Tijuana.- El pasado 4 de abril, 22 mandatarios estatales, integrantes del grupo autodenominado ‘Gobernadoras y Gobernadores de la 4ta Transformación”, emitieron un comunicado a la opinión pública, dirigido a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que revoquen la suspensión otorgada por el ministro Javier Laynez Potisek, quien admitió a trámite, la demanda de controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE), contra el decreto publicado los primeros minutos del 2 de marzo de 2023, por el titular del Poder Ejecutivo Federal, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), conocido como el Plan “B” del Presidente Andrés Manuel López Obrador.


Ismael Burgueño Ruíz, Presidente del partido MORENA en Baja California reconoció el liderazgo político de la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien fue la primera en firmar el documento, definiendo así una postura de apoyo al Movimiento de la Cuarta Transformación, impulsada por el Presidente López Obrador.


Firmaron el desplegado las y los gobernadores Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Baja California; Víctor Manuel Castro Cosío, de Baja California Sur; Layda Elena Sansores San Román, de Campeche; Rutilio Cruz Escandón Cadenas, de Chiapas; Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México; Indira Vizcaíno Silva, de Colima; Evelyn Salgado Pineda, de Guerrero; Julio Ramón Menchaca Salazar, de Hidalgo; Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán; Miguel Ángel Navarro Quintero, de Nayarit; Salomón Jara Cruz, de Oaxaca; Sergio Salomón Céspedes Peregrina, de Puebla y María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, de Quintana Roo, entre otros, así como Mario Delgado Carrillo, Presidente Nacional de Morena.


Burgueño recordó lo plasmado en el documento, en el sentido que las reformas suspendidas no ponen en riesgo de manera alguna los procesos electorales o el funcionamiento del INE, su propósito es garantizar una verdadera democracia, racionar los recursos públicos, acabar con los excesos y las prácticas fraudulentas del viejo régimen.


De igual modo, el documento firmado por las y los Gobernadores, indica que es inevitable ver en esta decisión del ministro Javier Laynez, obstaculizar la transformación nacional que se lleva a cabo por mandato popular, preservar los cotos de poder de élites, tecnocracias y burocracias, impedir la aplicación de la austeridad republicana en la institución electoral y mantener en pie los rescoldos de un régimen político antipopular, antidemocrático y lastrado por privilegios injustificables.


Derivado de esto, afirma el líder de Morena en el Estado, la decisión del Ministro Laynez debe ser revertida por el pleno de la SCJN, tal como lo ha solicitado el titular del Poder Ejecutivo en el recurso de reclamación presentado, a fin de restaurar el equilibrio y el respeto necesarios entre los Poderes de la Unión y evitar que se consume un atropello a la Constitución, desde una de las investiduras encargadas de cuidar de su cumplimiento.