Ensenada, Baja California, 24 de junio de 2026.- La polémica que durante meses puso en el centro de la conversación a La Bufadora volvió a cobrar relevancia, luego de que el Gobierno de Ensenada informara la realización de un operativo de inspección y vigilancia en la zona turística, derivando en cinco actas administrativas, múltiples sanciones y la clausura de un establecimiento relacionado con denuncias por presuntos cobros excesivos a visitantes.

De acuerdo con el encargado de despacho de la Dirección de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, Diego Alejandro Munguía, durante el recorrido se realizaron 15 inspecciones a comercios ubicados en la vía pública para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente.
Como resultado, cinco comerciantes fueron sancionados por no contar con permisos correspondientes para operar, además de que se aplicó la clausura de un punto de venta de bebidas alcohólicas vinculado con denuncias difundidas en redes sociales y señalamientos presentados ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
La acción ocurre meses después de una de las denuncias que generó mayor indignación entre turistas y residentes. En agosto de 2025, una familia reportó haber pagado 1,600 pesos por dos piñas coladas durante una visita a La Bufadora, situación que desató quejas por posibles abusos en precios dentro de la zona turística.
Según relataron los afectados, preguntaron en repetidas ocasiones el costo de las bebidas antes de consumirlas, sin recibir una respuesta clara por parte del establecimiento.
“Cuando nos entregan las bebidas, le pregunto a mi esposo cuánto era y nos dicen 1,600 pesos. Nos volteamos a ver en shock. Mi marido dice: ‘¿qué me estás cobrando?’ y la chica de la caja responde: ‘las dos piñas coladas’”, relató la visitante afectada.
La turista aseguró que intentó comunicarse con autoridades locales y organismos de atención turística para solicitar apoyo, sin obtener respuesta inmediata, por lo que pidió la intervención del Gobierno de Ensenada y de Profeco.
Ahora, el Gobierno municipal informó que la clausura ejecutada durante el operativo está directamente relacionada con denuncias ciudadanas difundidas en redes sociales y con reportes presentados ante Profeco por presuntos cobros excesivos en la zona.
Asimismo, se notificó a comerciantes sobre la obligación de mantener vigentes sus permisos municipales y cumplir con la normatividad aplicable, como parte de las acciones de ordenamiento en el corredor turístico.
El funcionario reiteró que las inspecciones continuarán en zonas de alta afluencia turística del municipio, con el objetivo de atender denuncias ciudadanas, reforzar la vigilancia y evitar prácticas que afecten a los visitantes.
“Queremos que quienes visitan La Bufadora encuentren comercios ordenados, precios claros y condiciones adecuadas”, expresó.
Como autoridad coadyuvante, el Gobierno de Ensenada informó que el caso será turnado a Profeco para su seguimiento conforme a la legislación correspondiente.










