De acuerdo con la información oficial, Blanca Esthela “N” contaba con una orden de aprehensión activa desde que presuntamente retuvo de manera dolosa a su hija menor, impidiendo la convivencia con el padre pese a la existencia de un acuerdo legal establecido ante un juez de lo familiar. La situación se prolongó en el tiempo, generando un incumplimiento constante del régimen de convivencia y una afectación directa a los derechos tanto de la menor como del padre.

Las investigaciones señalan que la imputada cambió su residencia en diciembre de 2024 hacia Ciudad Obregón, Sonora, donde fue localizada tras trabajos de inteligencia y coordinación entre la Agencia Estatal de Investigación y autoridades ministeriales de aquella entidad. Según datos recabados, el traslado habría estado relacionado con un cambio de lugar de trabajo dentro de la misma empresa en la que laboraba, lo que no impidió que continuara vigente la orden judicial en su contra.

La detención se llevó a cabo sin incidentes, y posteriormente la mujer fue trasladada a Ensenada para ser puesta a disposición de la autoridad judicial que la requería, con el fin de continuar el proceso legal correspondiente por el delito de sustracción de menor.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de los mecanismos legales en materia familiar y la obligación de cumplir con resoluciones judiciales, especialmente cuando están de por medio los derechos de niñas y niños. Autoridades estatales reiteraron que este tipo de conductas serán perseguidas, incluso cuando impliquen movilidad entre entidades.