La edil informó que la denuncia fue interpuesta este miércoles y tiene como fundamento el presunto incumplimiento del artículo 31 de la legislación en materia de acceso a la información pública, el cual establece la obligación de transmitir en vivo las sesiones del Comité de Compras con el propósito de garantizar que la ciudadanía pueda conocer la forma en que se toman las decisiones relacionadas con el ejercicio de los recursos públicos.

Asimismo, recordó que anteriormente también se restringió el acceso a las sesiones del Comité de Compras, pese a que el artículo 36 del Reglamento de Adquisiciones del Municipio reconoce el derecho de cualquier ciudadano a asistir y presenciar estos trabajos. A su juicio, estas acciones representan un patrón de opacidad que limita la participación ciudadana y el seguimiento a los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y contrataciones que realiza el Ayuntamiento.

La regidora sostuvo que la transparencia no debe entenderse como una decisión discrecional de la autoridad, sino como una obligación establecida por la ley para garantizar la rendición de cuentas. En ese sentido, afirmó que la falta de transmisión de las sesiones y las restricciones de acceso impiden que la población conozca cómo se ejercen los recursos públicos y bajo qué criterios se aprueban las compras y licitaciones municipales.

También manifestó su confianza en que la Sindicatura Municipal atienda la denuncia con objetividad y apego al marco legal, con el propósito de garantizar el respeto al derecho de acceso a la información pública y fortalecer los mecanismos de vigilancia ciudadana sobre el uso del presupuesto público.

De igual forma, hizo un llamado a la Administración Pública Central para que actúe frente a los servidores públicos que, de comprobarse alguna irregularidad, estén obstaculizando el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de transparencia. Consideró que el acceso a la información fortalece la confianza de la ciudadanía en las instituciones y contribuye a una administración más abierta y responsable.

Finalmente, la regidora reiteró que continuará promoviendo acciones encaminadas a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso de la población a la información relacionada con el manejo de los recursos públicos del Ayuntamiento de Ensenada.

Durante este periodo, la regidora presentó un total de once iniciativas, de las cuales nueve fueron turnadas y discutidas en el Cabildo de Ensenada y dos más ante el Congreso del Estado. Cada una de estas propuestas, explicó, fue resultado de un análisis técnico y jurídico previo, así como de un proceso de socialización con la ciudadanía, tomando en cuenta opiniones, problemáticas y necesidades reales de la población.

García Salgado recordó que una de las principales responsabilidades de los regidores es la creación, actualización y mejora de los reglamentos municipales, ya que estos instrumentos permiten fortalecer la gobernanza, modernizar la administración pública y generar mejores condiciones de seguridad, orden y convivencia social en el municipio.

En el ámbito estatal, la regidora impulsó dos iniciativas que calificó como prioritarias. La primera, relacionada con la Justicia Cívica, busca atender conflictos cotidianos de forma más ágil, accesible y menos costosa para la ciudadanía, evitando que situaciones menores escalen a procesos judiciales largos o deriven en la comisión de delitos.

La segunda iniciativa presentada ante el Congreso del Estado está enfocada en el fortalecimiento de las medidas de protección a mujeres víctimas de violencia, en un contexto marcado por el aumento de feminicidios y casos de violencia intrafamiliar. La propuesta surge, señaló, ante la insuficiencia de protocolos y órdenes de protección, con el objetivo de que las autoridades cuenten con herramientas más eficaces para salvaguardar la integridad y la vida de las mujeres.

En cuanto al trabajo realizado dentro del Cabildo, la regidora informó que las nueve iniciativas municipales fueron finalmente aprobadas, aunque reconoció que el proceso fue complejo debido a la falta de actividad en la comisión correspondiente, lo que retrasó la dictaminación de diversas propuestas. Ante esta situación, indicó que presentó dos denuncias ante la Sindicatura Municipal, al considerar que la inactividad en las comisiones de Seguridad y Gobernación afectó directamente proyectos orientados al beneficio de la ciudadanía.

Al concluir su mensaje, Ana Daniela García Salgado reiteró su compromiso de continuar trabajando con responsabilidad y firmeza, subrayando que el estudio, la participación ciudadana y un trabajo legislativo serio son fundamentales para generar cambios reales y sostenibles en Ensenada.

Monreal confirmó que, además de la destitución, se dio vista a la Sindicatura Municipal, instancia encargada de supervisar el actuar de los servidores públicos, a fin de que se inicien los procedimientos administrativos correspondientes por el comportamiento del ex mando policial.

