Mexicali, B.C.- Miércoles 7 de enero de 2026.-La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California advirtió una posible crisis de gobernabilidad en la entidad, al señalar que se tiene conocimiento de alrededor de 12 acciones emprendidas por el gobierno de Estados Unidos contra funcionarios vinculados a Morena, ya sea por detenciones en garitas fronterizas o por el retiro de visas, de las cuales —afirmó— la mayoría corresponderían a Baja California.
En conferencia de prensa, la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Lizbeth Mata Lozano, sostuvo que estos hechos estarían relacionados con presuntos delitos como delincuencia organizada, corrupción, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y huachicol fiscal, lo que —dijo— representa un escenario grave para la estabilidad institucional del estado y exige explicaciones claras a la ciudadanía.
Durante su posicionamiento, la dirigente panista mencionó a diversos funcionarios y exfuncionarios ligados a Morena que, aseguró, estarían involucrados en estas acciones por parte de autoridades estadounidenses. Entre los nombres citados se encuentran Marina del Pilar Ávila Olmeda, Carlos Torres Torres, Luis Samuel Guerrero Delgado, José Luis Dagnino López, Hilda Araceli Brown Figueredo, Alejandra Ang Hernández, Óscar Eduardo Castro Castro, Juan Francisco Gim Nogales, César Iván Sandoval Gámez, Mario Alberto López Hernández, Alex Tonatiuh Márquez Hernández y Jaime Eduardo Cantón Rocha.
Uno de los señalamientos que el PAN puso sobre la mesa fue el caso de la diputada Alejandra Ang Hernández, a quien se le atribuye el presunto traslado de entre 600 mil y 800 mil pesos en efectivo hacia Estados Unidos. Mata Lozano consideró que este hecho podría configurar un posible acto de corrupción, por lo que exigió que la legisladora sea separada de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, solicite licencia a su cargo y explique públicamente el origen del dinero.
En el mismo sentido, los diputados del PAN Diego Echevarría y Alejandrina Corral informaron que presentarán una solicitud formal ante el Pleno del Congreso de Baja California para que se transparente la procedencia de los recursos, recordando que la legislación mexicana prohíbe portar más de 100 mil pesos en efectivo sin justificar su origen. Subrayaron que la legisladora deberá responder conforme a la ley ante las autoridades correspondientes, tanto en México como en Estados Unidos.
Finalmente, Acción Nacional sostuvo que estos señalamientos, de confirmarse, evidenciarían fallas graves en los mecanismos de control y rendición de cuentas, por lo que reiteró su exigencia de investigaciones a fondo, transparencia y consecuencias legales, a fin de garantizar la gobernabilidad y la confianza ciudadana en Baja California.





