El fallo no busca generar un desequilibrio en la estrategia de la política nacional de vacunación, pero advierte no sólo se debe proteger a quienes presenten comorbilidades de riesgo.

“Si bien es cierto, es prioritaria la inoculación de los menores que presentan algún padecimiento, igualmente cierto es, que los que se consideran médicamente sanos, no están exentos de contagiarse del virus, que les puede ocasionar graves daños a su salud o incluso a perder su vida; por lo cual, los esfuerzos de las autoridades del Estado para combatir eficazmente la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 deben estar encaminados a garantizar el derecho humano a la salud a la colectividad, en el caso específico, a todos los adolescentes de entre doce y diecisiete años de edad”, apuntó

Gámez Galindo advirtió que el incumplimiento de la medida cautelar implica el delito de abuso de autoridad previsto por el artículo 262 fracción III y 265 fracción I, de la Ley de Amparo y sancionado por el numeral 215 del Código Penal Federal, “por lo que cualquier violación a la misma dará lugar a que se dé vista al agente del Ministerio Público de la Federación”. El fallo aún puede ser impugnado por el gobierno federal, siempre y cuando presente un recurso de revisión para que sea analizado por un Tribunal Colegiado.