De acuerdo con la notificación emitida por el Poder Judicial del Estado, se determinó revocar la suspensión condicional del proceso dentro de la causa penal por maltrato animal. Como consecuencia, se estableció un plazo de dos semanas para que la parte afectada regrese lo recibido en diciembre de 2025 como compensación, reabriendo un caso que lejos de cerrarse, vuelve a exhibir vacíos, contradicciones y cuestionamientos sobre la aplicación de la ley.

Los hechos se remontan al 2 de abril de 2025, cuando alrededor de las 6:30 de la mañana, la perrita Elif salió de su domicilio tras abrirse un portón por el viento. Minutos después, su dueña y su hija la localizaron cerca de un domicilio donde otro perro la sujetó del cuello. Aunque el animal aún seguía con vida, el propietario del lugar intervino de forma violenta, golpeándola repetidamente en la cabeza hasta causarle la muerte, todo frente a la menor que presenció la agresión y suplicaba que se detuviera.

La escena no sólo dejó la pérdida del animal, sino un impacto emocional profundo en la menor, quien vivió directamente el acto de violencia. Pese a ello, la familia ha señalado que las valoraciones psicológicas solicitadas desde el inicio no han tenido un seguimiento claro, lo que abre otro frente de cuestionamiento sobre la atención integral a víctimas indirectas en este tipo de casos.

En un primer momento, la resolución contemplaba una compensación económica y en especie como medida de reparación. Sin embargo, con la reciente determinación judicial, la víctima no sólo ve revocado ese acuerdo, sino que ahora enfrenta la obligación de devolver lo recibido en un plazo breve, generando una evidente desproporción entre los tiempos de la justicia y las exigencias impuestas a la parte afectada.

En el proceso también ha participado una asesora legal y activista que ha acompañado a la familia, orientándolos sobre la posibilidad de interponer nuevos recursos legales tras la resolución inicial. Su intervención ha sido clave para mantener activo el caso y buscar que se revisen a fondo las decisiones tomadas por las autoridades.

El caso también pone bajo la lupa la actuación de las autoridades ministeriales y judiciales. La percepción de la familia es que hubo omisiones en la integración del expediente, así como presión para aceptar una salida anticipada del proceso. Hoy, con la revocación, el asunto regresa a un punto crítico, pero sin garantías claras de que se corregirán las fallas señaladas.

Más allá del proceso legal, el caso de Elif vuelve a colocar en el centro el debate sobre los derechos de los animales sintientes en Baja California. Aunque existen leyes que tipifican el maltrato animal como delito, su aplicación efectiva sigue siendo cuestionada cuando los casos terminan en sanciones mínimas, acuerdos débiles o procesos que no avanzan con la contundencia que la gravedad de los hechos exige.

Especialistas y colectivos han insistido en que el maltrato animal no es un hecho aislado, sino una conducta que puede escalar y que está vinculada con otras formas de violencia. Por ello, subrayan la necesidad de que estos casos se atiendan con seriedad, con investigaciones sólidas y sanciones proporcionales que realmente inhiban este tipo de conductas.

La exigencia social es clara: no basta con que existan leyes, es necesario que se apliquen con rigor. La muerte de un animal en condiciones de crueldad extrema, y además frente a una menor de edad, no puede resolverse con medidas que terminen por diluir la responsabilidad o trasladar la carga a la víctima.

En este contexto, la familia ha reiterado que continuará con los recursos legales necesarios para buscar una resolución que haga justicia no sólo a Elif, sino que siente un precedente en la protección de los animales. La pregunta que hoy queda en el aire no es menor: si un caso con estas características no logra una respuesta firme, ¿qué mensaje se está enviando sobre el valor de la vida animal y el alcance real de la ley?

El caso de Elif no está cerrado. Por el contrario, se ha convertido en un símbolo de una lucha más amplia: la de quienes exigen que la justicia no sea débil cuando se trata de actos de crueldad y que el reconocimiento de los animales como seres sintientes se traduzca, finalmente, en consecuencias legales contundentes.

De acuerdo con lo informado por la propia edil, este avance legislativo representa un paso significativo para fortalecer la protección de los animales en el estado, ya que la propuesta presentada a través del diputado Adrián Humberto Moreno Valle plantea modificaciones legales que permitirán castigar con mayor severidad a quienes incurran en actos de maltrato o crueldad animal, además de cerrar vacíos legales que durante años han dificultado la aplicación efectiva de sanciones.

