Durante el primer mes de 2024, los estados más violentos de México registraron un aumento alarmante en los homicidios, según datos oficiales presentados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Guanajuato lideró la lista con 250 casos, seguido por el Estado de México con 222, Baja California con 196, Chihuahua con 191 y Michoacán con 156. Estas cifras revelan una realidad marcada por disputas violentas entre grupos criminales, como el enfrentamiento entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel de Jalisco Nueva Generación en Guanajuato.

La organización World Population Review realiza un estudio anual que evalúa las tasas de homicidios en diferentes ciudades de todo el mundo. Utilizan datos recopilados de fuentes confiables, como informes gubernamentales y estadísticas oficiales de seguridad, para calcular las tasas de homicidios por cada 100,000 habitantes en cada ciudad. Este estudio se lleva a cabo regularmente para proporcionar información actualizada sobre la situación de seguridad en diversas áreas urbanas. En el caso específico de Ensenada, México, el estudio del año 2024 reveló que ocupó el puesto número 35 entre las ciudades más peligrosas del mundo, con una tasa de homicidios de 47 por cada 100,000 habitantes.

Durante una conferencia de prensa en marzo de 2024, el presidente López Obrador expresó su preocupación por el aumento de la violencia en Baja California, que ahora ocupa el segundo lugar en homicidios dolosos a nivel estatal. En respuesta, manifestó su apoyo a la gobernadora para reforzar las estrategias de seguridad en la región y proteger a los ciudadanos.

Por otro lado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana también hizo hincapié en la importancia de implementar medidas efectivas para abordar la situación de violencia en Baja California y garantizar la seguridad de la población. Señaló la necesidad de colaboración entre los diferentes niveles de gobierno y el fortalecimiento de las acciones preventivas para enfrentar los desafíos de seguridad en la región.

Estas declaraciones generaron cuestionamientos sobre la efectividad de la política de «abrazos no balazos» del gobierno federal, especialmente ante el aumento de la violencia en estados como Baja California. Los críticos han destacado la necesidad de estrategias más contundentes para combatir la delincuencia y proteger a los ciudadanos, mientras que algunos defensores de la política gubernamental argumentan que se requiere un enfoque integral que aborde las causas subyacentes de la violencia.

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