Ensenada, B.C., 28 DE MAYO DE 2024 – La Comisión Técnica entre el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) y el Consejo Estatal de Ciencia e Innovación Tecnológica de Baja California (COCITBC) celebró su 1ª Sesión Ordinaria. En esta reunión, se informó sobre la recaudación de $16,840,055.72 pesos, producto de sanciones impuestas a partidos políticos en Baja California.

La sesión, liderada por el consejero presidente del IEEBC, Luis Alberto Hernández Morales, detalló la ejecución de sanciones económicas establecidas por el Instituto Nacional Electoral. Estas sanciones, aplicadas entre julio de 2023 y marzo de 2024, se ejecutaron mediante retenciones en las prerrogativas de financiamiento público destinado a los partidos políticos para sus actividades ordinarias. Pero, ¿es suficiente este método de sanción para garantizar la transparencia y legalidad en el actuar de los partidos políticos?

El monto recaudado de $16.8 MDP será destinado a la promoción y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en Baja California, en línea con lo estipulado en el artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. No obstante, surge la pregunta: ¿cómo se asegura que estos fondos se utilicen efectivamente en los proyectos estipulados y no se desvíen hacia otros fines?

En años anteriores, la transparencia en el uso de estos recursos ha sido un tema de preocupación. El COCITBC informó que en el ejercicio 2022, el IEEBC otorgó $4,825,486.35 pesos para proyectos específicos de fomento y desarrollo en ciencia y tecnología. Sin embargo, la pregunta que deben hacerse los ciudadanos de Ensenada y de todo Baja California es: ¿qué resultados concretos se han obtenido de estas inversiones? ¿Realmente se han visto mejoras tangibles en el ámbito científico y tecnológico del estado?

Es fundamental que tanto el IEEBC como el COCITBC proporcionen informes detallados y accesibles al público sobre la utilización y los beneficios tangibles de estos fondos. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se están usando estos recursos y cuál es el impacto real en la comunidad. Sin un seguimiento riguroso y transparente, existe el riesgo de que estos recursos simplemente desaparezcan sin producir los beneficios prometidos.

Además, debemos cuestionar si las sanciones económicas son suficientes para disuadir a los partidos políticos de cometer irregularidades. ¿Se necesita una mayor vigilancia y quizás sanciones más severas? Los ensenadenses merecen un sistema político transparente y justo, y es deber de las autoridades garantizar que los fondos públicos se utilicen de manera efectiva y ética.

En resumen, mientras que la recaudación de $16.8 MDP por sanciones a partidos políticos parece un paso positivo, es crucial que se mantenga una vigilancia estricta sobre la aplicación de estos fondos. Los ciudadanos deben exigir claridad y responsabilidad, asegurando que cada peso recaudado realmente beneficie a la ciencia y la tecnología en Baja California.

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