García Salgado explicó que la aprobación de esta reforma dentro de la Comisión de Justicia marca un momento importante dentro del proceso legislativo, ya que abre la puerta para que Baja California avance hacia un marco legal más sólido en defensa de los animales, donde el maltrato deje de ser visto como una falta menor y sea tratado como un delito con consecuencias claras y contundentes.

Entre los aspectos más relevantes de la iniciativa se contempla el incremento en las penas para quienes cometan actos de maltrato animal, ampliando además el catálogo de conductas que podrán ser consideradas delito, lo que permitirá que más casos puedan ser investigados y sancionados conforme a la ley. Con estas modificaciones se busca evitar que actos de crueldad queden impunes o sin seguimiento por parte de las autoridades.

Otro de los puntos clave de la reforma es la creación de un Registro Estatal de Agresores de Animales, una herramienta que permitirá identificar a personas que hayan cometido actos de violencia contra animales, con el objetivo de prevenir reincidencias y evitar que quienes hayan sido sancionados puedan volver a tener bajo su cuidado mascotas u otros animales.

Asimismo, la iniciativa contempla la prohibición para que personas sancionadas por maltrato animal puedan poseer animales nuevamente, así como la implementación de atención psicológica obligatoria para agresores, medida que busca atender el problema desde una perspectiva integral al reconocer que la violencia contra los animales puede estar vinculada con otras conductas agresivas dentro de la sociedad.

Dentro de la propuesta también se refuerzan las medidas para combatir las peleas de animales, una práctica ilegal que persiste en distintas regiones y que representa uno de los ejemplos más graves de explotación y crueldad hacia los animales. Con estas reformas se pretende fortalecer las herramientas legales para perseguir y sancionar este tipo de actividades.

La regidora Ana Daniela García Salgado señaló que este avance representa un paso importante para combatir la impunidad que históricamente ha rodeado los casos de maltrato animal, destacando que con estas acciones se busca enviar un mensaje claro de que en Baja California la violencia contra los animales no debe ni puede ser tolerada.

“Este avance significa que en Baja California estamos dejando atrás la impunidad. Hoy damos un paso firme para que quien maltrate a un animal enfrente consecuencias reales”, expresó la regidora al referirse al progreso de la iniciativa dentro del Congreso del Estado.

Finalmente, García Salgado reiteró que, aunque la aprobación en comisión representa un avance importante, el trabajo para garantizar la protección de los animales debe continuar, por lo que refrendó su compromiso de seguir impulsando acciones, reformas y políticas públicas que permitan fortalecer la defensa y el bienestar animal en Baja California, hasta lograr una protección efectiva y justicia real para los animales.

El operativo fue ejecutado por agentes y auxiliares del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Ensenada, con apoyo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación, bajo la coordinación de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales, quienes acudieron al inmueble señalado con el objetivo de verificar la situación del animal y garantizar su protección.

De acuerdo con la información oficial, la denuncia señalaba que un perro permanecía amarrado, en evidente estado de desnutrición y presuntamente era víctima de agresiones físicas de manera constante, situación que generó preocupación y derivó en la intervención de las autoridades.

Durante la diligencia judicial se logró localizar y asegurar a un canino de raza criolla, color café con rayas negras, el cual se encontraba en condiciones preocupantes, con signos visibles de descuido y falta de alimentación.

Tras su rescate, el animal fue trasladado a una asociación civil rescatista de Ensenada, donde actualmente recibe atención, alimento y cuidados especializados mientras continúa el proceso de recuperación y las autoridades avanzan en las investigaciones correspondientes.

Organizaciones protectoras de animales han reiterado que casos como este reflejan la importancia de denunciar cualquier situación de maltrato, ya que muchas veces los animales permanecen durante largos periodos en condiciones de abandono o violencia sin que nadie intervenga.

La Fiscalía General del Estado reiteró que mantiene su compromiso con la protección y el bienestar de los animales, así como con la investigación y sanción de quienes cometan actos de crueldad o maltrato contra seres sintientes.

Autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier caso de maltrato animal, ya que las denuncias permiten intervenir de manera oportuna y evitar que los animales continúen sufriendo situaciones de violencia o abandono.

La presidenta municipal, Claudia Agatón Muñiz, informó que este servicio forma parte de las acciones impulsadas por el gobierno municipal para fortalecer el cuidado de los animales de compañía y, al mismo tiempo, apoyar a las familias que buscan atención médica accesible para sus mascotas. Precisó que el servicio de consulta veterinaria tendrá un costo de 175.95 pesos, y será brindado por personal especializado en las instalaciones del CACyFE.

