¿Encuesta o promoción política? Avanza propuesta de Adrián García para investigar llamadas a ciudadanos

Ensenada, B.C.- Lunes 7 de septiembre de 2026.- Las llamadas telefónicas que llegan a los ciudadanos con preguntas aparentemente relacionadas con encuestas políticas podrían pasar de ser una simple molestia cotidiana a convertirse en un asunto sujeto a investigación electoral y de protección de datos. Una propuesta presentada por el regidor panista Adrián García García avanzó en comisión y busca que las autoridades competentes revisen si detrás de estas llamadas existe realmente un ejercicio de opinión o si se está utilizando el formato de encuesta como una vía para posicionar nombres de políticos, partidos o posibles aspirantes.

La iniciativa fue aprobada por la Comisión de Administración Pública y Fortalecimiento Municipal y ahora deberá ser presentada ante el Cabildo de Ensenada. El planteamiento no pretende prohibir las encuestas legítimas ni impedir que las personas sean consultadas sobre sus preferencias políticas, sino pedir que se investigue el origen y la finalidad de aquellas llamadas masivas que, bajo la apariencia de un ejercicio de opinión, pueden terminar repitiendo constantemente el nombre de determinado personaje político y generando exposición ante potenciales electores.

El punto que pone sobre la mesa la propuesta es precisamente la línea que separa una encuesta de una estrategia de promoción. Una llamada puede comenzar con preguntas aparentemente inocentes, como si el ciudadano conoce a determinado político o si tendría una opinión favorable de él, pero cuando este tipo de ejercicios se realizan de manera masiva y sin que exista claridad sobre quién los contrató, con qué finalidad y de dónde obtuvieron los números telefónicos, surgen dudas que van más allá de la simple realización de una encuesta.

El origen de los números, otro de los puntos bajo la lupa

Además de la posible promoción política disfrazada de encuesta, la propuesta plantea revisar cómo fueron obtenidos los números telefónicos utilizados para realizar estas campañas y si los ciudadanos otorgaron algún tipo de autorización para que sus datos fueran utilizados con ese propósito.

Este aspecto adquiere relevancia porque para muchas personas las llamadas no solicitadas representan una invasión a su privacidad, particularmente cuando desconocen cómo una empresa, organización o grupo político consiguió su número. El planteamiento busca que las autoridades federales correspondientes revisen las bases de datos utilizadas y determinen si su origen y utilización cumplen con las disposiciones aplicables.

La propuesta de Adrián García solicita la intervención del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) para que analicen estas prácticas y determinen, en su caso, si pueden constituir promoción política indebida. También plantea solicitar a las autoridades federales que establezcan mecanismos que permitan limitar las llamadas realizadas sin consentimiento y revisar la procedencia de las bases de datos empleadas.

El objetivo, de acuerdo con el planteamiento, no sería impedir que las empresas o instituciones realicen estudios de opinión, sino establecer una diferencia clara entre una investigación electoral legítima y una estrategia que utilice la apariencia de una encuesta para introducir reiteradamente el nombre o la imagen de un personaje ante los ciudadanos.

La diferencia entre preguntar y promover

El debate adquiere especial relevancia en un contexto político en el que las encuestas, sondeos telefónicos y ejercicios de conocimiento de personajes forman parte habitual de las estrategias para medir posicionamientos. Una encuesta puede preguntar a una persona qué opinión tiene sobre determinado aspirante, pero también puede convertirse en una herramienta para que un nombre sea escuchado repetidamente por cientos o miles de ciudadanos.

Ahí es donde la propuesta busca que intervengan las instituciones especializadas. No corresponde al Ayuntamiento determinar por sí mismo si una llamada constituye propaganda electoral ilegal ni establecer sanciones en esta materia. Lo que pretende el punto de acuerdo es que las autoridades que sí tienen atribuciones en materia electoral y de protección de datos analicen el fenómeno y, en caso de encontrar irregularidades, determinen las medidas que correspondan.

García García dejó claro en su planteamiento que no se busca prohibir las encuestas legítimas. La intención es evitar que este mecanismo sea utilizado como pretexto para realizar promoción política o para utilizar información personal de los ciudadanos sin que exista claridad sobre su procedencia y autorización.

La diferencia puede parecer pequeña, pero tiene consecuencias importantes. Mientras una encuesta busca recopilar información para conocer la opinión de un grupo de personas, una llamada diseñada principalmente para repetir el nombre de un político puede tener un propósito distinto, especialmente si no existe transparencia sobre quién la contrató, quién administra la información obtenida y qué uso se dará a los datos de quienes contestan.

La propuesta todavía no es una nueva regla

Aunque la iniciativa ya fue aprobada en comisión, el proceso todavía no concluye. El punto de acuerdo deberá ser presentado ante el Cabildo de Ensenada, donde los integrantes del Ayuntamiento tendrán que determinar si respaldan el exhorto para que sea enviado a las autoridades correspondientes.

Esto significa que, por ahora, la propuesta no representa una prohibición inmediata de las llamadas ni otorga nuevas facultades al Gobierno Municipal para sancionarlas. Tampoco significa que todas las llamadas que utilizan preguntas políticas sean ilegales. El siguiente paso, en caso de que el Cabildo apruebe el planteamiento, sería solicitar formalmente la intervención de las instituciones que tienen competencia para investigar este tipo de prácticas.

El alcance de la iniciativa dependerá precisamente de lo que puedan determinar esas autoridades. Si existen elementos que indiquen que determinadas llamadas fueron utilizadas para realizar promoción política fuera de los mecanismos permitidos, corresponderá a las autoridades electorales analizar cada caso. De la misma manera, si existen dudas sobre la obtención y utilización de los números telefónicos, serán las instancias competentes en materia de datos personales las que deberán determinar si hubo alguna irregularidad.

Para los ciudadanos, mientras tanto, el asunto toca un problema cada vez más común: recibir llamadas de números desconocidos en las que alguien parece conocer información política o personal que nunca se proporcionó directamente. El planteamiento busca que esa práctica deje de verse únicamente como una molestia y pueda ser revisada desde la perspectiva electoral y de privacidad cuando existan elementos que lo justifiquen.

La propuesta de Adrián García tendrá ahora que superar el siguiente paso en el Cabildo. Si obtiene el respaldo del pleno, el Ayuntamiento podrá enviar los exhortos al INE, al IEEBC y a las autoridades federales correspondientes para que sean estas instituciones las que determinen qué está ocurriendo detrás de este tipo de llamadas y si realmente se trata de encuestas o de estrategias de promoción que utilizan otro disfraz.