Ciudad de México.- Los cargos que aparecen al finalizar una compra, servicios adicionales activados sin autorización y precios que cambian durante el proceso de pago son algunas de las prácticas que buscan combatir mediante una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada por el diputado federal Fausto Gallardo García, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La propuesta pretende fortalecer la protección de los consumidores ante el crecimiento del comercio electrónico y establecer reglas más claras para las plataformas digitales, intermediarios y proveedores que participan en las transacciones por internet, con el objetivo de que los usuarios conozcan desde el principio cuánto pagarán y bajo qué condiciones están adquiriendo un producto o servicio.

Entre los puntos centrales de la iniciativa se encuentra la obligación de transparentar los precios y los cargos que puedan determinarse desde el inicio de la operación, evitando que el consumidor se encuentre con cobros adicionales hasta el último paso de la compra, cuando ya ha seleccionado productos, proporcionado información o avanzado en el proceso de contratación.

El planteamiento también busca impedir que se incorporen cargos obligatorios de manera tardía, así como establecer que cualquier servicio adicional requiera el consentimiento expreso del comprador, evitando que se agreguen conceptos que no fueron solicitados o aceptados de manera clara.

La iniciativa propone actualizar disposiciones de una legislación cuya estructura regulatoria en materia de comercio electrónico se desarrolló cuando las plataformas digitales y las modalidades de compra por internet eran considerablemente distintas a las actuales. El crecimiento de los marketplaces, los intermediarios digitales, las suscripciones y los sistemas automatizados de contratación ha abierto nuevos escenarios que, de acuerdo con el planteamiento legislativo, requieren reglas más precisas.

Otro de los aspectos contemplados es la identificación de los vendedores que ofrecen productos y servicios a través de plataformas digitales, así como la transparencia de la información que se proporciona al consumidor durante el proceso de compra. Esto permitiría establecer con mayor claridad quién comercializa el producto, quién interviene en la operación y cuáles son las responsabilidades de cada participante cuando se presenta un incumplimiento.

La propuesta también contempla fortalecer las sanciones para quienes incumplan las disposiciones de protección al consumidor, buscando que las obligaciones de transparencia no se limiten a mostrar información, sino que existan consecuencias ante prácticas que afecten los derechos de quienes realizan compras en línea.

El proyecto legislativo se suma a la discusión sobre el denominado “goteo de precios”, una práctica en la que el costo de un producto o servicio inicialmente anunciado aumenta durante el proceso de contratación debido a cargos, comisiones o conceptos que se revelan posteriormente. En ese contexto, la iniciativa del diputado Ricardo Monreal también ha abordado la necesidad de transparentar los precios desde el comienzo de las operaciones comerciales.

Ambos planteamientos coinciden en la necesidad de ofrecer mayor claridad a los consumidores, aunque la propuesta de Gallardo García incorpora elementos relacionados con las responsabilidades de los intermediarios, las condiciones de las interfaces digitales y las nuevas formas en que se presentan y contratan productos y servicios en línea.

La discusión adquiere relevancia en un mercado donde los consumidores utilizan cada vez más aplicaciones, sitios web y plataformas para adquirir desde artículos de uso cotidiano hasta boletos, hospedajes, servicios y suscripciones. En muchos casos, la decisión de compra se toma a partir del precio que aparece inicialmente en pantalla, por lo que la información sobre impuestos, comisiones, cargos de servicio y otros conceptos puede influir directamente en la elección del usuario.

El legislador señaló que las disposiciones legales deben evolucionar al mismo ritmo que las nuevas tecnologías y los hábitos de consumo, con el propósito de brindar mayor certeza a las personas que realizan operaciones comerciales en entornos digitales.

La iniciativa busca que el consumidor tenga información suficiente antes de confirmar una compra, que los servicios adicionales no se contraten sin su autorización y que exista claridad respecto a los proveedores y responsables de cada operación.

De avanzar la propuesta en el proceso legislativo, el debate podría contribuir a definir nuevas obligaciones para quienes operan en el comercio electrónico en México, en un escenario donde la transparencia de los precios y las condiciones de contratación se ha convertido en uno de los principales temas de protección para los usuarios de plataformas digitales.

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