Detalló que a partir del lunes 9 de marzo, el horario de atención será de 15:00 a 20:00 horas, permitiendo que más personas puedan acceder al servicio después de su jornada laboral o actividades diarias, lo que facilita que los propietarios lleven a revisión médica a sus mascotas y mantengan al día su estado de salud.

Además de las consultas médicas veterinarias, en el Centro de Atención Canina y Felina también se ofrecen otros servicios enfocados en la salud y el control responsable de la población animal, entre ellos desparasitaciones y esterilizaciones a precios accesibles, así como la aplicación gratuita de la vacuna antirrábica, una acción clave para prevenir enfermedades que pueden representar riesgos tanto para los animales como para las personas.

En este mismo espacio municipal también se impulsa la adopción responsable de perros y gatos que actualmente no cuentan con un hogar, promoviendo entre la comunidad una cultura de respeto, cuidado y compromiso hacia los animales de compañía.

La alcaldesa señaló que estos servicios forman parte de las estrategias contempladas dentro de la Agenda Estratégica Municipal 2026 “Gobernar con Rumbo”, mediante las cuales se busca mejorar las condiciones de bienestar animal, reducir los casos de abandono y prevenir enfermedades zoonóticas que pueden afectar a la población.

Las personas interesadas en acceder a los servicios pueden acudir directamente a las instalaciones del Centro de Atención Canina y Felina de Ensenada (CACyFE), comunicarse al teléfono (646) 120 5956, o bien enviar un mensaje a través de la página oficial de Facebook Centro de Atención Canina y Felina de Ensenada para recibir mayor información sobre consultas, esterilizaciones y procesos de adopción.

La edil informó que esta propuesta surgió tras una reunión de trabajo con abogados animalistas de México, con quienes se analizó la necesidad de complementar las sanciones económicas con mecanismos educativos que generen un cambio de conducta real en quienes incurren en actos de negligencia o descuido hacia los animales.

De acuerdo con la iniciativa, quienes mantengan animales bajo el sol o la lluvia sin resguardo, los dejen salir solos a la vía pública, los paseen sin correa, no recojan sus heces, los mantengan en azoteas, en espacios reducidos o insalubres, sin alimento o permanentemente amarrados, además de cubrir la multa correspondiente, deberán tomar de manera obligatoria una capacitación enfocada en concientización y responsabilidad.

García Salgado explicó que la plática se impartiría mediante un video informativo recientemente producido con la colaboración de abogados animalistas, el cual aborda qué conductas constituyen faltas administrativas, cuáles pueden escalar a delitos por maltrato animal y cuáles son las consecuencias legales en caso de reincidencia.

“El objetivo no es solamente sancionar, sino generar conciencia. Muchas personas desconocen el alcance legal de sus acciones y el impacto que tienen en la vida de los animales. Queremos que entiendan que son seres sintientes y que merecen un trato digno”, señaló la regidora.

La capacitación se implementaría en las instalaciones del Centro de Justicia Cívica, como parte del procedimiento administrativo, integrándose a los esquemas de justicia restaurativa que buscan atender las causas de las conductas antisociales.

La edil añadió que este proyecto contará con el acompañamiento del director de Bienestar Animal del Estado, Tadeo Mesa, así como con el apoyo de especialistas en psicología, quienes desarrollan un instrumento de evaluación para medir el impacto de la capacitación en las personas infractoras y determinar si se logra una modificación positiva en su comportamiento.

Desde una perspectiva institucional, la iniciativa también se alinea con el reconocimiento de los animales como seres sintientes en la Constitución de Baja California, lo que obliga a las autoridades a reforzar los mecanismos de protección y prevención del maltrato.

Finalmente, García Salgado agradeció el respaldo técnico de los abogados animalistas de México y reiteró que continuará impulsando acciones legislativas que fortalezcan el marco normativo municipal, con el fin de construir una ciudad más consciente, responsable y respetuosa de la vida animal.

El Consejo Ciudadano para la Protección y Trato Digno de los Animales de Ensenada manifestó su enérgico rechazo y profunda indignación ante los hechos, los cuales fueron dados a conocer públicamente el pasado 24 de enero por el medio de comunicación Lánzate.

De acuerdo con el pronunciamiento del organismo, la muerte del animal ocurrió como consecuencia de omisiones graves, lo que constituye una forma de violencia y una clara violación a los principios de protección y trato digno hacia los animales contemplados en la legislación vigente.

La negligencia también es maltrato

El Consejo subrayó que la crueldad animal no se limita únicamente a agresiones físicas directas, sino que también se manifiesta a través de la falta de atención, abandono, descuido prolongado o indiferencia frente al sufrimiento de un ser vivo.

