PRI denuncia ante Sindicatura presunto uso de recursos municipales para defender a Claudia Agatón

Ensenada, B.C.- Viernes 16 de octubre de 2026.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una denuncia ante la Sindicatura Municipal de Ensenada para solicitar que se investigue el presunto uso de recursos públicos, personal del Ayuntamiento y del área de Comunicación Social para difundir información relacionada con una resolución electoral vinculada con la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz.

La denuncia fue presentada por Joel Blas, acompañado por Olga Pérez, delegada del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, quienes cuestionaron que la estructura de comunicación del gobierno municipal pudiera haberse utilizado para defender intereses que, según su señalamiento, corresponden al ámbito personal y político de la presidenta municipal.

De acuerdo con el posicionamiento del partido, uno de los hechos que solicitan investigar es la presunta participación de la Dirección de Comunicación Social, encabezada por Marco Tulio Castri, en la difusión de un comunicado oficial que, a juicio de los denunciantes, habría buscado desvirtuar una resolución electoral relacionada con la alcaldesa.

El PRI también señaló que el boletín habría sido distribuido entre medios de comunicación mediante un grupo de WhatsApp para solicitar su publicación. A partir de estos hechos, pidió a la Sindicatura determinar si se utilizaron recursos materiales, plataformas institucionales o personal del Ayuntamiento para intervenir en un asunto que considera ajeno a las funciones del gobierno municipal.

El señalamiento coloca bajo cuestionamiento el uso de los canales oficiales de comunicación, particularmente cuando la información difundida se relaciona con resoluciones electorales y asuntos vinculados con quienes encabezan la administración pública.

Sin embargo, la presentación de la denuncia no acredita por sí misma que hayan ocurrido las irregularidades señaladas. Corresponderá a la autoridad investigadora revisar la documentación, establecer las circunstancias en que se elaboró y distribuyó el comunicado y determinar si existen elementos para fincar alguna responsabilidad administrativa.

En su escrito, el partido solicitó investigar quién habría ordenado las acciones denunciadas y cuál fue el fundamento para utilizar recursos públicos en esas actividades.

El PRI sostuvo que los recursos municipales deben destinarse a las responsabilidades institucionales del Ayuntamiento y a la atención de las necesidades de la población, por lo que consideró necesario esclarecer si personal o herramientas oficiales fueron utilizados para fines distintos.

Como parte de sus argumentos, los denunciantes señalaron posibles infracciones a los artículos 53, 54 y 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, disposiciones que, según el planteamiento presentado, podrían ser relevantes para examinar posibles conductas relacionadas con peculado, desvío de recursos públicos y abuso de funciones.

La aplicación de esas disposiciones dependerá de los hechos que puedan acreditarse y de la valoración jurídica que realice la autoridad competente. Por ahora, se trata de posibles faltas planteadas por el partido en su denuncia, no de responsabilidades determinadas.

Joel Blas afirmó que ninguna dependencia gubernamental debe ponerse al servicio de intereses particulares de un funcionario y pidió a la Sindicatura investigar los hechos, identificar a las personas que pudieran haber intervenido y proceder conforme a derecho si encuentra elementos suficientes.

Olga Pérez acompañó la presentación de la denuncia en representación del PRI, que reiteró su exigencia de que se esclarezca el uso de los recursos públicos involucrados en los hechos señalados.

El caso queda ahora sujeto a la revisión que realice la Sindicatura Municipal. Entre los aspectos que deberán aclararse están el origen del comunicado cuestionado, las personas que participaron en su elaboración y distribución, el carácter institucional de su contenido y si se utilizaron recursos del Ayuntamiento fuera de sus atribuciones.

Hasta que exista una determinación oficial, los señalamientos deben mantenerse en el terreno de las presuntas irregularidades denunciadas por el PRI. La investigación será la que permita establecer si hubo alguna falta administrativa y, en su caso, quiénes serían responsables.