El accidente ocurrió alrededor de las 06:00 horas, cuando se recibió un reporte vía C5 sobre una colisión en la intersección del bulevar Estancia y bulevar Zertuche, en el fraccionamiento Valle Dorado. Al llegar las unidades policiales, localizaron como vehículo responsable una Chevrolet Tahoe color gris, que impactó primero contra un Toyota Scion y posteriormente contra una base de concreto que sostenía una lámpara mercurial propiedad del Ayuntamiento.

La unidad continuó su trayectoria y colisionó con un poste de madera perteneciente a una compañía telefónica, para finalmente impactar una pick up Dodge Ram estacionada. El peritaje preliminar estableció que el Subcomandante conducía de manera peligrosa y temeraria, ingresando al crucero sin precaución, lo que derivó en la cadena de impactos.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, los daños materiales fueron considerables e involucran infraestructura pública y vehículos particulares, lo que motivó la intervención inmediata de autoridades municipales y el inicio de procedimientos administrativos y legales.

“No toleraremos este tipo de conductas por parte de elementos que, aun sin portar uniforme, ponen en riesgo a la ciudadanía”, afirmó Monreal, quien advirtió que su postura es firme: reconocer a quienes cumplen con su labor con profesionalismo y sancionar a quienes actúen con irresponsabilidad.

Asimismo, señaló que el caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado para continuar con los procedimientos legales correspondientes, destacando que la corporación mantendrá su política de cero tolerancia frente a conductas que afecten la seguridad e imagen institucional.

De acuerdo con el edil, lo ocurrido el pasado 17 de septiembre —cuando una supuesta falla eléctrica provocó la caída total del cuarto de servidores municipales— no puede tratarse como un simple accidente técnico, pues implicó la pérdida de registros esenciales de los sistemas de egresos, ingresos, bancos, contabilidad y presupuesto, así como de los respaldos automáticos.

El informe emitido por Tesorería Municipal reveló que los discos duros sufrieron daños irreparables, quedando únicamente disponibles los datos hasta el 21 de mayo del presente año. Esto significó que se extraviaron más de cuatro meses de información financiera del Ayuntamiento, lo que obligó a solicitar al Congreso del Estado una prórroga para entregar el avance financiero trimestral. Sin embargo, hasta ahora no se ha establecido un plazo para que se presente dicha información.

Adrián García calificó el hecho como “inadmisible” y “gravísimo”, al considerar que refleja una preocupante falta de control interno en la administración municipal. “No se trata de una computadora personal ni de un error menor. Se perdió la contabilidad completa del Ayuntamiento, el registro del dinero de los ensenadenses. Eso es algo que no puede tomarse a la ligera”, declaró el regidor.

El edil panista advirtió que la transparencia no puede depender de la suerte, ni mucho menos de la ineficiencia técnica o la negligencia administrativa. Por ello, aseguró que solicitará a la Sindicatura Municipal una revisión exhaustiva para determinar si existieron omisiones o fallas humanas que derivaron en la pérdida de los datos.

“Esto no es un simple problema técnico, es una señal de alarma. Se debe investigar con rigor y sancionar si es necesario. La ciudadanía merece saber qué pasó y quién permitió que algo tan grave sucediera sin que existieran respaldos adecuados”, puntualizó García.

El regidor agregó que insistirá en que el gobierno municipal rinda un informe público con las acciones adoptadas para recuperar la información y prevenir que este tipo de situaciones se repitan. “Si hoy se pierde la contabilidad, mañana podría desaparecer cualquier otro registro. No hay excusa para la falta de responsabilidad en el manejo de los recursos públicos”, concluyó.

De acuerdo con la presidenta municipal, la decisión de la Sindicatura carece de fundamentos sólidos y se tomó sin considerar las consecuencias directas que esto provocará en el avance de las obras, en la tramitación de recursos federales y en la atención de necesidades urgentes de los ciudadanos.

“Es una suspensión sin criterio, sin sustento y sin medir el daño que puede generar a la población. Con esta decisión se detiene la operación de obras que ya están en marcha y se pone en riesgo el acceso a recursos indispensables para la ciudad”, advirtió Agatón.

La alcaldesa subrayó que la Sindicatura estaba plenamente enterada de que este jueves se celebraría una sesión extraordinaria de Cabildo para aprobar modificaciones al programa de inversión del Ramo 33, por lo que la suspensión de la funcionaria impide la validación y firma de documentos clave.