Especialistas y colectivos animalistas han insistido en que permitir que un animal permanezca sin alimento, agua, atención veterinaria o resguardo adecuado puede provocar un deterioro progresivo de su salud, hasta derivar en consecuencias fatales, como ocurrió en este caso.

“Cuando una persona tiene bajo su cuidado a un animal, adquiere una responsabilidad legal y moral. Incumplir con esa obligación es una forma de violencia”, señalaron integrantes del Consejo.

Exigen investigación formal

Ante la gravedad de lo ocurrido, el organismo ciudadano exigió a las autoridades competentes la apertura inmediata de una investigación exhaustiva, imparcial y transparente, que permita esclarecer las circunstancias en las que murió el perro y determinar si existieron responsables.

El Consejo recalcó que cualquier persona que haya incurrido en omisiones o actos que derivaron en el fallecimiento del animal debe enfrentar las consecuencias legales correspondientes, conforme a lo establecido en la ley.

Asimismo, enfatizó que permitir la impunidad en este tipo de casos enviaría un mensaje negativo a la sociedad y debilitaría los esfuerzos que desde distintos sectores se realizan para erradicar la violencia hacia los animales.

Un problema persistente en Ensenada

Organizaciones locales coinciden en que los casos de maltrato y abandono animal continúan presentándose con frecuencia en diferentes colonias del municipio, lo que evidencia la necesidad de reforzar tanto la prevención como la atención institucional.

Vecinos han señalado que es común observar perros y gatos en condiciones de abandono, enfermos o desnutridos, sin que exista una intervención oportuna, lo que agrava la problemática.

Este panorama, advierten, requiere de una estrategia integral que incluya campañas permanentes de concientización, programas de esterilización, fortalecimiento de refugios y capacitación de personal encargado de atender denuncias.

Marco legal vigente

En Baja California, el maltrato animal se encuentra tipificado como delito y puede ser sancionado con multas, arresto administrativo o penas mayores, dependiendo de la gravedad de los hechos.

No obstante, defensores de los animales sostienen que uno de los principales retos sigue siendo la correcta aplicación de la ley y el seguimiento puntual de las denuncias.

“Tener leyes es importante, pero más importante es que se cumplan. Si no hay consecuencias, el problema seguirá repitiéndose”, expresaron.

Llamado a denunciar

El Consejo Ciudadano para la Protección y Trato Digno de los Animales de Ensenada reiteró su compromiso de coadyuvar con las autoridades, vigilar el cumplimiento de la normatividad y promover una cultura de respeto, responsabilidad y justicia hacia todos los seres sintientes.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier acto de maltrato, abandono o negligencia, y no normalizar situaciones que atenten contra la vida y el bienestar de los animales.

El organismo concluyó con un mensaje claro: no más impunidad frente a la crueldad animal.

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles 28 de enero de 2026, cuando una denuncia ciudadana alertó a las autoridades sobre un individuo que arrastraba y golpeaba brutalmente a un perro en la vía pública. De acuerdo con la información recabada, el sujeto arrastró al animal por al menos dos cuadras, lo jaloneó con una cuerda atada al cuello, lo pateó en repetidas ocasiones y ejerció presión con la rodilla para inmovilizarlo.

La agresión fue constatada alrededor de las 19:53 horas, en el cruce de las calles Horticultores y Del Cid. Al arribar al sitio, los agentes observaron al individuo de rodillas, jalando con fuerza la cuerda con la que mantenía sometido al canino, por lo que intervinieron de inmediato.

Al intentar auxiliar al animal, los oficiales confirmaron que se trataba de un cachorro de raza Husky, de aproximadamente seis meses de edad, el cual se encontraba en estado agónico. Pese a los esfuerzos por salvarle la vida, el perrito perdió la vida a consecuencia de las severas lesiones provocadas durante la agresión.

Derivado de estos hechos, se procedió a la detención de quien se identificó como Jesús Armando “N”, de 55 años de edad y originario de Ensenada, mismo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su situación legal por el delito de crueldad animal.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California reiteró su compromiso con la protección y el bienestar animal, y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de maltrato a través de las líneas de emergencia 9-1-1 y Denuncia Anónima 089.

De acuerdo con el médico veterinario que recibió al animal, el perro habría permanecido más de diez días en total abandono. En los videos difundidos en redes sociales se observa al canino en estado crítico, visiblemente desnutrido, sin fuerza para moverse y emitiendo ladridos débiles en un aparente intento por pedir ayuda, hasta que finalmente perdió la vida.

