Abogado Marcos Carlón acusa al IMOS de imponer cobros y sanciones discrecionales a pequeños empresarios

Ensenada, Baja California.- Febrero de 2026.- El abogado Marcos Carlón, integrante del Colegio de Abogados de Ensenada, acusó al Instituto de Movilidad Sustentable del Estado (IMOS) de mantener prácticas administrativas que, desde su perspectiva, están generando cobros, sanciones y afectaciones económicas a pequeños empresarios, comerciantes y trabajadores independientes que utilizan sus vehículos como herramienta de trabajo.

El abogado señaló que uno de los principales problemas se encuentra en la exigencia de registrar una misma unidad tanto en el padrón vehicular general del estado como en un padrón adicional del IMOS, situación que, afirmó, representa un doble cobro para personas que utilizan vehículos de manera privada para desarrollar actividades productivas y que no necesariamente prestan un servicio de transporte público.

Carlón sostuvo que esta duplicidad de registros genera una carga económica adicional para microempresas y trabajadores independientes, quienes dependen de sus vehículos para realizar actividades como reparto, venta de productos, prestación de servicios o traslado de herramientas y materiales.

El integrante del Colegio de Abogados señaló que la problemática no se limita al registro vehicular, pues también cuestionó la manera en que se realizan algunos operativos y la aplicación de sanciones, particularmente cuando derivan en la detención o remolque de unidades.

Según expuso, se han presentado casos en los que vehículos son enviados al corralón por portar algún documento vencido, aun cuando, desde su perspectiva, dicha situación no necesariamente representa un riesgo inmediato para la seguridad vial ni deriva de una infracción de tránsito previamente acreditada.

También señaló que se han ordenado remolques por supuestas fallas mecánicas sin que, afirmó, exista una notificación previa, una revisión técnica formal o un plazo razonable para que el propietario pueda corregir la condición señalada.

El abogado cuestionó que puedan existir casos en los que conductores son detenidos pese a contar con placas y documentación vigente y sin haber cometido una infracción de tránsito, pero posteriormente reciben una sanción por no encontrarse registrados ante el IMOS.

Para Carlón, uno de los principales riesgos de este tipo de procedimientos es la falta de criterios uniformes para determinar cuándo corresponde una sanción, un remolque o simplemente una advertencia para corregir alguna irregularidad.

El impacto para los pequeños negocios

El abogado señaló que estas situaciones pueden afectar especialmente a sectores que trabajan con vehículos utilitarios, entre ellos recolectores de grasa, vendedores ambulantes, comerciantes y microempresas que requieren camionetas, remolques u otras unidades para desarrollar sus actividades.

En estos casos, explicó, el vehículo no representa un servicio de transporte público, sino una herramienta de trabajo indispensable para generar ingresos.

Por ello, consideró necesario establecer una diferenciación más clara entre quienes prestan un servicio de transporte regulado y quienes utilizan sus unidades de manera privada con fines productivos.

Carlón advirtió que los costos derivados de registros adicionales, multas, arrastres y almacenamiento de vehículos pueden representar una carga importante para negocios pequeños que no cuentan con la capacidad financiera de empresas de mayor tamaño.

Cuestiona discrecionalidad en operativos

Otro de los puntos señalados por el abogado es la posibilidad de que la falta de criterios claros deje demasiado margen de decisión al personal encargado de las inspecciones.

Desde su perspectiva, cuando un inspector tiene la facultad de decidir, dependiendo de las circunstancias, si una unidad es sancionada, inmovilizada o retirada mediante grúa, sin procedimientos previamente claros y homogéneos, se genera un espacio que puede propiciar prácticas de corrupción.

Carlón consideró que la existencia de reglas precisas, procedimientos estandarizados y mecanismos de revisión permitiría reducir ese margen de discrecionalidad y dar mayor certeza tanto a los ciudadanos como a los propios inspectores.

“Se debe evitar que la carga administrativa recaiga completamente en el ciudadano y, particularmente, en quienes utilizan sus vehículos para trabajar”, sostuvo.

El abogado insistió en que cualquier esquema de supervisión debe garantizar que las personas conozcan previamente las obligaciones que deben cumplir, así como las consecuencias específicas ante un incumplimiento.

Pide revisar registros y sanciones

Ante este panorama, Marcos Carlón planteó que el IMOS revise de fondo sus mecanismos de registro, supervisión y aplicación de sanciones, con el propósito de establecer reglas proporcionales y criterios que permitan distinguir entre el transporte público y el uso privado productivo.

También consideró necesario que existan procedimientos claros para las revisiones mecánicas y documentales, así como mecanismos que permitan al propietario corregir irregularidades cuando éstas no representen un riesgo inmediato para la seguridad vial.

El abogado sostuvo que una regulación adecuada debe buscar ordenar la movilidad y garantizar la seguridad, pero sin generar cargas innecesarias para quienes dependen de sus vehículos para trabajar.

Finalmente, señaló que establecer mayor claridad en las obligaciones y reducir la discrecionalidad durante los operativos contribuiría no sólo a proteger a los pequeños empresarios y trabajadores independientes, sino también a fortalecer la legalidad y la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de regular la movilidad en Baja California.