Esta acción podría poner en riesgo 14 millones de pesos que deben ser justificados ante la Federación antes del 31 de octubre, fecha límite para la entrega de la documentación correspondiente. De no cumplirse, esos recursos podrían perderse definitivamente, afectando obras ya comprometidas con la ciudadanía.

Agatón Muñiz enfatizó que los proyectos suspendidos no surgieron de decisiones unilaterales, sino de un trabajo conjunto con la sociedad. “Son obras que nacen del diálogo con la comunidad, con los deportistas, con los comités vecinales, con la gente que ha estado participando activamente. Y hoy se les está dando la espalda por decisiones políticas sin sentido”, expresó.

La alcaldesa añadió que esta decisión también afecta proyectos financiados por Energía Costa Azul (ECA), que incluyen la rehabilitación del circuito vial CM5, el empastado del campo de la Unidad Deportiva Sullivan y la modernización del campo No. 6 de la Unidad Deportiva Raúl Ramírez Lozano, obras que representan beneficios directos para miles de familias ensenadenses.

“Cuando se actúa sin preparación y sin responsabilidad, los daños no se limitan al ámbito político. Los daños los pagan las familias, los comerciantes, los trabajadores que esperan esas obras”, señaló.

Agatón informó que el gobierno municipal analiza acciones legales y administrativas para revertir los efectos de esta suspensión y garantizar la continuidad de los proyectos. “No vamos a permitir que intereses personales o cálculos políticos detengan el desarrollo de Ensenada. Nuestro deber es con la gente, no con las disputas internas”, puntualizó.

Finalmente, hizo un llamado al diálogo y a la responsabilidad institucional: “Las decisiones deben tomarse con madurez, con conocimiento y con sentido social. La Sindicatura no puede convertirse en un obstáculo, sino en un aliado de la transparencia y el progreso”.

De acuerdo con la edil, el proyecto denominado “Rehabilitación de la Unidad Canina y Felina” fue aprobado en enero de 2023 y presuntamente financiado con recursos donados por la empresa ECA LIQUEFACTION, S.A. de C.V., con un monto estimado de 4.4 millones de pesos. Sin embargo, al revisar la documentación existente, se detectó la ausencia de proyecto ejecutivo, presupuesto detallado, licencias de obra, actas de entrega-recepción y pruebas de calidad de materiales. Esto, señaló, impide conocer con precisión el alcance real de la obra y verificar si el gasto se reflejó en las instalaciones.

La regidora recordó que, durante la administración anterior, también se anunció una inversión adicional de 2 millones de pesos para la construcción de un crematorio para mascotas, así como ampliaciones y mejoras de infraestructura. No obstante, dichos trabajos no se realizaron. En su lugar, se autorizó una transferencia presupuestal para la compra de un crematorio, operación que —según la regidora— carece de transparencia en cuanto a su uso y destino final.

Durante su exposición, Salgado subrayó que las actuales condiciones del Centro Canino y Felino no corresponden a una obra que supuestamente recibió más de 4 millones de pesos. Señaló que el lugar presenta falta de iluminación, pisos sin lozeta, un patio de tierra y juegos en mal estado, lo que pone en duda la aplicación real de los recursos. “Es indispensable garantizar que este espacio sea digno, funcional y adecuado para atender a los animales que ahí se resguardan, algo que claramente no está ocurriendo”, afirmó.

La edil también hizo hincapié en que la administración que ejecutó la obra se proclamó como un gobierno de transformación, transparencia y cero corrupción, por lo que ahora toca verificar si esas promesas fueron reales o se quedaron únicamente en discurso político. “Como representantes ciudadanos, tenemos la obligación de aplicar la ley y esclarecer el destino de estos recursos”, puntualizó.

En su solicitud formal a la Sindicatura, la regidora pidió:

1. Requerir toda la documentación que respalde la inversión realizada por la empresa donante.
2. Solicitar un informe técnico a la Dirección de Infraestructura para verificar si la obra se ejecutó conforme a la normatividad.
3. Obtener copia de licencias y permisos emitidos por la Dirección de Administración Urbana.
4. Abrir una investigación formal sobre la inversión complementaria no ejecutada para determinar si existieron modificaciones presupuestales o si simplemente los recursos nunca se aplicaron.

Finalmente, Salgado reiteró su compromiso con la legalidad y la correcta aplicación de los recursos públicos, en especial cuando se trata de espacios que deben garantizar el bienestar de animales en situación de vulnerabilidad. “No se trata solo de números, sino de vidas que dependen de instalaciones seguras y funcionales”, concluyó.