Ensenada, B.C.- Viernes 13 de noviembre de 2026.- Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron un cateo la tarde de este viernes en la estación de servicio Orlando’s Smart, ubicada en el poblado de San Antonio de las Minas, sobre el kilómetro 94 de la carretera Ensenada–Tecate. La diligencia generó un señalamiento por parte de la empresa operadora, que sostiene que el establecimiento contaba con un amparo vigente cuya documentación habría sido exhibida a los agentes antes de que ingresaran al lugar.

De acuerdo con la información proporcionada por la empresa, alrededor de cuatro vehículos de la corporación federal arribaron a las instalaciones y sus elementos se identificaron ante el encargado en turno, a quien manifestaron contar con una orden de cateo para realizar una diligencia dentro de la estación de servicio.

La empresa asegura que, durante el primer contacto, el encargado informó a los agentes que el establecimiento se encontraba protegido por un amparo vigente y les mostró la documentación correspondiente. Según su versión, también les indicó que debían abstenerse de realizar actuaciones que pudieran contravenir la protección judicial.

Sin embargo, de acuerdo con el mismo relato, los elementos de la FGR continuaron con el procedimiento e ingresaron por la fuerza a las instalaciones, pese a que previamente se les habría informado sobre la existencia del recurso judicial.

La empresa también señaló que, durante la diligencia, se restringió el acceso a determinadas áreas de la estación, se suspendió la operación de las bombas despachadoras de combustible y se desconectó el sistema de videovigilancia. Estas acciones, indicó, generaron preocupación entre el personal del establecimiento respecto al desarrollo del operativo y las condiciones en que se llevó a cabo.

En su posicionamiento, la compañía manifestó que reconoce las facultades de las autoridades y su obligación de colaborar con los procedimientos legales; no obstante, consideró indispensable que cualquier actuación se realice con apego a la ley, respeto a las resoluciones judiciales y garantías constitucionales.

Por ello, solicitó que las instancias correspondientes revisen lo ocurrido, esclarezcan la legalidad de la diligencia y determinen si la actuación de los elementos federales fue compatible con la protección judicial que, según la empresa, amparaba al establecimiento.

Hasta el momento, la información disponible corresponde a la versión proporcionada por la compañía. No se cuenta con una postura oficial de la Fiscalía General de la República que permita conocer el motivo de la investigación, los alcances de la orden de cateo, el objetivo de la diligencia o si la autoridad tuvo conocimiento y verificó los documentos del amparo antes de ejecutar el procedimiento.

Tampoco se ha proporcionado información sobre el juzgado que habría concedido la protección judicial, los términos específicos de la resolución ni su alcance frente a la diligencia realizada este viernes. Estos elementos son relevantes para establecer si el amparo invocado por la empresa impedía el cateo o si existían condiciones legales que permitían llevarlo a cabo.

El caso deja pendiente el esclarecimiento de dos aspectos centrales: las razones que motivaron la intervención de la FGR en la estación de servicio y la revisión de los señalamientos de la empresa sobre el presunto incumplimiento de una resolución judicial.

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