Ensenada, B.C.- Lunes 10 de agosto de 2026.- El Gobierno de Ensenada busca ampliar hasta en 91.7 millones de pesos el mecanismo de anticipo de participaciones federales con el que pretende hacer frente a obligaciones laborales y de seguridad social, principalmente relacionadas con ISSSTECALI, además de evitar que estos compromisos continúen generando recargos y actualizaciones que representen una mayor presión para las finanzas municipales.

La propuesta fue presentada por la Tesorería Municipal durante la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada este lunes y contempla modificar el convenio de otorgamiento de anticipo de participaciones federales celebrado con el Gobierno del Estado en diciembre de 2025. El planteamiento no fue aprobado de manera definitiva durante la sesión, sino que fue turnado a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, donde deberá ser analizado, discutido y, en su caso, dictaminado.
De acuerdo con la propuesta presentada, el Ayuntamiento busca incrementar hasta en 91.7 millones de pesos el monto autorizado dentro de este mecanismo financiero y ampliar el plazo de amortización hasta junio de 2027. El objetivo es contar con mayor margen para atender compromisos que ya existen y evitar que el paso del tiempo incremente el costo de las obligaciones pendientes.
La presidenta municipal Claudia Agatón Muñiz explicó que la medida está relacionada principalmente con obligaciones laborales y de seguridad social que el Ayuntamiento debe cubrir, entre ellas las correspondientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI).
La alcaldesa señaló que el planteamiento busca atender oportunamente estos compromisos y evitar que continúen acumulándose recargos y actualizaciones que puedan representar una carga adicional para las finanzas municipales. En ese sentido, presentó la modificación al mecanismo financiero como una medida de orden y previsión para cumplir con responsabilidades que ya forman parte de las obligaciones del Ayuntamiento.
Uno de los puntos que destacó la administración municipal es que la solicitud de ampliación no significa por sí misma que los 91.7 millones de pesos serán ejercidos de manera inmediata, debido a que la propuesta todavía debe pasar por el proceso de análisis correspondiente y cumplir con las autorizaciones establecidas.
El procedimiento continuará ahora en la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, instancia encargada de revisar los alcances financieros de la propuesta y determinar si existen condiciones para que posteriormente sea sometida nuevamente a consideración del Cabildo.
La discusión ocurre en un contexto en el que el Ayuntamiento busca mantener el cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social sin generar mayores costos derivados de adeudos que continúen acumulando recargos. Por ello, el mecanismo planteado pretende proporcionar mayor margen financiero para atender estos compromisos y ampliar el periodo disponible para su amortización.
La modificación propuesta contempla llevar el plazo de amortización hasta junio de 2027, lo que permitiría distribuir durante un periodo mayor las obligaciones vinculadas al mecanismo de anticipo de participaciones federales. Esta ampliación tendría que sujetarse a las condiciones financieras y jurídicas que sean determinadas durante el análisis de la propuesta.
Claudia Agatón sostuvo que su administración continuará tomando decisiones orientadas a mantener un manejo responsable de los recursos públicos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones institucionales, particularmente aquellas relacionadas con los trabajadores municipales y la seguridad social.
El Ayuntamiento deberá esperar ahora el análisis de la Comisión de Hacienda para conocer el alcance definitivo de la propuesta y, posteriormente, determinar si el tema regresa al Pleno del Cabildo para su eventual aprobación.
Mientras tanto, el planteamiento coloca sobre la mesa un mecanismo financiero de hasta 91.7 millones de pesos adicionales, cuyo propósito, de acuerdo con la administración municipal, es evitar que las obligaciones laborales y de seguridad social existentes continúen incrementando su costo y permitir que el gobierno municipal mantenga sus compromisos bajo un esquema de mayor previsión financiera.





