a Omar Eleazar “N”, quien viajaba a bordo de un sedán con rótulos de una empresa. El vehículo coincidía con las características señaladas por testigos del ataque, quienes describieron que el presunto autor del homicidio había escapado en un automóvil similar.

El sujeto fue asegurado en el lugar y posteriormente trasladado, junto con el vehículo y un arma localizada en su poder, a las instalaciones correspondientes para ser presentado ante la autoridad investigadora. Será la Fiscalía General del Estado (FGE) la encargada de continuar con las diligencias y determinar su situación jurídica.

El titular de la SSPCM, José Alejandro Avilés Amezcua, expresó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del agente caído, reconociendo su labor en cumplimiento del deber. “Perder a un elemento siempre es una herida profunda para toda la corporación. Hoy más que nunca reafirmamos nuestro compromiso con su memoria y con la justicia”, declaró.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal reiteró su compromiso con la seguridad de la población y con la protección de sus agentes, quienes arriesgan su vida diariamente por salvaguardar la integridad y el bienestar de los ciudadanos.

Asimismo, la dependencia hizo un llamado a la comunidad para colaborar con las autoridades, proporcionando información que contribuya al esclarecimiento de este y otros hechos delictivos, con el fin de fortalecer la seguridad y la confianza en las instituciones.

Mata Lozano criticó que el gobierno federal pudiera estar manipulando información para generar cortinas de humo y desviar la atención de la crisis que enfrentan algunos funcionarios y empresarios vinculados a la red de financiamiento ilícito conocida como “huachicol fiscal”, así como otros casos de corrupción en Morena. La dirigente subrayó que la conducta de Acción Nacional ha sido de total transparencia, citando que Ruffo Appel ha puesto toda la documentación a disposición de las autoridades y ha exigido investigaciones a fondo, sin ampararse en fueros ni inventar complots.

En la misma línea, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó en conferencia que no existen órdenes de aprehensión en contra de Ernesto Ruffo Appel ni del exsenador Gerardo Novelo Osuna por el delito de huachicoleo fiscal, despejando cualquier duda sobre procedimientos judiciales en curso.

La presidenta del PAN enfatizó que las investigaciones deben dirigirse a identificar a los verdaderos responsables del “huachicol fiscal” y conducirse con total claridad, sin afectar la trayectoria de ciudadanos íntegros como Ruffo Appel, quien ha mantenido una conducta pulcra tanto en su vida pública como profesional.

En los laboratorios asegurados se encontraron aproximadamente 21,000 kilogramos de presunta metanfetamina, además de una gran variedad de precursores químicos necesarios para la producción de drogas ilícitas. Entre los insumos asegurados se contabilizan 1,000 litros de ácido clorhídrico, 200 litros de ácido acético, 1,000 litros de tolueno, 200 litros de cianuro de bencilo, 250 litros de P2P, 575 kilogramos de sosa cáustica y 200 kilogramos de cianuro de sodio, todos los cuales fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para iniciar la carpeta de investigación correspondiente y realizar las indagatorias subsecuentes.

La acción tuvo un impacto significativo en la operación de la delincuencia organizada, pues se estima que se evitó que más de 525 millones de dosis de droga llegaran a las calles, afectando económicamente a los grupos delictivos en un total de 6,532,026,885 pesos. La Semar, la FGR, la Sedena, la GN y la SSPC destacaron la importancia de la coordinación interinstitucional para llevar a cabo este tipo de operativos, que buscan desmantelar la infraestructura de producción de drogas y reducir el riesgo que representan para la sociedad.

Además del aseguramiento de sustancias químicas y droga procesada, el operativo permitió neutralizar los laboratorios, eliminando instalaciones que representaban un riesgo ambiental y para la salud de la población, dado el manejo de químicos altamente peligrosos. La acción también refuerza la vigilancia en la región y demuestra la capacidad del Estado para intervenir de manera efectiva ante la presencia de actividades ilícitas de gran escala.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteran su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para impedir la distribución de drogas, salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y mantener acciones preventivas y correctivas que limiten el alcance de la delincuencia organizada en todo el país.

“Queremos una ciudad más limpia y segura”, afirmó la regidora Daniela Salgado, presidenta de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, quien destacó que esta campaña fue aprobada en Cabildo tras escuchar las preocupaciones de vecinos sobre los problemas de salud, seguridad y espacio que generan estos vehículos. Por única ocasión se otorgarán 15 días para retirarlos voluntariamente antes de aplicar sanciones.