Aunque elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar tras el reporte ciudadano, el daño ya era irreversible, y pese a los esfuerzos de los agentes, el animal llegó sin signos vitales a la clínica veterinaria.

Crueldad no es descuido, es delito

“No fue un descuido ni una falta de recursos; fue crueldad. Nadie tiene derecho a condenar a morir así a un ser sintiente. El maltrato animal no puede seguir siendo minimizado”, expresó la regidora Daniela Salgado.

La edil recordó que este tipo de conductas están tipificadas en el artículo 342 del Código Penal, por lo que informó que presentó un oficio formal ante la Fiscalía General del Estado, exigiendo que el caso se resuelva de manera pronta, expedita y con una sanción ejemplar que siente un precedente claro.

Asimismo, fue enfática al señalar que la Fiscalía arrastra deficiencias estructurales desde hace más de una década, como la falta de presupuesto, ausencia de médicos veterinarios, inexistencia de espacios de resguardo para animales asegurados, carencia de instalaciones para conservar cuerpos de animales fallecidos por maltrato y la falta de laboratorios o convenios certificados para pruebas especializadas.

Estas omisiones, señaló, debilitan las carpetas de investigación y provocan que la carga total recaiga en asociaciones civiles, rescatistas independientes y CACYFE, quienes asumen gastos médicos, alimentación, resguardo y cuidados sin recibir apoyo institucional.

Finalmente, Daniela Salgado reiteró su compromiso desde la Comisión de Medio Ambiente y Protección Animal para dar seguimiento puntual a este caso y continuar exigiendo que la Fiscalía cumpla con su obligación de garantizar justicia real frente al maltrato animal en Ensenada.

La diligencia fue realizada el pasado 15 de enero del presente año por agentes adscritos a la unidad especializada y personal del Ministerio Público, quienes ejecutaron la orden judicial con el objetivo de verificar las condiciones en las que se encontraba un animal reportado por presunto maltrato.

Durante el operativo, las autoridades localizaron a una hembra canina de raza pug, de pelaje blanco con café, la cual presentaba condiciones que comprometían su bienestar, por lo que fue asegurada de manera inmediata para garantizar su protección e integridad física.

El canino fue puesto bajo resguardo conforme a los protocolos establecidos en materia de protección animal, a fin de que reciba la atención necesaria mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

La Fiscalía General del Estado reiteró que el maltrato animal constituye un delito y aseguró que continuará fortaleciendo las acciones de investigación y persecución de este tipo de conductas, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de los seres sintientes en Baja California.

Durante el encuentro, ambas autoridades acordaron trabajar de manera coordinada en el impulso de tres iniciativas clave, enfocadas en atender el problema desde una perspectiva legal, preventiva y de atención inmediata, con el fin de dejar atrás los discursos y avanzar hacia resultados tangibles.

La primera iniciativa contempla el aumento de las penas por los delitos de maltrato y crueldad animal, previstos en el artículo 342 del Código Penal para el Estado de Baja California, buscando que las sanciones sean verdaderamente disuasivas y proporcionales a la gravedad de los hechos.

La segunda propuesta legislativa plantea garantizar el resguardo inmediato, atención médica veterinaria y protección integral de los animales víctimas, una vez que existan denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado, evitando que permanezcan en situaciones de riesgo mientras se desarrollan los procesos legales.

Como tercer eje, se impulsará la esterilización obligatoria como política pública preventiva, con el objetivo de atender de raíz la sobrepoblación animal y el abandono, factores que han provocado el colapso de centros de atención y refugios, así como la saturación de organizaciones civiles dedicadas a la protección animal.

García Salgado subrayó que mientras no se ataque el origen del problema, los esfuerzos institucionales y ciudadanos seguirán siendo insuficientes, por lo que resulta indispensable una estrategia integral respaldada por un marco legal sólido y aplicable.

De acuerdo con cifras nacionales, México enfrenta una sobrepoblación superior a 70 millones de perros y gatos, y se estima que 7 de cada 10 animales sufren algún tipo de maltrato, mientras que menos del 1 por ciento de los casos recibe una sanción efectiva, lo que evidencia la urgencia de fortalecer tanto la legislación como su correcta aplicación en Baja California.

Finalmente, la regidora reiteró su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Poder Legislativo y reconoció la disposición del diputado Humberto Valle para avanzar en la protección de los seres sintientes, ya reconocidos por la Constitución del Estado, con el objetivo de construir una entidad con mayor responsabilidad social, ética y legal en materia de bienestar animal.