Durante el encuentro, ambas autoridades acordaron trabajar de manera coordinada en el impulso de tres iniciativas clave, enfocadas en atender el problema desde una perspectiva legal, preventiva y de atención inmediata, con el fin de dejar atrás los discursos y avanzar hacia resultados tangibles.

La primera iniciativa contempla el aumento de las penas por los delitos de maltrato y crueldad animal, previstos en el artículo 342 del Código Penal para el Estado de Baja California, buscando que las sanciones sean verdaderamente disuasivas y proporcionales a la gravedad de los hechos.

La segunda propuesta legislativa plantea garantizar el resguardo inmediato, atención médica veterinaria y protección integral de los animales víctimas, una vez que existan denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado, evitando que permanezcan en situaciones de riesgo mientras se desarrollan los procesos legales.

Como tercer eje, se impulsará la esterilización obligatoria como política pública preventiva, con el objetivo de atender de raíz la sobrepoblación animal y el abandono, factores que han provocado el colapso de centros de atención y refugios, así como la saturación de organizaciones civiles dedicadas a la protección animal.

García Salgado subrayó que mientras no se ataque el origen del problema, los esfuerzos institucionales y ciudadanos seguirán siendo insuficientes, por lo que resulta indispensable una estrategia integral respaldada por un marco legal sólido y aplicable.

De acuerdo con cifras nacionales, México enfrenta una sobrepoblación superior a 70 millones de perros y gatos, y se estima que 7 de cada 10 animales sufren algún tipo de maltrato, mientras que menos del 1 por ciento de los casos recibe una sanción efectiva, lo que evidencia la urgencia de fortalecer tanto la legislación como su correcta aplicación en Baja California.

Finalmente, la regidora reiteró su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Poder Legislativo y reconoció la disposición del diputado Humberto Valle para avanzar en la protección de los seres sintientes, ya reconocidos por la Constitución del Estado, con el objetivo de construir una entidad con mayor responsabilidad social, ética y legal en materia de bienestar animal.