Alejandro Monreal Noriega, jefe de la corporación local, informó que, tras un acuerdo de Cabildo, se otorgará un plazo de 15 días para que los dueños de estos vehículos los retiren voluntariamente. A partir del próximo 30 de julio, los oficiales adscritos a la Comandancia de Tránsito comenzarán el remolque de automóviles que permanezcan abandonados, conforme al Artículo 136 del Reglamento de Tránsito Municipal.

“El reglamento considera como vehículo abandonado aquel que permanezca estacionado en la vía pública por más de 72 horas sin aviso previo a la autoridad, y si durante ese tiempo presenta derrame de líquidos, el propietario será sujeto a responsabilidades legales adicionales”, explicó Monreal Noriega.

Además de la contaminación visual que generan, estos vehículos se convierten en focos de insalubridad y pueden afectar el medio ambiente con derrames de aceite u otros líquidos tóxicos, deteriorando la calidad de vida en las colonias. Por ello, la campaña busca mejorar la imagen urbana y promover la armonía social y el bienestar colectivo.

Para facilitar la participación ciudadana, se invita a reportar vehículos abandonados mediante una llamada al 911, proporcionando ubicación, tiempo estimado estacionado y características físicas del automóvil. Una unidad de la DSPM acudirá para colocar una notificación oficial y, si el vehículo no se retira en 72 horas, se procederá con el remolque.

El Gobierno de Ensenada reitera que esta acción forma parte de una estrategia integral para recuperar espacios públicos, prevenir daños ambientales y fortalecer el tejido social en las colonias. Se exhorta a la ciudadanía a colaborar y evitar sanciones retirando vehículos abandonados de manera voluntaria.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 18:40 horas, cuando agentes municipales recorrían las calles 16 de septiembre y Aquiles Serdán, en Maneadero parte alta. En ese momento, una mujer se acercó a los oficiales para alertarlos sobre la presencia de un menor que reconoció por haberlo visto en una ficha de búsqueda.

Ante la alerta, los agentes entrevistaron al menor, quien se identificó como Eduardo “N”, de 12 años de edad, originario de Tijuana y sin domicilio fijo. De inmediato se solicitó el apoyo de la Unidad de Atención a Víctimas (UNAVI), cuyos elementos realizaron la verificación de datos con la Fiscalía General del Estado (FGE).

La autoridad estatal confirmó que el menor coincidía con una ficha de búsqueda activa registrada el pasado 6 de junio de 2025, en la ciudad de Tijuana, lo que permitió iniciar el protocolo correspondiente de resguardo y protección.

Los elementos municipales garantizaron en todo momento el respeto a los derechos del menor, quien fue canalizado hacia las instancias correspondientes para su atención integral, en coordinación con las autoridades estatales.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal reconoció el profesionalismo y sensibilidad de los agentes involucrados, así como la efectiva coordinación interinstitucional, que permitió una intervención oportuna y cuidadosa, evitando posibles riesgos para el menor.

Este hecho refleja el compromiso de la corporación con la protección de niñas, niños y adolescentes, y la importancia de mantener vigilancia constante, atención ciudadana y protocolos especializados en casos sensibles como el que se presentó.

El operativo, efectuado el pasado 25 de junio, fue encabezado por un agente del Ministerio Público y su auxiliar, con el respaldo de cuatro elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI). La diligencia se llevó a cabo tras obtener una orden judicial para ingresar a la vivienda, señalada por presunta venta de droga.

En el lugar fueron sorprendidos Ana Guadalupe “N” y Ángel Emiliano “N”, quienes tenían en su posesión 15 envoltorios de plástico con hierba seca, con características similares a la marihuana. Ambos quedaron detenidos y fueron puestos a disposición de las autoridades para el desarrollo de la investigación correspondiente.

Como parte del procedimiento legal, el inmueble fue asegurado por la Fiscalía y permanecerá bajo resguardo para continuar con las indagatorias necesarias que permitan esclarecer la magnitud de las actividades delictivas que ahí se realizaban.

Este cateo refuerza los esfuerzos permanentes para frenar la distribución de drogas en Ensenada. La Fiscalía exhortó a la ciudadanía a continuar denunciando de forma anónima al número 089, herramienta clave para seguir avanzando en el combate al narcomenudeo y la recuperación de la seguridad en las colonias.